Artículo 22. Derecho de asociación; asociaciones ilícitas, secretas y paramilitares.

Qué regula

El art. 22 CE reconoce el derecho de asociación en su apartado 1, libertad fundamental que ampara tanto la vertiente positiva, constituir asociaciones y afiliarse a ellas, como la negativa, no ser obligado a pertenecer a ninguna. El apartado 2 declara ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, remitiendo la calificación penal a la legislación correspondiente, en particular a los delitos de asociación ilícita del Código Penal. El apartado 3 exige la inscripción de las asociaciones en un registro, pero aclara que esa inscripción tiene solos efectos de publicidad, no de autorización constitutiva: el derecho de asociación no depende de un acto de reconocimiento administrativo previo. El apartado 4 rodea de una garantía judicial reforzada la disolución o suspensión de una asociación, que solo puede acordarse mediante resolución judicial motivada, excluyendo la disolución por vía puramente gubernativa. El apartado 5 prohíbe de forma absoluta las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.

Cómo se aplica en la práctica

El carácter meramente declarativo del registro de asociaciones del apartado 3 significa que la Administración no puede denegar la inscripción de una asociación por razones de fondo u oportunidad, sino solo por defectos formales de la solicitud, y que la falta de inscripción no priva a la asociación de su existencia ni de cierta capacidad de actuación, aunque limita su plena capacidad jurídica y su acceso a determinados beneficios. La garantía judicial del apartado 4 impide a la Administración disolver o suspender directamente una asociación por su cuenta, incluso ante sospechas de ilegalidad, debiendo acudir a la vía judicial para obtener una resolución motivada; también la suspensión cautelar que puede acordarse dentro de un proceso penal la decide el juez.

Errores frecuentes

Pensar que la inscripción registral de una asociación es un requisito constitutivo sin el cual la asociación no existe jurídicamente: conforme al art. 22.3 CE, el registro tiene efectos de publicidad, no de autorización, de modo que el derecho de asociación nace del propio acto constitutivo, no de la inscripción. Otro error frecuente es asumir que basta una decisión administrativa o gubernativa para disolver una asociación sospechosa de actividad ilícita: el art. 22.4 CE exige en todo caso resolución judicial motivada, y también es judicial la suspensión cautelar que pueda acordarse dentro de un procedimiento penal.