Artículo 33. La participación de las personas beneficiarias en el coste de las prestaciones.
Vigente a fecha 2026-10-23
Aplicable en España — Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia L. Dependencia (BOE-A-2006-21990).
1. Cuando proceda su participación en la financiación de las prestaciones de dependencia, las personas beneficiarias contribuirán conforme al tipo y coste del servicio y a su capacidad económica, que será exclusivamente personal.
2. La capacidad económica de la persona beneficiaria se tendrá también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones económicas.
3. Las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias en materia de asistencia o servicios sociales, regularán los criterios para la determinación de la participación de las personas beneficiarias en el coste de los servicios, incluyendo la fijación de mínimos exentos y otras condiciones específicas, atendiendo a la realidad del coste de la vida, las prestaciones disponibles y las circunstancias sociales de su población. En particular, dichas normas autonómicas garantizarán:
a) Un mínimo de capacidad económica exento, a los efectos de esta ley, de participar en el coste de los servicios por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares.
b) En los casos del servicio de atención residencial y del servicio de cuidados y apoyos en viviendas, previsto en el artículo 24 bis.2.a), se garantizará una cantidad mínima para gastos personales destinada a favorecer el bienestar físico y emocional, la autonomía de las personas y su inclusión y participación en la comunidad.
c) Las cantidades previstas en los apartados 1 y 2 se actualizarán anualmente para ajustarse al coste de la vida.
d) Que la cuantía de la participación de la persona beneficiaria no implique una carga tal que tenga efectos disuasorios o provoque que las personas renuncien a la intensidad de los cuidados y apoyos que necesitan.
4. Para fijar la participación de la persona beneficiaria, se tendrá en cuenta la distinción entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros.
5. Ninguna persona quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos.
6. En cumplimiento de la obligación de transparencia las Administraciones competentes deberán hacer pública, con carácter anual, información detallada sobre la participación de las personas beneficiarias en el coste de cada uno de los servicios con el máximo nivel de desagregación posible, desde el respeto al secreto estadístico.
Qué regula, y el cambio de fondo del 23 de octubre de 2026
Regula la participación de las personas beneficiarias en el coste de las prestaciones (el copago). El artículo 2.33 de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, le dio nueva redacción con efectos desde el 23 de octubre de 2026. Pasa de cuatro a seis apartados y cambia de rótulo: «La participación de las personas beneficiarias en el coste de las prestaciones».
- Cuándo se paga (ap. 1). «Cuando proceda su participación», las personas beneficiarias contribuyen según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica, «que será exclusivamente personal».
- Quién fija los criterios (ap. 3). Los regulan las comunidades autónomas, incluidos los mínimos exentos, atendiendo al coste de la vida, las prestaciones disponibles y las circunstancias sociales de su población.
- Cuatro garantías que esas normas autonómicas deben asegurar (ap. 3):
- Un mínimo de capacidad económica exento de participar en el coste.
- En atención residencial y en cuidados y apoyos en viviendas, una cantidad mínima para gastos personales.
- La actualización anual de esas cantidades al coste de la vida.
- Que la participación no tenga «efectos disuasorios» ni provoque que las personas «renuncien a la intensidad de los cuidados y apoyos que necesitan».
- Transparencia (ap. 6). Publicación anual de la participación en el coste de cada servicio, con el máximo nivel de desagregación posible.
Lo que sale del texto
Que fuera el Consejo Territorial quien fijara los criterios de participación y que estos se desarrollaran «en los Convenios a que se refiere el artículo 10». Esa atribución desaparece del artículo y pasa a las comunidades autónomas. Los criterios para determinar la capacidad económica están en el nuevo artículo 32 bis, que también los encarga a las comunidades autónomas y añade que no se computa la vivienda habitual.
Lo que se mantiene
La capacidad económica también cuenta para la cuantía de las prestaciones económicas (ap. 2). Se distingue entre servicios asistenciales y de manutención y hoteleros (ap. 4). Y «ninguna persona quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos» (ap. 5).
Errores frecuentes
Seguir atribuyendo al Consejo Territorial la fijación de los criterios de copago: desde el 23 de octubre de 2026 los regulan las comunidades autónomas, con las garantías mínimas que impone este artículo.
¿Tengo que pagar parte del coste de los servicios de dependencia?
Puede que sí. Cuando proceda, la persona beneficiaria contribuye según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica, que según el artículo 33.1 «será exclusivamente personal». Los criterios concretos los regula cada comunidad autónoma.
¿Hay una cantidad que no se puede tocar?
Sí. Las normas autonómicas deben garantizar un mínimo de capacidad económica exento de participar en el coste de los servicios, destinado a las necesidades básicas personales y familiares (art. 33.3.a).
Mi madre está en una residencia. ¿Le dejan algo para sus gastos?
Sí. En los servicios de atención residencial y de cuidados y apoyos en viviendas se debe garantizar una cantidad mínima para gastos personales, destinada a favorecer el bienestar físico y emocional, la autonomía y la inclusión y participación en la comunidad (art. 33.3.b).
¿Quién decide cuánto se paga?
Las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias en servicios sociales, con la garantía de que la cuantía no tenga efectos disuasorios ni provoque que las personas renuncien a los cuidados que necesitan. Hasta el 22 de octubre de 2026 los criterios los fijaba el Consejo Territorial y se desarrollaban en los convenios del artículo 10.
¿Puede alguien quedarse sin atención por no tener dinero?
No. El artículo 33.5 dice que ninguna persona quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de recursos económicos.
Información general con fines divulgativos. El texto vigente se coteja de forma mecánica con el texto consolidado del BOE (se abre en una pestaña nueva); no sustituye al asesoramiento de un abogado sobre tu caso concreto.