Actualidad jurídica
Noticias del mundo del Derecho
Reformas legales, sentencias y novedades del sector, explicadas con claridad y enlazadas a las áreas y términos del directorio. Cada pieza está firmada y revisada.
El Tribunal Supremo declara accidente de trabajo el infarto mortal de una teletrabajadora en su domicilio y traslada a la empresa la carga de la prueba sobre el horario
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en Pleno, ha calificado como accidente de trabajo la muerte por infarto agudo de miocardio de una técnica administrativa que prestaba servicios en teletrabajo desde su domicilio. La sentencia aplica la presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social también al trabajo a distancia y, ante la falta de un registro horario detallado por parte de la empresa, hace recaer sobre ella -y no sobre la familia de la trabajadora fallecida- la carga de probar que el suceso quedó fuera de la jornada efectiva.
España
El Gobierno renueva la cúpula fiscal: siete reales decretos nombran nuevos Fiscales Jefes en Madrid, Tarragona, Málaga y Lugo, y cubren el Constitucional, Antidroga y la Inspección
El Boletín Oficial del Estado del 27 de agosto de 2026 (núm. 211, sección II) publica en bloque siete reales decretos —del 693/2026 al 699/2026, todos de 26 de agosto— que renuevan buena parte de la cúpula de la carrera fiscal. En una misma tanda se cubren la jefatura de cuatro fiscalías provinciales, entre ellas la de Madrid, la plaza de mayor volumen de la carrera; una plaza de fiscal en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional; otra en la Fiscalía Especial Antidroga; y la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado. Más allá de los nombres, la publicación permite repasar una mecánica institucional que rara vez se explica: estos cargos no se cubren por concurso ordinario ni por libre decisión del Gobierno, sino por un procedimiento reglado en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en el que intervienen la Fiscal General del Estado, el Consejo Fiscal y el Consejo de Ministros. Repasamos quién ha sido nombrado, cómo funciona ese procedimiento y qué papel cumple cada una de las plazas cubiertas.
España
Rectificar el sexo en el Registro no borra una condena por violencia de género: la regla del artículo 46.3 de la Ley 4/2023
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de quien, condenado por unos hechos cometidos en abril de 2022, pretendía que la rectificación de la mención registral de su sexo —resuelta por el Registro Civil en junio de 2023, más de un año después— dejara sin efecto la aplicación del artículo 153.1 del Código Penal en su modalidad de violencia de género. La respuesta del Supremo, difundida en agosto, es que el cambio registral no produce efectos retroactivos sobre hechos ya cometidos, juzgados y sentenciados. Lo llamativo del caso no es tanto la conclusión como su fundamento: no hizo falta construir doctrina desde cero, porque la regla está escrita, con todas las letras, en el artículo 46.3 de la Ley 4/2023, que dice que la rectificación de la mención registral del sexo «no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona» a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004. El Supremo deja además entornada una segunda puerta —la del fraude de ley del artículo 6.4 del Código Civil para el cambio anterior al delito— pero con una exigencia probatoria muy alta. Analizamos qué resuelve la sentencia, qué dice exactamente la ley y qué margen queda para la defensa y para la acusación.
España
El BOE regula los lobbies: registro estatal obligatorio, huella normativa y multas de hasta 40.000 euros para los grupos de interés
El Boletín Oficial del Estado del 26 de agosto publica el Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, la norma que somete la actividad de los lobbies ante la Administración General del Estado a un régimen completo: un Registro estatal público y obligatorio adscrito al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, normas de conducta, un informe de huella normativa que dejará rastro de quién intentó influir en cada norma, y un régimen sancionador con multas de 5.000 a 40.000 euros para las infracciones muy graves. La regla central es tajante: sin inscripción previa no se podrán celebrar reuniones ni entablar contacto alguno de influencia con cargos y empleados públicos. La norma entra en vigor el 27 de agosto y, como todo real decreto-ley, queda pendiente del trámite de convalidación parlamentaria. Analizamos quién queda dentro, qué obligaciones impone, qué actividades se excluyen —el asesoramiento jurídico entre ellas— y qué sanciones arriesga quien actúe al margen del registro.
España
Justicia publica los nombramientos y primeros destinos de los nuevos funcionarios de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial
El Boletín Oficial del Estado del 24 de agosto publica seis órdenes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que nombran personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, y les otorgan sus primeros destinos. Los nombrados deben tomar posesión ante el responsable de la oficina judicial de destino en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del 1 de septiembre de 2026, y quienes ya fueran funcionarios de otro de estos cuerpos pueden optar por continuar en activo comunicándolo sin necesidad de desplazarse.
