Aplicable en España — basado en normativa española (BOE).El deber de no divulgar información reservada, exigido a la vez desde el secreto profesional, la protección de datos y el secreto empresarial
Resumen rápido: La confidencialidad es el deber jurídico de no divulgar ni utilizar en beneficio propio o de un tercero la información reservada a la que se tiene acceso por razón de una relación profesional, laboral, societaria o contractual.
Definición flash: Confidencialidad: deber de no divulgar información reservada, exigido por el secreto profesional, la protección de datos y el secreto empresarial.
Etiqueta lingüística
Del latín confidentia, «confianza». El uso jurídico añade a la confianza ordinaria una obligación exigible: no basta con que alguien confíe algo a otro, hace falta que el ordenamiento convierta esa confianza en deber jurídico sancionable. De ahí que el mismo hecho —guardar silencio sobre algo sabido— tenga nombres distintos según su fuente: secreto profesional, deber de sigilo, cláusula de confidencialidad o non-disclosure agreement en la práctica contractual anglosajona.
Definición técnica
Tres regímenes conviven. Primero, el secreto empresarial: el artículo 1 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales considera tal «cualquier información o conocimiento […] que reúna» tres condiciones acumulativas —ser secreto, en el sentido de no ser generalmente conocido ni fácilmente accesible; tener valor empresarial precisamente por serlo; y haber sido objeto de medidas razonables de su titular para mantenerlo en secreto—. Segundo, el deber de sigilo profesional: el artículo 199 del Código Penal castiga tanto a quien revela secretos ajenos conocidos por razón de oficio o relación laboral (apartado 1) como, con pena agravada, al profesional que incumple su obligación de sigilo o reserva (apartado 2). Tercero, la protección de datos personales, donde el deber de confidencialidad se traduce en la obligación de tratar los datos de forma que se garantice su seguridad, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado. Los tres regímenes son compatibles entre sí y pueden concurrir sobre una misma información.
Aplicación práctica
En la contratación mercantil, la cláusula de confidencialidad es hoy tan habitual como la de duración: protege información técnica, comercial o financiera intercambiada antes o durante la relación, y su infracción puede dar lugar simultáneamente a responsabilidad contractual (indemnización pactada o de derecho común) y a las acciones específicas de la Ley de Secretos Empresariales —cesación, remoción de efectos, indemnización— si la información reunía sus tres requisitos. Para el profesional sujeto a secreto —abogado, médico, asesor—, la confidencialidad no cede ante la simple petición de un tercero interesado, y su ruptura injustificada puede ser a la vez ilícito penal y falta deontológica. La recomendación práctica es identificar, antes de compartir información sensible, bajo qué régimen queda protegida y qué prueba de las medidas de reserva conviene conservar.
Contexto legal en España
La confidencialidad se articula en España desde tres normas principales: la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, el artículo 199 del Código Penal para el secreto profesional, y el régimen de protección de datos personales para la información de carácter personal.
Normas clave a tener en cuenta
Qué no es / diferencias clave
- Secreto profesional
- Es una de las tres vías de la confidencialidad, no toda ella: obliga a quien ejerce ciertas profesiones por razón del conocimiento adquirido en su ejercicio, con sanción penal específica (art. 199.2 CP), pero no cubre por sí sola la información empresarial sin relación profesional.
- Secreto empresarial
- Exige los tres requisitos acumulativos del art. 1 de la Ley 1/2019 —secreto, valor empresarial y medidas razonables de protección—; una información confidencial que no cumpla los tres no está protegida por esta ley, aunque pueda estarlo por otra vía (contractual o penal).
- Cláusula de confidencialidad
- Es el instrumento contractual que las partes pactan para reforzar o delimitar su deber de confidencialidad; añade responsabilidad contractual a la que ya exista por ley, pero no sustituye a esta si la cláusula faltara o fuese nula.
Términos relacionados
Dato de autoridad
El artículo 1.2 de la Ley 1/2019 exige que la información haya «sido objeto de medidas razonables […] para mantenerlo en secreto»: la confidencialidad de un secreto empresarial no se presume, hay que acreditar que su titular actuó activamente para protegerla, lo que convierte la prueba de esas medidas en la pieza central de cualquier litigio posterior.
Encuentra un abogado
Preguntas frecuentes sobre confidencialidad
¿Qué diferencia hay entre confidencialidad y secreto profesional?
El secreto profesional es una de las vías legales de la confidencialidad, limitada a quien accede a la información por razón de su oficio o profesión (art. 199.2 CP); la confidencialidad, como deber general, también se exige fuera de esa relación profesional, por ejemplo entre empresas que negocian una operación.
¿Qué requisitos debe cumplir una información para ser secreto empresarial protegido?
Los tres del artículo 1 de la Ley 1/2019: que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible, que tenga valor empresarial precisamente por ser secreta, y que su titular haya adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto.
¿Qué pasa si se rompe una cláusula de confidencialidad contractual?
Puede generar responsabilidad contractual conforme a lo pactado y, si la información reunía además los requisitos de secreto empresarial, las acciones específicas de la Ley 1/2019 (cesación, remoción de efectos e indemnización de daños).
¿La confidencialidad protege también los datos personales?
Sí, como una de sus tres vías: el tratamiento de datos personales exige garantizar su confidencialidad frente a accesos o usos no autorizados, con su propio régimen sancionador distinto del penal o del de secretos empresariales.
Autoría y revisión editorial
Contenido elaborado bajo la dirección editorial de DERECHO ABOGADOS, verificando cada norma sobre fuentes oficiales (BOE y jurisprudencia).
Cada norma citada se verifica contra su texto consolidado en el BOE: se comprueba el identificador de la norma, que la redacción sea la vigente y que lo entrecomillado sea literal. Es una verificación editorial, no un visto colegiado. Este contenido es información general y no constituye asesoramiento legal sobre un caso concreto.