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El instructor de la querella contra la Mesa del Parlament de Cataluña acuerda prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros para Carme Forcadell


El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena deja en libertad bajo fianza de veinticinco mil euros a los exmiembros de la Mesa Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet

Acabamos de leer el auto del TS sobre la prisión de Forcadell y cía y no solo es muy interesante, sino que es, en principio, una malísima noticia para los secesionistas…

Para empezar hace una interpretación del delito de rebelión que abre con fuerza la posibilidad de que se enjuicie por ese delito a poco que aparezcan determinadas pruebas.

La configuración del delito lleva a una posibilidad de autoría que no parece inclinarse tanto por la conspiración como se apuntaba en el auto que admitía a trámite como por una autoría del delito perfeccionado mediante el uso de la amenaza de una fuerza que se podía modular, controlar y evitar en su caso, si se cedía al chantaje.

Hay párrafos completos del auto que aún son más demoledores para la estrategia de defensa basada en la inexistencia de violencia. Más aún, la concurrencia subsidiaria de la sedición se da casi por segura y además hay un matiz sobre la prisión provisional muy importante: el magistrado hace referencia a la naturaleza deliberativa y de soporte “normativo” de la función de los querellados, pero advierte que esto no se da en otros que tenían funciones ejecutivas.

La referencia a los miembros del gobierno es clarísima, viene a decir que en el caso de esos otros, el riesgo de destrucción de pruebas y reiteración es mucho más evidente, es decir, que está anticipando que este auto no supone que de asumir competencias vayan a salir Junqueras y compañía en libertad.

Por cierto, en el auto consta que todos los querellados anuncian que o abandonan la política o que de seguir en ella lo harán por cauces constitucionales.

El auto es una resolución excelente. Es riguroso, ordenado, motivado. Y anticipa un futuro negrísimo para los querellados.

Ahora, la maquinaria judicial puesta en marcha se hará con evidencias. Más de las que ya conocemos. Esta será la clave. El instructor les está diciendo que no necesita mucho más para acusar de rebelión. Os recomendamos que lo leáis. Es muy instructivo.

Y eso aunque discrepe de esa interpretación “usual” de violencia, dada la naturaleza de la norma y sus antecedentes.

El problema para los querellados es que es el TS precisamente el máximo decisor en estas cuestiones. Y es una norma sin jurisprudencia.

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la demanda que la Fiscalía interpuso por los delitos de rebelión, sublevación y malversación contra la presidente y 5 exmiembros de la Mesa del Parlament de Cataluña, ha acordado este jueves la medida de cárcel evitable bajo fianza de ciento cincuenta euros para la presidente de la Cámara autonómica, Carme Forcadell.

Con respecto a los exmiembros de la Mesa Lluís Corominas, exvicepresidente primero del Parlament y expresidente del conjunto parlamentario Junts pel Sí ; Lluís Guinó, exvicepresidente primero del Parlament; Anna Simó, exsecretaria primera del Parlament; y Ramona Barrufet, exsecretaria cuarta del Parlament, el instructor ha acordado su libertad bajo fianza de veinticinco euros y les ha dado una semana de plazo para depositarla.

Una vez abonada, les impone la obligación de presentarse semana a semana frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o bien el Juzgado de su conveniencia, la prohibición de desamparar el territorio nacional. Además de esto, van a deber dar el pasaporte ya antes de las 14:00 horas de mañana viernes. Estas medidas se impondrán a Forcadell cuando deposite la fianza que le ha sido demandada a ella.

Para finalizar, el asimismo demandado Joan Josep Nuet, exsecretario tercero del Parlament, ha quedado en libertad temporal.

En un segundo auto notificado este jueves, el juez ha rechazado la medida cautelar interesada por la Fiscalía de fijar a los demandados una fianza civil de seis con dos millones de euros, sin perjuicio de que pueda acordarla en vista de los resultados que arroje la instrucción.

Por otro lado, Llarena ha reclamado al Tribunal Superior de Justicia catalán las diligencias anteriores 1/2016, seguidas contra los exmiembros de la Mesa del Parlament de Cataluña por delitos de desobediencia y prevaricación.

En una providencia, el instructor explica que ha accedido de esta forma a la solicitud que incluyó la Fiscalía en su escrito de demanda del pasado treinta de octubre, donde pedía al Tribunal Supremo la acumulación a la causa que se instruye en el alto tribunal de dichas diligencias seguidas hasta el momento frente a la Sala Civil y Penal del TSJ de Cataluña.