España
El Supremo aclara desde cuándo prescribe reclamar los gastos de una hipoteca declarada abusiva
El Tribunal Supremo ha rechazado el argumento de una entidad bancaria para acortar el plazo de prescripción de las reclamaciones de gastos hipotecarios: el cómputo no empieza con la sentencia colectiva de 2015 que declaró abusiva la cláusula, sino con la resolución judicial firme que afecta directamente al consumidor concreto que reclama. La sentencia también descarta que la notoriedad pública de esas resoluciones sea suficiente para presumir que el consumidor ya conocía la abusividad de la cláusula.
España
El Estado sube el mínimo garantizado de dependencia y fija 4.930 euros al mes para el grado de dependencia extrema
El Gobierno ha actualizado por real decreto-ley las cuantías del nivel mínimo de protección que la Administración General del Estado garantiza a cada persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y ha incorporado una cuantía específica para el Grado III+, de dependencia extrema, pensado para procesos de alta complejidad y curso irreversible como la ELA. La norma entró en vigor el 25 de junio de 2026, sus cuantías se aplican a las prestaciones que se devenguen desde el 1 de julio, y el Congreso de los Diputados la convalidó el 14 de julio. No se aplica en el País Vasco ni en Navarra.
España
Gibraltar, Barbados y Seychelles salen de la lista española de paraísos fiscales, y Rusia entra en diciembre
El Ministerio de Hacienda ha revisado la lista de países, territorios y regímenes fiscales que España considera jurisdicciones no cooperativas, lo que antes se llamaba paraísos fiscales. Salen seis entradas, entre ellas Gibraltar, y entra una: la Federación de Rusia, pero solo por su régimen de sociedades holding internacionales y con seis meses de demora. El cambio no se aplica hacia atrás: para los tributos cuyo periodo impositivo estuviera en curso el 28 de junio de 2026 sigue rigiendo la lista anterior.
España
Murcia multa con hasta 30.000 euros las agresiones a sanitarios aunque no lleguen a ser delito
La Región de Murcia ha creado un régimen sancionador administrativo propio para las agresiones al personal de su red sanitaria pública. La Ley 2/2026, de 4 de junio, publicada en el BORM el 8 de junio y en el BOE el 20 de junio, cubre precisamente el espacio que el Código Penal deja fuera: las conductas que no llegan a delito. Tres niveles de infracción, multas de 300 a 30.000 euros, sanción accesoria de reasignación de profesional o de centro, y un procedimiento que la gerencia del área de salud inicia de oficio, sin que el profesional agredido tenga que denunciar.
España
El Constitucional recuerda que el plazo para oponerse a la ejecución hipotecaria no cierra la puerta a denunciar cláusulas abusivas
El Tribunal Constitucional, en la sentencia 47/2026, de 22 de junio, ha estimado el amparo de un matrimonio de Zamora al que un juzgado rechazó, por extemporánea, su oposición a una ejecución hipotecaria basada en una cláusula suelo, una cláusula de gastos y una cláusula de interés variable. El Tribunal recuerda que el juez debe controlar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas mientras el procedimiento de ejecución siga vivo, salvo que el propio auto que despachó la ejecución ya dejara constancia expresa de haberlas examinado.
España
El CGPJ refuerza el Tribunal de Instancia de Ceuta ante el colapso por la crisis migratoria
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el 18 de agosto de 2026 solicitar el refuerzo del Tribunal de Instancia de Ceuta -Sección Civil y de Instrucción, y especialmente la plaza con competencia en materia de Violencia sobre la Mujer- ante el colapso provocado por la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio. Un informe del Servicio de Inspección cifra en 96 las diligencias previas por fallecimiento, 23 las derivadas de personas detenidas y 15 las diligencias urgentes solo en la semana posterior a esos hechos. La Permanente activa el mecanismo del artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial para dos comisiones de servicio, refuerza con funcionarios y traslada al Ministerio de Justicia la necesidad de intérpretes y un servicio urgente de tasación pericial. El vocal José Antonio Montero visitará Ceuta en los próximos días.
España
El TC avala la condena por calumniar a dos policías en Facebook
El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo de un hombre condenado por un delito de calumnia con publicidad, tras acusar en Facebook a dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía de delitos que nunca cometieron, a raíz de un altercado ocurrido en Salamanca en 2015. La Sentencia 52/2026, de 8 de julio, confirma que la libertad de expresión y de información no amparan imputaciones falsas sobre funcionarios públicos cuando quien las difunde no ha realizado ninguna comprobación previa y actúa con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad. La sentencia cuenta con un voto particular discrepante.
