Aplicable en España — basado en normativa española (BOE).La suspensión que el juez puede acordar si ejecutar el acto administrativo dejaría sin sentido ganar el recurso
Resumen rápido: Las medidas cautelares en lo contencioso-administrativo son las medidas que los interesados pueden solicitar en cualquier estado del proceso contencioso-administrativo para asegurar la efectividad de la sentencia, pudiendo el juez o tribunal acordarlas únicamente, tras valorar de forma circunstanciada todos los intereses en conflicto, cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición impugnada pudiera hacer perder al recurso su finalidad legítima, y pudiendo denegarlas cuando de su adopción pudiera seguirse una perturbación grave de los intereses generales o de terceros.
Definición flash: Medidas -típicamente, la suspensión del acto- que el juez acuerda si ejecutarlo haría perder su finalidad legítima al recurso (art. 130 LJCA).
Etiqueta lingüística
La ley formula el criterio de concesión en términos negativos y funcionales -«que la ejecución... pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso»-, y no exige acreditar la certeza de un daño irreparable: basta con que, de no adoptarse la medida, el eventual éxito del recurso resultase inútil en la práctica, criterio conocido doctrinalmente como el «periculum in mora» del proceso contencioso-administrativo.
Definición técnica
El artículo 129.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, permite a los interesados solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia. El apartado 2 exige que, cuando se impugne una disposición general y se solicite la suspensión de su vigencia, la petición se efectúe en el escrito de interposición o en el de demanda. El artículo 130.1, fija el criterio de concesión: previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar solo puede acordarse cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder al recurso su finalidad legítima. El apartado 2 permite denegar la medida cuando de ella pudiera seguirse una perturbación grave de los intereses generales o de terceros, que el juez o tribunal debe ponderar igualmente de forma circunstanciada. El incidente se tramita en pieza separada, con audiencia de la contraria por un máximo de diez días, y se resuelve por auto en los cinco siguientes (artículo 131). Si concurren circunstancias de especial urgencia, el juez puede adoptar o denegar la medida sin oír a la parte contraria, en dos días, y después oírla (artículo 135: las llamadas medidas cautelarísimas). Y en los recursos contra la inactividad y la vía de hecho, la medida se adopta salvo que sea evidente que no se da el supuesto o que cause perturbación grave, y puede pedirse incluso antes de interponer el recurso, que entonces debe interponerse en diez días para ratificarla (artículo 136).
Aplicación práctica
En la práctica, la medida cautelar más solicitada es la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo impugnado -por ejemplo, la suspensión de una sanción, de una orden de demolición o de una resolución de expulsión-, siendo su concesión el resultado de una ponderación judicial entre el daño que sufriría el recurrente si el acto se ejecuta antes de resolver el fondo del asunto, y el perjuicio que la suspensión podría causar al interés general o a terceros; conviene solicitarla de forma motivada y, en el caso de impugnación de disposiciones generales, hacerlo precisamente en el escrito de interposición o de demanda, ya que un planteamiento tardío puede dificultar su concesión.
Contexto legal en España
Las medidas cautelares en lo contencioso-administrativo se regulan en los artículos 129 y 130 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Normas clave a tener en cuenta
Qué no es / diferencias clave
- Suspensión del acto en vía administrativa
- La medida cautelar del artículo 129 LJCA se solicita ante el juez o tribunal dentro del propio proceso contencioso-administrativo; la suspensión de la ejecutividad de un acto en vía administrativa, regulada en la normativa de procedimiento administrativo común, es una medida distinta y anterior, que puede solicitarse a la propia Administración con ocasión de un recurso administrativo previo a la vía judicial, con su propio régimen y plazos, no equiparable a la medida cautelar judicial.
Términos relacionados
Dato de autoridad
El artículo 130.1 de la LJCA exige que la medida cautelar se acuerde «previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto».
Preguntas frecuentes sobre medidas cautelares en lo contencioso-administrativo
¿Cuándo puede un juez suspender un acto administrativo mientras se resuelve el recurso?
Cuando la ejecución del acto pudiera hacer perder al recurso su finalidad legítima, tras valorar todos los intereses en conflicto, según el artículo 130.1 de la LJCA.
¿Puede el juez denegar la medida cautelar aunque el recurrente tenga razón?
Sí, si de la medida pudiera seguirse una perturbación grave de los intereses generales o de terceros, según el artículo 130.2 de la LJCA.
¿Cuándo debo pedir la suspensión si impugno un reglamento?
En el escrito de interposición o en el de demanda, según el artículo 129.2 de la LJCA.
Autoría y revisión editorial
Contenido elaborado bajo la dirección editorial de DERECHO ABOGADOS, verificando cada norma sobre fuentes oficiales (BOE y jurisprudencia).
Cada norma citada se verifica contra su texto consolidado en el BOE: se comprueba el identificador de la norma, que la redacción sea la vigente y que lo entrecomillado sea literal. Es una verificación editorial, no un visto colegiado. Este contenido es información general y no constituye asesoramiento legal sobre un caso concreto.