Aplicable en España — basado en normativa española (BOE).La indemnización que la Administración debe abonar al propietario como contrapartida de un bien o derecho expropiado
Resumen rápido: El justo precio es la indemnización que la Administración debe abonar al propietario como contrapartida de la privación de un bien o derecho por expropiación forzosa. El artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa establece que las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tener en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que da lugar a la expropiación ni las previsibles para el futuro; y las mejoras posteriores a la incoación del expediente no se indemnizan, salvo que fueran indispensables para conservar los bienes (art. 36.2).
Definición flash: Indemnización expropiatoria: se valora al iniciarse el expediente de justiprecio, sin las plusvalías del propio proyecto ni las futuras (art. 36 LEF).
Etiqueta lingüística
«Justo precio» traduce la noción clásica de iustum pretium, presente ya en el Derecho romano y en la tradición jurídica española como garantía frente a la expropiación arbitraria: el precio debe ser "justo", es decir, equivalente al valor real del bien, no un precio impuesto sin relación con ese valor.
Definición técnica
El régimen del justiprecio se articula en los artículos 34 a 43 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, aunque hoy la valoración concreta de inmuebles remite a la legislación de suelo vigente (Real Decreto Legislativo 7/2015). El principio central es la referencia temporal fija: se valora el bien en el momento de iniciarse el expediente de justiprecio, no en el momento del pago efectivo, excluyendo tanto las plusvalías generadas por el propio proyecto expropiatorio como las meramente especulativas o previsibles a futuro.
Aplicación práctica
Este momento de referencia genera frecuente litigiosidad cuando entre el inicio del expediente y el pago efectivo transcurre mucho tiempo con revalorización del mercado: el propietario expropiado no se beneficia de esa revalorización posterior, más allá de los intereses legales por demora: los del retraso en fijar el justiprecio, si pasan seis meses desde la iniciación del expediente (art. 56), y los del retraso en pagarlo, si pasan seis meses desde que se determinó (arts. 48 y 57). Hay, sin embargo, un límite a esa regla: si transcurren cuatro años sin que el justo precio se pague o se consigne, los bienes se valoran de nuevo (retasación, art. 58), lo que sí permite recoger la revalorización.
Contexto legal en España
El justiprecio se regula en la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, complementada hoy por el régimen de valoraciones del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Normas clave a tener en cuenta
El artículo 36 de la Ley de Expropiación Forzosa fija el valor de los bienes expropiados al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, excluyendo las plusvalías generadas por el propio proyecto expropiatorio. La indemnización que la Administración debe pagar al propietario como contrapartida del bien o derecho expropiado, valorada conforme a la Ley de Expropiación Forzosa. Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, conforme al art. 36 de la Ley de Expropiación Forzosa, no en el momento del pago efectivo. Contenido elaborado bajo la dirección editorial de DERECHO ABOGADOS, verificando cada norma sobre fuentes oficiales (BOE y jurisprudencia). Cada norma citada se verifica contra su texto consolidado en el BOE: se comprueba el identificador de la norma, que la redacción sea la vigente y que lo entrecomillado sea literal. Es una verificación editorial, no un visto colegiado. Este contenido es información general y no constituye asesoramiento legal sobre un caso concreto.Qué no es / diferencias clave
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Preguntas frecuentes sobre justo precio
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Autoría y revisión editorial