España
El TC avala la sanción a una jueza por retraso judicial
El Tribunal Constitucional ha desestimado, en su mayor parte, el recurso de amparo de una magistrada del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Reus contra la sanción de seis meses de suspensión de funciones que le impuso el Consejo General del Poder Judicial por una infracción muy grave de retraso reiterado e injustificado en la tramitación de asuntos. La sentencia, de 20 de julio de 2026, confirma que las resoluciones disciplinarias motivaron adecuadamente el elemento de culpabilidad exigido incluso en el ámbito administrativo sancionador, y deja además una lección procesal de alcance general: una de las quejas de la magistrada no llegó a examinarse en el fondo porque no se planteó a tiempo en la vía judicial previa, tal y como exige el artículo 44.1.c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
España
El BOE publica la primera ley del amianto de España: certificado al vender o alquilar y multas de hasta 100.000 euros en Cataluña
El Boletín Oficial del Estado del 17 de agosto publica la Ley 8/2026, de 2 de julio, de erradicación del amianto de Cataluña, la primera norma de este rango en España dedicada íntegramente a eliminar el amianto del parque construido. Sus dos piezas con más impacto práctico: un certificado de presencia o ausencia de amianto que el comprador o el inquilino tendrá derecho a recibir en compraventas y alquileres —llamado a funcionar en el tráfico inmobiliario como hoy funciona el certificado energético— y un régimen sancionador propio con multas de 100 a 100.000 euros. La ley, que también crea un censo de materiales con amianto, entra en vigor el 3 de octubre de 2026 (tres meses desde su publicación en el DOGC), aunque varias de sus obligaciones quedan pendientes del desarrollo reglamentario. Analizamos qué exige, a quién, desde cuándo y qué pasa si se incumple.
España
El BOE declara el Pazo de Meirás Lugar de Memoria Democrática: qué efectos tiene y quién puede recurrir
El Boletín Oficial del Estado del 14 de agosto publica la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, firmada el 6 de agosto de 2026, que declara «Meirás» —el pazo de Sada (A Coruña) históricamente conocido como Torres de Meirás— Lugar de Memoria Democrática al amparo de la Ley 20/2022. La declaración surte efectos desde su publicación y ordena inscribir el bien en el Inventario estatal, pero su letra pequeña es más matizada de lo que sugiere el titular: la propia resolución precisa que no se establecen medidas de protección específicas para el titular distintas de las generales, y que la declaración no altera el uso actual del inmueble, hoy en manos de la Administración General del Estado tras la sentencia que consideró fraudulenta su transmisión a Francisco Franco. La resolución agota la vía administrativa y abre dos caminos a quien acredite interés: recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo directo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Analizamos qué cambia de verdad, para quién y con qué plazos.
España
El 15 de agosto cae en sábado: cuándo tienes derecho a que la empresa te compense el festivo perdido
Este sábado, 15 de agosto de 2026, festivo nacional que conmemora la Asunción de la Virgen, coincide con el día de descanso semanal de buena parte de la población trabajadora, que por tanto no lo va a notar como un día libre adicional salvo que su empresa se lo compense de otro modo. Varias resoluciones recientes del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional han ido fijando una doctrina favorable a compensarlo: el descanso semanal y las fiestas laborales son derechos autónomos, de distinta naturaleza y finalidad conforme al artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, y no pueden neutralizarse entre sí. Así lo declaró el Tribunal Supremo en el caso Zara (STS 372/2025, de 30 de abril de 2025) para los trabajadores con descanso fijo entre semana, lo reiteró este año en el caso Autos Carballo (STS 265/2026, de 11 de marzo) para los descansos rotativos, y lo aplicó ya expresamente a los festivos que caen en sábado la Audiencia Nacional, en su sentencia de 19 de mayo de 2026 sobre el sector de los contact center. Explicamos qué dice exactamente esta doctrina, a quién beneficia hoy y qué puede hacer un trabajador si su empresa no le reconoce el día de descanso compensatorio.
España
El TSXG declara accidente de trabajo el desprendimiento de retina de un camionero que conducía de noche
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en sentencia número 3076/2026, de 2 de julio, ha reconocido como accidente de trabajo el desprendimiento de retina que sufrió un conductor de camión de una empresa con sede en Arteixo (A Coruña) mientras conducía cerca de la medianoche. El tribunal revoca así la resolución del Juzgado de lo Social número 2 de A Coruña, que había calificado la lesión como enfermedad común, y aplica la presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social. La sentencia, difundida este 13 de agosto por el Consejo General del Poder Judicial, no es firme: cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La sentencia aplica la presunción de laboralidad del artículo 156.3 de la Ley General de la Seguridad Social, que traslada a la empresa o a la mutua la carga de demostrar que una lesión sufrida en el puesto de trabajo no tiene relación con él, y no al revés. El caso se remonta a 2022: meses antes del desprendimiento, el trabajador se había sometido a una operación de cataratas, coincidencia temporal que la mutua usó en primera instancia para defender que la lesión era una complicación médica previsible y no un accidente laboral -argumento que el TSXG ha rechazado ahora.