El juez Llarena señala que lo hace de conformidad al artículo veintiuno de la Ley de Enjuiciamiento Delincuente. Dicho artículo señala que cuando algún juez o bien tribunal estuviere entendiendo en un tema cuyo conocimiento estuviere reservado al Tribunal Supremo, este va a ordenar a aquel, de oficio o bien a instancia del fiscal o bien de parte, la remisión de la causa. Dicho artículo apunta asimismo que ningún tribunal puede fomentar causas de competencia contra el Supremo, y que contra la resolución del Tribunal Supremo no cabe recurso alguno.

DOS QUERELLAS: UNA EN EL SUPREMO Y OTRA EN LA AUDIENCIA NACIONAL

La Fiscalía General del Estado presentó el treinta de octubre 2 demandas, una en la Audiencia Nacional y otra en el Tribunal Supremo, contra un total de veinte personas por hechos que engloban todo el llamado ‘procès’ que concluyó el pasado veintisiete de octubre con la declaración unilateral de independencia (DUI) en Cataluña.

La demanda interpuesta en el Supremo iba dirigida contra Forcadell y los cinco exmiembros de la Mesa, todos aforados por pertenecer a la Diputación Permanente del Parlamento catalán, salvo Nuet. En lo que se refiere a la Audiencia Nacional, la Fiscalía se ha querellado contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, su exvicepresidente Oriol Junqueras y otros doce consejeros.

La Audiencia Nacional asimismo concentró el pasado jueves las declaraciones de estos investigados, aunque el ‘expresident’ y 4 de sus subordinados no se presentaron frente a la juez Carmen Lamela, por lo que lanzó una orden de detención europea y otra de busca y captura internacional. La magistrada de la Audiencia Nacional mandó a prisión a los nueve altos cargos del Govern que sí comparecieron en las dependencias judiciales, entre ellos Santi Vila, al que dejó en libertad al día siguiente tras abonar una fianza 50.000 euros.

EL JUEZ DEL SUPREMO DECIDIRÁ SI PIDE LA CAUSA A LA AUDIENCIA NACIONAL

El auto de la Sala de admisiones del Tribunal Supremo apunta que va a ser el juez instructor Pablo Llarena, que fue portavoz de la asociación mayoritaria en la Carrera, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el que, según el desarrollo de su investigación, ponga de manifiesto la procedencia o bien improcedencia de demandar a la Audiencia Nacional, como sugiere el fiscal, el conocimiento de aquellos hechos inicialmente tramitados en otros órganos jurisdiccionales, “pero que presenten una naturaleza inescindible respecto de los que acá serán investigados y, en su caso, enjuiciados”.

El Ministerio Público atribuye a todos los demandados el delito de rebelión al comprender que los “cimientos del Estado de Derecho han sido dinamitados” con sus actos, “realizados con absoluto menosprecio” a la Constitución y proclamando la independencia de parte de la Nación española, que es “patria común e indivisible de todos y cada uno de los Españoles”.

Agrega en su querella que la violencia que requiere el tipo penal de rebelión “no exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas”. “Se trata de un delito de resultado cortado o de consumación anticipada en el que es suficiente que con el levantamiento se haya producido un riesgo objetivo para la consumación de los fines rebeldes”, afirma para justificar la atribución de este delito, exactamente el mismo por el que fueron condenados los responsables del golpe del 23-F.

LA INSTRUCCIÓN DETERMINARÁ SI ES CONSPIRACIÓN

Sobre los delitos denunciados en la querella, la Sala explicaba que el fiscal alude a la existencia de un delito de rebelión con una extensa argumentación dirigida a justificar la concurrencia de violencia. Para el alto tribunal, “va a ser a lo largo de la instrucción cuando los hechos imputados, a la vista de las diligencias de investigación acordadas por el instructor confirmen o desmientan su realidad”.

“Será entonces cuando pueda precisarse si esos actos son susceptibles de integrar las demandas del tipo previsto en el artículo cuatrocientos setenta y dos del Código Penal o, por el contrario, deben ser subsumidos en los artículos cuatrocientos setenta y siete y ciento setenta y uno del Código Penal, que castigan la conspiración para la rebelión, delito en el que, por definición, los elementos del tipo proyectado no llegan a tener realidad al no superar los maquinadores la fase propiamente preparatoria”.

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