Abogados de Derecho Fiscal y Tributario

En qué consiste

Un abogado fiscalista trabaja en dos planos. El preventivo consiste en organizar la actividad económica de forma eficiente dentro de la ley, aprovechando las opciones, deducciones y regímenes que la propia norma prevé, y documentando las decisiones para poder defenderlas después. El defensivo consiste en asistir al contribuyente cuando Hacienda comprueba, liquida o sanciona.

La defensa tributaria tiene una secuencia propia. Frente a una liquidación cabe un recurso de reposición ante el mismo órgano, de carácter potestativo, y una reclamación económico-administrativa ante los tribunales económico-administrativos, que es la vía específica de esta materia. Solo agotada esa vía se abre el acceso a los tribunales de lo contencioso-administrativo.

Hay dos conceptos que conviene distinguir con claridad. La planificación fiscal legal consiste en elegir, entre las alternativas que la ley ofrece, la que resulta menos gravosa: es lícita. El fraude fiscal consiste en ocultar hechos, falsear datos o simular operaciones para no pagar lo debido: es ilícito y puede llegar a constituir delito. Un buen asesoramiento se mueve siempre en el primer terreno.

Los impuestos que más consultas generan son pocos y casi siempre los mismos. En la actividad diaria, el IRPF y el IVA concentran la mayoría de las dudas de particulares y autónomos, y el Impuesto sobre Sociedades las de las empresas. En el patrimonio, aparecen al transmitir: el Impuesto de sucesiones cuando se hereda, el ITP y AJD en la compraventa entre particulares y en la documentación notarial, y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos —la plusvalía municipal— al vender o heredar suelo urbano. Y de forma recurrente, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que grava la propiedad año tras año con independencia de que haya o no operación.

Hacienda no llega siempre de la misma forma, y conviene saber en cuál de los tres procedimientos se está desde la primera carta, porque no tienen el mismo alcance ni el mismo efecto de cierre. La verificación de datos es el más ligero: solo cabe en supuestos tasados y no impide que después se compruebe lo mismo. La comprobación limitada permite revisar más, con límites sobre la contabilidad. Y la inspección de Hacienda es el procedimiento pleno, el único que puede terminar en una liquidación definitiva sobre la totalidad de los elementos comprobados.

Si de esa comprobación resulta una sanción, el importe no es una cifra caprichosa. Depende primero de cómo se califique la infracción y después de los criterios de graduación de las sanciones tributarias, que son tasados y se aplican de forma acumulativa. Discutir la calificación y la graduación suele mover más dinero que discutir la cuota.

Cuando el problema no es que la deuda sea discutible, sino que no se puede pagar, hay margen antes del embargo. El aplazamiento y fraccionamiento del pago permite reordenar la deuda en el tiempo cuando la dificultad de tesorería es transitoria, y presentado en periodo voluntario evita que se abra el ejecutivo. Si lo que hubo fue un retraso en presentar, el recargo por declaración extemporánea sustituye a la sanción y es sensiblemente más barato que esperar a que Hacienda actúe. Y si la deuda entra en vía ejecutiva, el procedimiento de apremio es el cauce por el que la Administración cobra por la fuerza: llegados ahí, la discusión ya no es sobre la deuda, sino sobre los motivos tasados de oposición.

Cuándo necesitas un abogado de derecho fiscal y tributario

• Has recibido una liquidación, una comprobación o un requerimiento de Hacienda
• Te han abierto un procedimiento de inspección tributaria
• Te han impuesto una sanción tributaria y quieres recurrirla
• Necesitas planificar la fiscalidad de tu empresa, una herencia o una operación patrimonial
• Vas a vender un inmueble o una empresa y quieres conocer su impacto fiscal
• Tienes deudas con Hacienda y necesitas un aplazamiento o fraccionamiento
• Resides o tienes bienes en el extranjero y dudas de tus obligaciones informativas
• Se te investiga por un posible delito contra la Hacienda Pública

Cómo funciona el proceso

1. Revisión del expediente. El abogado analiza la notificación recibida, el alcance de la comprobación y los plazos de respuesta, que en materia tributaria son cortos.
2. Alegaciones. Se contesta al requerimiento o a la propuesta de liquidación aportando la documentación y los argumentos jurídicos antes de que el acto sea definitivo, que es el momento más eficaz para defenderse.
3. Recurso de reposición o reclamación económico-administrativa. Frente a la liquidación cabe recurso potestativo de reposición o directamente reclamación ante el tribunal económico-administrativo competente.
4. Vía contencioso-administrativa. Agotada la vía económico-administrativa, puede acudirse a los tribunales de lo contencioso-administrativo.
5. Suspensión y pago. En paralelo se gestiona la suspensión de la ejecución mediante garantía, o el aplazamiento y fraccionamiento de la deuda, para evitar el apremio mientras se discute.