España
El Supremo fija el estándar para anular una condena por defensa letrada ineficaz
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado el criterio que debe aplicarse para valorar si una defensa letrada fue tan deficiente que vulneró el derecho fundamental a la asistencia de abogado del artículo 24.2 de la Constitución. Según informó Confilegal, se trata de la sentencia número 524/2026, de 29 de julio de 2026 -un dato que esta redacción no ha podido contrastar de forma independiente contra CENDOJ o poderjudicial.es-. El tribunal rechaza que baste con señalar decisiones del abogado que, vistas después, podrían haberse planteado de otro modo: exige acreditar, de forma acumulativa, una deficiencia objetiva de la actuación profesional y que esa deficiencia tuviera relevancia causal sobre el resultado del proceso. Con ese doble filtro, el Supremo desestima el recurso de casación planteado por dos personas condenadas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a cuatro años de prisión por un delito de estafa agravada, tras vender una vivienda en Tegueste sin conocimiento de su propietaria y hacerse con 105.000 euros de una compradora de buena fe.
España
Si el convenio de separación dice que un piso es de los dos, eso no basta para inscribirlo en el Registro de la Propiedad
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) ha confirmado, en una resolución publicada en el BOE del 11 de agosto de 2026, la denegación de la inscripción de un convenio regulador de separación matrimonial que se limitaba a declarar que una vivienda en La Romana (Alicante) pertenecía a los dos excónyuges por partes iguales, con el compromiso de venderla y repartir el precio. Para el Centro Directivo, esa cláusula es un pacto meramente obligacional, sin efecto traslativo real, y además la finca seguía inscrita a nombre de uno solo de los cónyuges por una liquidación anterior, lo que impedía la inscripción por el principio de tracto sucesivo. El caso -con un convenio firmado en 2003 y presentado en el Registro veintitrés años después- sirve de guía práctica sobre qué puede y qué no puede inscribirse a través de un convenio regulador.
España
Eclipse solar del 12 de agosto: qué exige la ley a las gafas de protección y qué hacer si te vendieron unas sin certificar
Mañana, 12 de agosto de 2026, España vive el primer eclipse solar total visible desde la península desde 1905, con la franja de totalidad cruzando el país de Galicia a Baleares. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han recordado en los últimos días que observar el fenómeno sin gafas homologadas puede causar quemaduras retinianas y pérdida permanente de agudeza visual, y que las gafas de eclipse son legalmente equipos de protección individual (EPI) de categoría II, sujetos a marcado CE y a la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015. Explicamos qué exige exactamente la normativa, cómo comprobar si unas gafas son conformes, y qué puede hacer un consumidor si le vendieron gafas sin certificar o sufrió una lesión.
España
La Audiencia Nacional anula la cláusula del convenio de contact center que limitaba a 10 días el permiso por cuidado de familiar
La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en su Sentencia número 133/2026, de 15 de julio de 2026, ha declarado ilegal el párrafo 30.1.b) del III Convenio colectivo estatal del sector de contact center, que obligaba a disfrutar el permiso retribuido por cuidado de familiar de forma continuada y dentro de los diez días naturales siguientes al hecho causante. La Dirección General de Trabajo ha ordenado su publicación en el BOE de hoy. El tribunal, a instancia de UGT, CC.OO., CGT y USO, considera que esa rigidez es contraria al artículo 37.3.b) del Estatuto de los Trabajadores porque puede impedir la finalidad real del permiso: atender a un familiar cuya necesidad de cuidado se prolongue más allá de diez días o requiera disfrute no continuado.
España
España restablece controles fronterizos con Italia durante 30 días: qué cambia si viajas
El Ministerio del Interior ha restablecido temporalmente, mediante la Orden INT/846/2026, de 7 de agosto, los controles fronterizos en las fronteras interiores aéreas y marítimas españolas para los vuelos y enlaces marítimos de pasajeros procedentes de Italia. La medida, en vigor desde las 00:00 del 8 de agosto hasta las 24:00 del 7 de septiembre de 2026, se ampara en el artículo 25 del Código de fronteras Schengen y responde a la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo central y a que Italia ha rechazado traslados de solicitantes de protección internacional bajo el nuevo régimen europeo de asilo. No es un cierre de frontera ni una prohibición general de entrada: la propia orden excluye controles por nacionalidad, origen étnico o religión, y garantiza expresamente el derecho a pedir protección internacional y el principio de no devolución.
