Sucesión procesal

Muerte de un litigante: el proceso se suspende

Cuando se transmite por herencia lo que es objeto del juicio, quienes suceden al fallecido pueden continuar ocupando su misma posición a todos los efectos. No empieza un pleito nuevo: continúa el mismo.

Comunicada la defunción por quien deba suceder al litigante, se acuerda la suspensión del proceso y se da traslado a las demás partes. Acreditados la defunción y el título sucesorio, se tiene por personado al sucesor y el tribunal lo tendrá en cuenta en la sentencia.

Si la defunción le consta al tribunal pero el sucesor no se persona en el plazo de cinco días, las demás partes pueden pedir que se notifique la existencia del proceso a los sucesores —identificándolos y dando su domicilio—, emplazándoles para comparecer en diez días. El proceso queda suspendido hasta que comparezcan o hasta que ese plazo termine.

Si los sucesores no aparecen

Aquí es donde el resultado cambia radicalmente, y donde conviene actuar en vez de esperar.

Si el fallecido era el demandado y las demás partes no conocen a los sucesores, no pueden ser localizados o no quieren comparecer, el proceso sigue adelante y se declara la rebeldía de la parte demandada. El pleito no se para por la muerte del demandado.

Si el fallecido era el demandante, hay que distinguir. Cuando sus sucesores no se personan porque no se les conoce o no se les localiza, se tiene por desistido al demandante y se archivan las actuaciones, salvo que el demandado se oponga. Pero si no comparecen porque no han querido hacerlo, la ley da un paso más: se entiende que la parte demandante renuncia a la acción ejercitada.

La diferencia entre esas dos salidas no es menor. El desistimiento deja la puerta abierta; la renuncia a la acción, no. Que unos herederos dejen pasar el emplazamiento por desidia puede costar el derecho entero, y conviene explicárselo así desde el principio.

Transmisión del objeto litigioso mientras el pleito está vivo

El otro supuesto no tiene que ver con la muerte, sino con la venta o cesión de aquello sobre lo que se pleitea.

Quien adquiere puede solicitar, acreditando la transmisión, que se le tenga como parte en la posición que ocupaba el transmitente. Se suspenden las actuaciones y se da a la otra parte un plazo de diez días para alegar lo que convenga a su derecho. Si no se opone, se alza la suspensión y el adquirente entra en el pleito en el lugar del transmitente.

Si se opone, decide el tribunal por auto. Y los motivos por los que puede negarse el cambio de parte están acotados: que la parte contraria acredite que tiene derechos o defensas que solo puede hacer valer contra el transmitente, que tenga derecho a reconvenir, que haya una reconvención pendiente, o que el cambio de parte dificulte notoriamente su defensa.

Cuando no se accede, el transmitente continúa en el juicio, y las relaciones privadas entre él y el adquirente quedan a salvo: se resuelven fuera de este pleito.

Si la transmisión procede de la enajenación de bienes o derechos litigiosos en un concurso, se rige por la legislación concursal, y la otra parte puede oponer al adquirente cuantos derechos y excepciones tuviera frente al concursado.

Qué posición ocupa exactamente quien sucede

La sucesión no crea una posición nueva ni mejor: coloca al sucesor en la misma que ocupaba aquel al que sustituye, a todos los efectos.

Eso significa que hereda el pleito en el estado en que está, con lo alegado y lo probado, y también con lo precluido. No se reabren trámites pasados por el hecho de que ahora litigue otra persona, y el tribunal tendrá en cuenta al sucesor en la sentencia que dicte.

En la sucesión por transmisión hay además una consecuencia que conviene explicar al adquirente antes de comprar: si la otra parte se opone con éxito, él no entra en el pleito y el transmitente continúa en él. Las relaciones privadas entre ambos quedan a salvo, pero se resuelven fuera de ese procedimiento, en su caso en otro distinto. Comprar un bien litigioso no garantiza ocupar la posición procesal del vendedor.