Plazos

Cuatro años es el plazo que gobierna casi todo en materia tributaria: es lo que tiene la Administración para liquidar la deuda y para exigir su pago, y también lo que tiene el contribuyente para pedir la devolución de un ingreso indebido. Los procedimientos de gestión, como la verificación de datos o la comprobación limitada, deben resolverse en seis meses; la inspección dispone de dieciocho meses con carácter general y de veintisiete cuando el obligado alcanza la cifra de negocios que obliga a auditar cuentas o forma parte de un grupo en consolidación fiscal. Ante un acta de disconformidad hay quince días para formular alegaciones y, contra la liquidación, un mes para interponer el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa. Declarar fuera de plazo por propia iniciativa lleva un recargo del uno por ciento más otro uno por ciento por cada mes completo de retraso, que pasa al quince por ciento cuando ya han transcurrido doce meses. Y una vez notificada la providencia de apremio el recargo es del veinte por ciento, frente al cinco por ciento de quien paga antes de recibirla.

Costes orientativos

Los honorarios dependen de la fase y de la cuantía discutida: una contestación a un requerimiento tiene un coste muy inferior al de una inspección completa o un litigio. Conviene valorar desde el principio la relación entre la cuantía en juego, el coste de la defensa y las posibilidades de éxito. También hay que calcular el efecto de los intereses de demora y de las reducciones de la sanción, porque a veces conformarse resulta económicamente más ventajoso que recurrir, y a veces justo lo contrario.

Los importes son orientativos y varían según el caso, la complejidad y el despacho. No constituyen una tarifa ni una oferta.

Documentación necesaria

• La notificación, el requerimiento o el acta recibidos, con su fecha
• Declaraciones presentadas de los ejercicios afectados
• Libros y registros contables y fiscales
• Facturas emitidas y recibidas relacionadas con lo comprobado
• Escrituras y contratos de las operaciones cuestionadas
• Justificantes bancarios de cobros y pagos
• Comunicaciones previas mantenidas con la Administración tributaria

Normativa aplicable

• Ley 58/2003, General Tributaria (se abre en una pestaña nueva), procedimientos de aplicación de los tributos, inspección, sanciones y revisión
• Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (se abre en una pestaña nueva), tributación de las personas jurídicas
• Ley 35/2006, del IRPF (se abre en una pestaña nueva), tributación de las personas físicas
• Ley 58/2003, General Tributaria (se abre en una pestaña nueva), 140 (efectos de la comprobación limitada y de la conformidad), 188 (reducción de las sanciones) y 208 (tramitación separada del procedimiento sancionador)

Preguntas frecuentes

Términos de derecho fiscal y tributario explicados

Palabras que aparecen en esta página y que conviene tener claras antes de una primera consulta.

Errores frecuentes

Lo que más caro sale en derecho fiscal y tributario, y por qué.

1. Creer que recurrir paraliza el cobro. No lo paraliza. La ejecución solo queda suspendida si se garantiza el importe, los intereses de demora y los recargos. Hay una excepción que casi nadie aprovecha: la sanción sí se suspende de forma automática y sin aportar ninguna garantía por el solo hecho de recurrirla. Recurrir la liquidación y recurrir la sanción no cuestan lo mismo.
2. Firmar la conformidad para acabar antes. La conformidad reduce la sanción en un 30 por ciento y a veces es la mejor salida, pero los hechos a los que se presta conformidad expresa ya no pueden impugnarse después, salvo que se pruebe que hubo error de hecho. Antes de esa firma hay un trámite de audiencia: ese, y no el recurso posterior, es el momento de mirar el expediente completo.
3. No guardar la fecha de la notificación. Casi todos los plazos tributarios se cuentan desde el día siguiente al de la notificación. La fecha del acuse importa tanto como el contenido de la carta: es lo primero que pide un abogado y lo primero que suele haberse perdido.
4. Esperar el requerimiento en vez de regularizar. Presentar por iniciativa propia una declaración olvidada lleva un recargo del uno por ciento más otro uno por ciento por cada mes completo de retraso, y del quince por ciento cuando ya han pasado doce meses. Si la Administración se adelanta con un requerimiento, eso ya no es un recargo: es una sanción.
5. No saber en qué procedimiento se está. Una verificación de datos, una comprobación limitada y una inspección no dan las mismas facultades a la Administración ni duran lo mismo, y lo ya comprobado no siempre puede volver a comprobarse. Identificar el procedimiento es lo que decide la estrategia, y viene escrito en la primera carta.
6. Dejar que la deuda entre en apremio. Pagar antes de que se notifique la providencia de apremio supone un recargo del cinco por ciento; pagar dentro del plazo de la propia providencia, el diez por ciento; después, el veinte. Y solicitar el aplazamiento dentro del periodo voluntario impide que se abra el periodo ejecutivo, aunque no evita el interés de demora.