España
El Supremo excluye a quien entra a nado del rechazo en frontera
El Tribunal Supremo ha confirmado, en sentencia de 29 de junio de 2026, que el rechazo en frontera regulado en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería no puede aplicarse a las personas interceptadas en el mar cuando intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla. La Sección Quinta de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) desestima el recurso de casación del Abogado del Estado y confirma que, en estos casos, la Administración debe seguir el procedimiento ordinario de devolución del artículo 58.3 de la Ley de Extranjería, con las garantías que ese cauce exige. Esta pieza explica la doctrina y el procedimiento aplicable, sin entrar en el debate migratorio de fondo.
España
La AEPD multa a un casero por cámaras en un piso compartido
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado con 6.000 euros a un arrendador por instalar cuatro cámaras de videovigilancia en las zonas comunes de un piso compartido —cocina, escalera, zona del calentador y entrada— sin un consentimiento válido de la inquilina afectada. La resolución, notificada a comienzos de agosto de 2026, declara además abusiva la cláusula del contrato de arrendamiento que pretendía legitimar esa vigilancia, y ordena la retirada de las cámaras. El caso, corroborado por varios medios especializados a partir del expediente EXP202413968, deja un criterio práctico relevante para inquilinos y arrendadores en toda España.
España
El Supremo aclara cuándo la alevosía agrava a prisión permanente
El Tribunal Supremo ha confirmado, en una sentencia dictada a finales de julio de 2026, la aplicación de la prisión permanente revisable a una condena por asesinato agravado, al considerar compatible la alevosía por desvalimiento de una víctima especialmente vulnerable por su avanzada edad con la hipercualificación del artículo 140.1.1º del Código Penal. Más allá del caso concreto —que esta pieza no detalla por respeto a la víctima y su familia—, la sentencia fija un criterio de alcance general sobre cuándo la vulnerabilidad de quien sufre la agresión puede llevar la pena de un asesinato hasta su grado máximo.
España
El TC exige asistencia jurídica real en internamientos urgentes
El Tribunal Constitucional ha anulado la ratificación judicial de un internamiento urgente no voluntario por motivos de salud mental al considerar que la persona afectada no tuvo una asistencia jurídica materialmente efectiva: la vista se celebró sin intervención real de su defensa ni audiencia de la hermana con la que convivía. La sentencia, de 20 de julio de 2026, declara vulnerado el derecho a la libertad personal del artículo 17 de la Constitución y fija los requisitos concretos que debe cumplir la asistencia jurídica en estos procedimientos: información accesible, contacto real previo con la persona internada, participación activa en la vista y consideración de los apoyos familiares o informales disponibles.
España
BOE actualiza el catálogo de eficiencia energética en transporte
El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy, 4 de agosto de 2026, una resolución que actualiza parcialmente el catálogo de medidas de eficiencia energética del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), modificando tres fichas técnicas del sector transporte: conducción eficiente en flotas, movilidad colaborativa en trayectos rutinarios, y una ficha de renovación de vehículos que ahora se divide en una versión para particulares y otra para empresas. Detrás de este cambio técnico hay un mecanismo económico real: las empresas que ejecutan estas actuaciones pueden generar certificados con valor de mercado. Repasamos qué es el sistema de CAE, qué cambia exactamente hoy y quién puede beneficiarse.
España
El Supremo rechaza la cautelarísima del ICAM por los incendios
El Tribunal Supremo ha resuelto ya la petición que el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) dejó pendiente hace unos días: la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó, el 29 de julio de 2026, la medida cautelarísima con la que el ICAM pedía suspender de forma general las vistas y los plazos procesales en las zonas afectadas por los incendios forestales. El tribunal reconoce la gravedad de la situación pero concluye que agosto —mes inhábil para casi toda actuación procesal— reduce la urgencia inmediata, y apunta que el propio CGPJ podría dar eficacia retroactiva a una suspensión si más adelante la considerase necesaria. El criterio de la Comisión Permanente del CGPJ, por tanto, sigue vigente: sin suspensión general de plazos.
España
Incendios forestales: prestación del 70% para los trabajadores afectados
El Real Decreto-ley 20/2026, de 29 de julio, establece un régimen extraordinario de protección laboral y social para las personas trabajadoras, autónomos y empresas afectados por los incendios forestales de Madrid, Ávila y Toledo. Permite suspender el contrato de trabajo y cobrar una prestación del 70 por ciento de la base reguladora durante hasta cuatro meses, amplía el permiso por fallecimiento, protege frente a represalias, reconoce el cese de actividad a los autónomos afectados y exonera de cotización a las empresas con ERTE autorizado entre agosto y noviembre de 2026.
