El derecho al trabajo de los extranjeros residentes, y su acceso limitado a plazas de la Administración
Resumen rápido: El acceso al empleo público de los extranjeros es una de las dos vertientes del artículo 10 de la Ley Orgánica 4/2000: junto al derecho general de los extranjeros residentes a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena y a acceder al sistema de la Seguridad Social, el apartado 2 remite al Estatuto Básico del Empleado Público los términos en que pueden acceder a plazas de las Administraciones Públicas.
Definición flash: Los extranjeros de fuera de la UE con residencia legal acceden al empleo público como personal laboral, no como funcionarios salvo ley (art. 57 TREBEP).
Etiqueta lingüística
El derecho al trabajo del apartado 1 es amplio -cualquier actividad remunerada-; el acceso al empleo público del apartado 2 es más restringido, porque el EBEP reserva determinados cuerpos y categorías, ligados al ejercicio del poder público, a personas con nacionalidad española: ni siquiera los nacionales de la Unión Europea pueden acceder a ellos (art. 57.1 TREBEP).
Definición técnica
El artículo 10.1 condiciona el derecho al trabajo a que el extranjero sea residente y reúna los requisitos de la propia Ley Orgánica 4/2000 y de sus normas de desarrollo. El artículo 10.2 no regula por sí mismo el acceso al empleo público: remite en bloque al Estatuto Básico del Empleado Público, que es la norma que efectivamente fija qué extranjeros -nacionales de la UE, o de terceros países con residencia legal- pueden acceder a qué tipo de empleo público, distinguiendo entre puestos que implican ejercicio de autoridad pública -reservados en general a españoles- y el resto. Hoy esa remisión debe entenderse hecha al texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP), cuyo artículo 57 distingue: los nacionales de la Unión Europea —y, cualquiera que sea su nacionalidad, los cónyuges y ciertos descendientes de españoles y de ciudadanos de la Unión— pueden ser funcionarios en igualdad con los españoles, salvo en los puestos que impliquen participación en el poder público (57.1 y 2); los demás extranjeros con residencia legal en España pueden acceder como personal laboral, en igualdad de condiciones, pero no como funcionarios (57.4), salvo que una ley les exima del requisito de nacionalidad por razones de interés general (57.5).
Aplicación práctica
En la práctica, un extranjero residente que quiera opositar a la función pública española debe comprobar primero, plaza por plaza, si su nacionalidad y su situación de residencia le permiten presentarse, porque el EBEP no da un mismo tratamiento a todos los cuerpos ni a todas las nacionalidades.
Contexto legal en España
El acceso al empleo público de los extranjeros se articula en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica 4/2000, por remisión al régimen general del Estatuto Básico del Empleado Público.
Normas clave a tener en cuenta
Qué no es / diferencias clave
- Derecho al trabajo por cuenta ajena o propia
- El derecho general al trabajo del art. 10.1 LO 4/2000 no exige más que ser extranjero residente; el acceso al empleo público del art. 10.2 remite a las condiciones específicas y más restrictivas del EBEP.
Términos relacionados
Dato de autoridad
El artículo 10.2 de la LO 4/2000 dispone: «Los extranjeros podrán acceder al empleo público en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público».
Preguntas frecuentes sobre empleo público de extranjeros
¿Puede un extranjero residente opositar a la función pública española?
Depende de la plaza y de su nacionalidad: el artículo 10.2 de la LO 4/2000 remite al Estatuto Básico del Empleado Público, que reserva a españoles determinados cuerpos ligados al ejercicio de autoridad pública, y admite en los demás, como funcionarios, a los nacionales de la Unión Europea; los extranjeros de fuera de la Unión con residencia legal pueden acceder como personal laboral, en igualdad de condiciones, pero no como funcionarios salvo que una ley lo permita (art. 57 del texto refundido del EBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015).
Autoría y revisión editorial
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