Abogado Alejandro Aradas en A Coruña

Abogado laboralista y civil en A Coruña: Alejandro Aradas García

Alejandro Aradas García ejerce como abogado en A Coruña y declara dos áreas: Derecho Laboral (despido, finiquito, seguridad social, incapacidades y accidentes de trabajo) y Derecho Civil (familia y sucesiones). Dirección: Calle Falperra 74, 15004 A Coruña (Galicia). Su ficha está en este directorio desde el 20 de febrero de 2017 y nadie la ha reclamado como titular. Es un profesional individual: su web habla en primera persona y no publica equipo. Declara la doble titulación en Derecho y Administración de Empresas por la Universidad de A Coruña. Contacto, en la columna de la derecha.

Dos sitios web, y conviene saber cuál es cuál

Mantiene dos dominios, y el que consta aquí no es el que su propia entidad declara como web oficial. Cada uno canoniza al revés que el otro, y tres referencias suyas apuntan a la dirección que redirige, no al destino. Medido el 20 de octubre de 2026 a las 14:00, sin seguir redirecciones y con tres agentes de usuario, idéntico en los tres:

• cuestioneslaborales.es, el que consta aquí: sitio divulgativo extenso sobre despido, finiquito, incapacidades y sucesiones. La dirección sin www responde con un salto permanente, así que la buena lleva el www.
• alejandroaradas.es, el dominio de su correo y el que su entidad declara como oficial. Aquí el salto va al contrario: la buena es la que no lleva www.

No me pagan la nómina: lo que de verdad dice la ley

El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores (BOE-A-2015-11430, última actualización publicada el 3 de octubre de 2026) se titula «Extinción por voluntad del trabajador»: «Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato: […] b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado.»

El verbo es «solicitar», no «extinguir», y ahí está el error que arruina casos: quien deja de ir a trabajar por su cuenta no ejerce el artículo 50, le da a la empresa la ocasión de despedirlo por abandono. Es una demanda: la relación no se rompe por decisión propia, la extingue el juzgado.

Y hay un dato que la mayoría de los textos publicados aún no recoge: desde el 3 de abril de 2025, por la disposición final 26.1 de la Ley Orgánica 1/2025 (BOE-A-2025-76), los umbrales están en la propia ley y no dependen de lo que aprecie cada juzgado: «Se entenderá que hay retraso cuando se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario, concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, en el período de un año, tres mensualidades completas de salario, aún no consecutivas, o cuando concurra retraso en el pago del salario durante seis meses, aún no consecutivos.»

El apartado 2 cierra el cálculo: «En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.» Se cobra como si la empresa hubiera despedido mal: treinta y tres días de salario por año de servicio, máximo veinticuatro mensualidades (artículo 56.1).

¿Puedo dejar de ir a trabajar si mi empresa no me paga?

No, y es el error más caro. El artículo 50.1 dice que el trabajador puede solicitar la extinción, no ejecutarla: hay que demandar. Abandonar el puesto sin sentencia expone a un despido por abandono, que no indemniza.

¿Cuántas nóminas sin pagar hacen falta para demandar?

Desde el 3 de abril de 2025 lo fija la ley: hay retraso cuando se superan quince días sobre la fecha pactada, y la causa concurre con tres mensualidades completas debidas en un año —aunque no sean consecutivas— o con retraso durante seis meses, tampoco necesariamente seguidos. El mismo artículo añade que el juez, la jueza o el tribunal pueden apreciar otros supuestos.

¿Cuánto se cobra si el juzgado estima esa demanda?

Lo mismo que por un despido improcedente: treinta y tres días de salario por año trabajado, con tope de veinticuatro mensualidades, prorrateando por meses los periodos inferiores al año (artículos 50.2 y 56.1).

¿Y si mi contrato es anterior a 2012?

Cambia el cálculo, y a mejor. La disposición transitoria undécima manda aplicar cuarenta y cinco días por año al tiempo trabajado antes del 12 de febrero de 2012 y treinta y tres al posterior, con tope de setecientos veinte días. La excepción importa: si sólo el tramo anterior ya supera esos 720 días, ese importe mayor pasa a ser el máximo, sin rebasar nunca cuarenta y dos mensualidades.

Lo que esta ficha no afirma

No publicamos datos de inscripción profesional: sólo los emite el censo oficial de la abogacía, cuya consulta exige credenciales que este medio no introduce; lo que diga su propia web al respecto es su declaración. Tampoco resultados, porcentajes de éxito ni reseñas, porque no recogemos opiniones con nombre de clientes. Y la antigüedad del despacho no consta: la fecha de 2017 es la del alta de su ficha aquí, no la del inicio de su actividad.

Equipo editorial de derechoabogados.es, 20 de octubre de 2026. BOE consolidado a esa fecha; web medida ese día.