España
SEPE: cómo tramitar la prestación extraordinaria por incendios
La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) publicó el 1 de agosto de 2026 la resolución que regula la tramitación de las prestaciones extraordinarias por emergencia extrema creadas por el Real Decreto-ley 20/2026 para los trabajadores afectados por los incendios forestales de julio. La resolución no cambia el derecho a la prestación en sí -ya explicado en nuestra pieza sobre el Real Decreto-ley 20/2026-, sino que fija cómo se solicita: certificado de empresa a través de Certific@2, modelo oficial de solicitud, verificación automática de residencia en el municipio afectado contra el padrón del INE, y reconocimiento automatizado del alta y la reanudación de la prestación.
España
Jubilación anticipada por discapacidad: el Gobierno amplía a once nuevas enfermedades el acceso desde el 31 de julio
El Real Decreto 632/2026, de 29 de julio, amplía el listado de enfermedades que permiten anticipar la edad de jubilación a las personas trabajadoras con un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento. La norma entra en vigor el 31 de julio de 2026 e incorpora once nuevas patologías al anexo del Real Decreto 1851/2009, entre ellas el párkinson, la enfermedad de Huntington y la esclerosis sistémica.
España
El nuevo Estatuto del Artista fija por primera vez cuántas horas puede trabajar un menor en un rodaje
El Real Decreto 607/2026, de 22 de julio, publicado en el BOE el 25 de julio de 2026, regula la relación laboral especial de las personas artistas de artes escénicas, audiovisuales y musicales, y por primera vez incluye expresamente al personal técnico y auxiliar necesario para esa actividad. Deroga el Real Decreto 1435/1985 y entrará en vigor el 25 de mayo de 2027, diez meses después de su publicación. Entre sus novedades: un contrato artístico de duración determinada con causalidad reforzada, una definición clara de jornada efectiva, y —por primera vez con este detalle— límites horarios exactos según la edad de los menores de 16 años que trabajan en escena, rodajes o grabaciones.
España
Qué es el acoso laboral según la ley y qué tiene que probarse para acreditarlo
Una sentencia de instancia de un juzgado de lo social, todavía no firme por estar recurrida, ha vuelto a poner el foco esta semana en el acoso laboral en el ámbito empresarial. Esta pieza no identifica a las personas ni a la empresa implicadas en ese litigio concreto —el asunto sigue en fase de recurso y no corresponde anticipar ni fijar su resultado—, pero aprovecha la actualidad para explicar, con la ley y la jurisprudencia laboral en la mano, qué es jurídicamente el acoso laboral, en qué normas se apoya y qué tipo de conductas suele valorar un tribunal para apreciarlo. La protección frente a los riesgos psicosociales en el trabajo es un derecho legal, no una cuestión de sensibilidad personal, y su base está en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
España
Si los hijos renuncian a la herencia, no hace falta demostrar que los abuelos han muerto para inscribirla
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) resolvió el 17 de diciembre de 2025 —publicado en el BOE el 24 de marzo de 2026— un recurso contra la registradora de la Propiedad de Arganda del Rey nº 2, que se había negado a inscribir una escritura de renuncia y manifestación de herencia. Dos hijos renunciaban a la herencia de su madre y el viudo aceptaba y se adjudicaba los bienes; la registradora exigía acreditar que la abuela materna había fallecido, por si le correspondía la legítima. La DGSJFP estima el recurso de la notaria autorizante y revoca la calificación: según el artículo 807 del Código Civil, los ascendientes solo son legitimarios a falta de descendientes, y aquí los descendientes existían, aunque hubieran renunciado.
España
El CGPJ aprueba nuevos límites de asuntos por juez, pero todavía no son obligatorios
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el 22 de julio de 2026 las llamadas «cargas de trabajo saludables»: parámetros objetivos sobre el número máximo de asuntos que un juez o jueza debería tramitar para proteger su salud laboral, sin consolidar la sobrecarga acumulada en periodos excepcionales como la pandemia. Los nuevos módulos —2.400 asuntos en los Juzgados de Primera Instancia civiles, 1.200 en los de lo Social sin ejecución y 1.100 con ejecución— superan a los aprobados en 2018 (1.500 y 900, respectivamente). El acuerdo ejecuta una obligación derivada de una sentencia del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Social, que exigió al CGPJ implantar un sistema preventivo de riesgos laborales en la judicatura basado en criterios objetivos de carga de trabajo. El propio acuerdo está sometido a alegaciones hasta el 15 de septiembre de 2026, y de momento no tiene valor retributivo ni disciplinario ni afecta a los plazos procesales de ningún asunto en curso.