Qué no es

Confusiones que salen caras en derecho fiscal y tributario: qué las distingue y qué cambia según cuál sea tu caso.

Casos típicos

Situaciones habituales y el camino que suelen seguir. Describen un itinerario general, no lo que va a pasar en tu caso.

1. Llega una propuesta de liquidación del IRPF por un dato que no cuadra. Suele ser una verificación de datos o una comprobación limitada. Hay un plazo para alegar y aportar justificantes, y el procedimiento debe resolverse en seis meses. Si el dato se acredita, termina sin liquidación; si no, llega la liquidación y con ella un mes para recurrir.
2. Notificación de inicio de actuaciones inspectoras a una empresa. La inspección dispone de dieciocho meses, y de veintisiete cuando la cifra de negocios obliga a auditar cuentas o el grupo tributa en consolidación. Termina en un acta con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. Elegir entre las tres no es un trámite: es la decisión más importante del expediente.
3. Sanción por no presentar o por presentar mal. El expediente sancionador se tramita de forma separada al de comprobación, salvo que el propio obligado renuncie a esa separación, así que tiene su propio plazo y su propia defensa. El importe depende de circunstancias concretas como la ocultación o el uso de medios fraudulentos, y ahí es donde suele haber margen real de discusión.
4. La deuda es correcta pero no se puede pagar. Cabe pedir aplazamiento o fraccionamiento, y pedirlo dentro del periodo voluntario impide que se abra el periodo ejecutivo. Según el importe puede exigirse garantía. Lo que no funciona es no contestar: la deuda sigue su curso hasta el embargo.

La primera consulta

Qué llevar

• La carta completa, con todas sus páginas, y el acuse o el sobre donde consta la fecha de recepción
• Las declaraciones de los ejercicios afectados, tal como se presentaron
• Los justificantes del dato que se discute: facturas, extractos, escrituras, contratos
• Cualquier requerimiento o resolución anterior sobre el mismo concepto, aunque parezca cerrado
• Si ya hay embargo o providencia de apremio, la última diligencia recibida

Qué te preguntarán

• En qué fecha exacta recibió la notificación
• Si ya contestó algo por su cuenta y qué dijo exactamente
• Si ese mismo concepto y ejercicio se comprobó antes en otro procedimiento
• Si hay otros ejercicios o otros impuestos en la misma situación
• Si puede pagar, o va a necesitar aplazamiento o garantía

Qué deberías preguntar tú

• En qué procedimiento estamos y cuánto puede durar como máximo
• Cuándo vence mi plazo, con fecha concreta
• Qué gano y qué pierdo si firmo la conformidad
• Si hay que garantizar para suspender el cobro y cuánto costaría esa garantía
• Qué efecto tiene esto sobre los demás ejercicios si acaba mal

Cómo elegir abogado de derecho fiscal y tributario

Criterios para decidir. Este portal no recomienda despachos concretos: los del listado están ordenados al azar en cada visita.

Que separe la vía administrativa de la penal desde el primer día

Los umbrales, los plazos y las consecuencias son distintos, y hay decisiones cómodas en vía administrativa que estrechan la defensa si el asunto acaba en un juzgado.

Que trabaje con la fecha de vencimiento delante

En materia tributaria se pierden más asuntos por un plazo que por el fondo. Un despacho que no le dice la fecha exacta en la primera conversación no está mirando el expediente.

Que le explique el coste de suspender, no solo el de recurrir

Recurrir sin garantía no detiene el cobro de la liquidación. Saber lo que costaría el aval, y que la sanción se suspende sin él, cambia la decisión.

Que haya llevado ese tributo y ese procedimiento concretos

«Fiscal» abarca desde una plusvalía municipal hasta una inspección de sociedades. La experiencia útil es la del tributo y el procedimiento que tienes encima, no la de la materia en general.

Que ponga por escrito lo que no puede prometer

Nadie puede garantizar el resultado de una comprobación ni el criterio de un tribunal. Quien lo garantiza está vendiendo algo distinto de un servicio jurídico.

Justicia gratuita

La asistencia jurídica gratuita se reconoce para los procesos judiciales, y solo alcanza a la vía administrativa previa cuando la legislación específica lo prevé. La normativa tributaria no lo prevé, de modo que el recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa se afrontan por cuenta propia. Sí puede reconocerse el derecho para el recurso contencioso-administrativo posterior, acreditando insuficiencia de recursos para litigar.

Dónde se pide. Ante el Colegio de Abogados del lugar en que se halle el juzgado o tribunal que haya de conocer del proceso, o ante el propio órgano judicial, que dará traslado al Colegio competente.

Base legal: Ley 1/1996, artículos 1 y 12 (se abre en una pestaña nueva). Los umbrales se actualizan cada año: confirma el importe vigente en el Colegio de Abogados que te corresponda.