Adjudicar: significado

1. ¿Cuánto tiempo tarda en salir un decreto de adjudicación judicial?

La ley no fija un plazo en meses: ata el decreto de adjudicación al pago, y eso conviene saberlo porque el reloj lo mueve en buena parte el propio adjudicatario.

Si la mejor postura alcanza el 70 % del valor por el que el bien salió a subasta, el letrado de la Administración de Justicia aprueba el remate por decreto «el día siguiente al del cierre de la subasta», y el postor tiene veinte días desde ese cierre para consignar la diferencia entre lo depositado y el precio total (art. 670.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Hecho el ingreso, la ley no concede margen: «verificado el ingreso, se dictará el decreto de adjudicación» (arts. 670.4 y 670.8).

Lo que viene después sí depende de terceros: el testimonio de ese decreto es el título bastante para inscribir en el Registro de la Propiedad (art. 673).

2. ¿Puedo renunciar a una adjudicación de un contrato público?

Si el contrato no se formaliza en plazo por causas imputables al adjudicatario, se le exige una penalidad del 3 % del presupuesto base de licitación, IVA excluido, que se cobra primero de la garantía definitiva, sin perjuicio de la prohibición de contratar del artículo 71.2.b) (art. 153.4 LCSP).

3. ¿Qué es la adjudicación en pago de deudas?

Es un pacto donde el deudor entrega un bien al acreedor para extinguir la deuda. Requiere que el valor del bien se ajuste al importe debido o que se pacte la diferencia.

4. ¿Se paga plusvalía municipal tras una adjudicación judicial?

Hay impuesto si el terreno se transmite con incremento de valor, pero quien lo paga no es, por regla, el adjudicatario. En las transmisiones a título oneroso —y una subasta judicial lo es— el artículo 106.1.b) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales hace contribuyente a la persona «que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate»: el ejecutado, el que pierde el bien.

El adjudicatario solo pasa a ser sujeto pasivo sustituto del contribuyente en un supuesto estrecho: «cuando el contribuyente sea una persona física no residente en España» (art. 106.2).

Lo que sí le corresponde en todo caso es comunicar al ayuntamiento la realización del hecho imponible (art. 110.6.b), en el mismo plazo que el sujeto pasivo: treinta días hábiles en actos entre vivos (art. 110.2.a), y ese plazo cuenta desde el devengo, que se produce «en la fecha de la transmisión» (art. 109.1.a), no en la del decreto.

5. ¿Se puede adjudicar un bien pro-indiviso?

Sí, ocurre cuando varias personas adquieren la propiedad por porcentajes (comunidad de bienes), sin que el objeto esté físicamente dividido.

6. ¿Qué pasa si el adjudicatario no paga el precio en una subasta?

Se declara la quiebra de la subasta, y el régimen no es el mismo según el bien.

En bienes muebles, el artículo 653.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el rematante que no paga «perderá el depósito que hubiera efectuado y se procederá a nueva subasta, salvo que con los depósitos constituidos por aquellos rematantes se pueda satisfacer el capital e intereses del crédito del ejecutante y las costas». Y quien puede ocupar su lugar no es «el siguiente mejor postor» sin más, sino «el primero de los postores que hubiera reservado postura»: es una posición que hay que haber reservado expresamente en la subasta.

En inmuebles la consecuencia es más seca: «si no realizara el pago, perderá su depósito, que se aplicará a los fines de la ejecución» (art. 670.4).

Y hay un caso propio cuando el incumplidor es el ejecutante: si fue él quien hizo la mejor postura y no paga en diez días, se declara la quiebra y «se descontará del crédito del ejecutante el importe equivalente al depósito exigido a los demás postores», con los gastos de la nueva subasta a su cargo (art. 670.2).