España
La Abogacía Española alerta del aumento de ataques públicos a abogados por defender a sus clientes
La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) aprobó el 17 de julio de 2026 la Declaración Institucional «En Defensa de la Abogacía», en la que denuncia una tendencia creciente a la descalificación pública de abogados y abogadas —en medios, redes sociales e incluso desde ámbitos institucionales— por el solo hecho de asumir la defensa de determinados clientes. La declaración recuerda que un abogado no se identifica con su cliente ni con la causa que defiende, y pide a poderes públicos, medios y sociedad respeto hacia la independencia profesional, con especial atención a quienes prestan asistencia jurídica gratuita. Ese principio de independencia no es solo una petición institucional: tiene respaldo expreso en el artículo 542 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
España
¿Es obligatorio el fichaje digital en 2026? Esto es lo que dice la ley hoy
En España es obligatorio registrar la jornada de cada trabajador desde 2019, pero la ley vigente no exige que ese registro sea digital: vale cualquier sistema que permita documentarlo, incluido el papel. Un Real Decreto que obligaría a usar exclusivamente sistemas digitales sigue en tramitación, frenado por un dictamen desfavorable del Consejo de Estado de marzo de 2026, sin fecha de entrada en vigor confirmada.
España
El CGPJ descarta medidas extraordinarias por los incendios y el ICAM lleva la decisión al Tribunal Supremo
El Consejo General del Poder Judicial activó el 26 de julio de 2026 el Protocolo de actuación judicial en emergencias por los incendios forestales en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, pero su Comisión Permanente concluyó al día siguiente que las sedes judiciales afectadas funcionan con normalidad y descartó, por el momento, medidas extraordinarias como la suspensión de plazos o de señalamientos. El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) no está de acuerdo: sostiene que un juzgado abierto no garantiza que una persona evacuada, confinada o sin comunicaciones pueda acceder a él, y ha pedido al Tribunal Supremo medidas cautelarísimas —al amparo del artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa— para suspender las vistas no urgentes en las zonas afectadas. A fecha de esta pieza, el Supremo no se ha pronunciado.
España
Desde el 23 de julio, solo puede emitir tu certificado energético un técnico dado de alta en el nuevo registro
El Real Decreto 659/2025, de 22 de julio, modifica el procedimiento básico de certificación de la eficiencia energética de los edificios (Real Decreto 390/2021) y entró en vigor el 23 de julio de 2026, doce meses después de su publicación en el BOE. La norma crea el Registro Administrativo Centralizado de Técnicos Competentes: desde su entrada en vigor, cualquier profesional que quiera emitir un certificado energético debe presentar antes una declaración responsable ante la comunidad autónoma de su domicilio fiscal y figurar en ese registro, que las autonomías pueden usar directamente o mantener el propio comunicándolo mensualmente. Si la declaración es inexacta o falsa, el técnico pierde la habilitación para actuar como tal y los certificados emitidos durante el incumplimiento pueden invalidarse.
España
El Supremo anula parcialmente el decreto de estabilización de interinos por dejar plazas fuera de la oferta
La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó el 2 de julio de 2026 sentencia estimando en parte el recurso contencioso-administrativo 1/174/2024, interpuesto por el Sindicato de Interinos de Justicia en Acción contra el Real Decreto 1227/2023, de 27 de diciembre, que aprobó la oferta de empleo público de la tasa adicional de estabilización en la Administración General del Estado. El fallo, publicado en el BOE el 20 de julio de 2026 (BOE-A-2026-15741), declara la nulidad del decreto únicamente en la parte que no incluyó en la oferta de estabilización las plazas que la propia sentencia identifica en su fundamento de Derecho cuarto. No se imponen costas a ninguna de las partes.
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El Supremo fija cuándo cortar la luz a quien ocupa tu vivienda es delito y cuándo no lo es
El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó el 24 de junio de 2026 la sentencia STS 426/2026 —notificada el 14 de julio de 2026—, que unifica doctrina sobre cuándo cortar el suministro eléctrico o de agua a quien ocupa una vivienda constituye delito de coacciones del artículo 172 del Código Penal. El caso concreto: un marido, titular del contrato eléctrico de la vivienda familiar, cortó unilateralmente la luz durante el proceso de divorcio, dejando varios días sin suministro a su esposa, que residía allí con derecho mientras se resolvían las medidas de familia. El Supremo confirmó la condena a nueve meses de prisión. La sentencia fija la regla general: cortar el suministro a quien tiene un derecho legítimo a permanecer en el inmueble es coacción, aunque exista litigio pendiente sobre la vivienda; cortarlo a quien carece de cualquier título posesorio, no lo es. El fallo se aprobó con un voto dividido de 10 a 4.
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El Supremo endurece el criterio: recurrir directamente un silencio administrativo puede inadmitirse si te avisaron de otro trámite antes
La Sala Tercera del Tribunal Supremo dictó el 8 de julio de 2026 sentencia en el recurso de casación 8330/2024 sobre el agotamiento de la vía administrativa previa cuando el acto que se recurre es una desestimación presunta por silencio administrativo. El Tribunal fija que sí procede declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, por falta de agotamiento de esa vía previa (artículos 69.c y 25.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), cuando la notificación del acto original informó con claridad de los medios de impugnación procedentes —por ejemplo, la obligación de plantear antes una reclamación económico-administrativa—, aunque la Administración no haya respondido expresamente al recurso de reposición presentado. La sentencia matiza la línea que venían siguiendo resoluciones anteriores de la propia Sala, de 2023, más favorables a admitir el recurso directo contra el silencio.
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El TJUE permite publicar online una obra ya libre en tu país aunque siga protegida en otro, si el geobloqueo funciona
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó el 9 de julio de 2026 sentencia en el asunto C-788/24, sobre un litigio entre la Anne Frank Fonds y tres instituciones neerlandesas por la publicación online de una obra que ya había entrado en dominio público en algunos Estados miembros pero seguía protegida por derechos de autor en otros. El Tribunal, respondiendo a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de los Países Bajos, declara que publicar gratuitamente esa obra en Internet no constituye «comunicación al público» en el Estado donde sigue protegida, siempre que el sitio incorpore un geobloqueo tecnológicamente eficaz que impida el acceso desde ese territorio —aunque ese bloqueo pueda eludirse con una VPN—.
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La Abogacía crea el Consejo Asesor de Derecho Tributario (CADT)
El Consejo General de la Abogacía Española creó el 15 de julio de 2026 el Consejo Asesor de Derecho Tributario (CADT), un órgano consultivo de once especialistas que combinan conocimiento académico, experiencia institucional y práctica profesional. Su función es analizar el sistema tributario y proponer mejoras que refuercen la seguridad jurídica y protejan los derechos de los contribuyentes. No es un órgano normativo ni jurisdiccional: no aprueba leyes ni resuelve casos concretos, sino que elabora estudios, informes y propuestas. Su primer foco de trabajo anunciado es el régimen de plazos administrativos durante el mes de agosto. El presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González Martín, subrayó que «la seguridad jurídica es una garantía para los ciudadanos y un pilar esencial del Estado de derecho».
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La abogacía de Madrid suspende la Justicia digital: un 2,6 sobre 5 (I Estudio ICAM)
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentó el 22 de julio de 2026 su I Estudio sobre Justicia digital, una encuesta a 1.373 abogados en ejercicio que suspende el funcionamiento actual de la Justicia digital con una nota media de 2,6 sobre 5. El 46,9 % de los encuestados se declara insatisfecho o muy insatisfecho, y el 59,4 % sufre problemas frecuentes para acceder al expediente electrónico de forma completa y ordenada. Una amplia mayoría pide límites al uso de la inteligencia artificial en la Justicia, y el 95,4 % reclama que la abogacía participe más en el diseño y la mejora de la Justicia digital. El estudio se circunscribe a la abogacía colegiada en Madrid.
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Más solicitudes de justicia gratuita y menos abogados de oficio en Madrid (1S 2026)
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) tramitó 79.328 solicitudes de justicia gratuita en el primer semestre de 2026, un 10,4 % más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos difundidos el 11 de julio de 2026. En sentido contrario, el número de abogados y abogadas adscritos al turno de oficio bajó un 2,4 %, hasta 4.649 profesionales. La combinación —más demanda de justicia gratuita y menos letrados que la atienden— ha llevado al Colegio a reclamar una mejora de la financiación del servicio. El dato corresponde a la abogacía de Madrid, no al conjunto de España.
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España crea 500 plazas judiciales y 200 de fiscal en julio de 2026
El 9 de julio de 2026 el BOE publicó dos reales decretos que amplían la planta judicial española. El Real Decreto 559/2026, de 8 de julio, crea 500 plazas judiciales: 368 en Secciones de Tribunales de Instancia, 96 en órganos colegiados, 34 de juez o jueza de adscripción territorial en los Tribunales Superiores de Justicia y 2 en el Tribunal Central de Instancia. El Real Decreto 560/2026, de la misma fecha, amplía en 200 plazas la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal: una de primera categoría y 199 de segunda. Ambos entraron en vigor el 10 de julio de 2026, al día siguiente de su publicación. Las dos normas desarrollan el modelo organizativo que introdujo la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituyó los juzgados unipersonales por un Tribunal de Instancia único en cada partido judicial.
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Desde abril de 2025 hay que intentar un acuerdo antes de demandar en asuntos civiles y mercantiles
La Ley Orgánica 1/2025, en vigor desde el 3 de abril de 2025, exige acreditar que se ha intentado un acuerdo por un medio adecuado de solución de controversias antes de presentar una demanda civil o mercantil. Su artículo 5 deja fuera una lista de supuestos, entre ellos los procesos de filiación, los de protección de menores, las medidas cautelares y las demandas ejecutivas. No se aplica al orden laboral, al concursal ni al penal.
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