Aplicable en España — basado en normativa española (BOE).La declaración administrativa de insolvencia total o parcial de un deudor tributario
Resumen rápido: Fallido es la declaración administrativa por la que la Hacienda Pública constata que un deudor tributario -principal o responsable solidario- es insolvente, total o parcialmente, respecto de una deuda determinada, declaración que constituye el presupuesto necesario tanto para derivar la responsabilidad al responsable subsidiario como, en su caso, para declarar el crédito incobrable.
Definición flash: Declaración administrativa de insolvencia de un deudor tributario, previa a derivar la deuda al responsable subsidiario (arts. 41.5 y 176 LGT).
Etiqueta lingüística
«Fallido» procede del participio de «fallir» -del latín fallere, «faltar, fallar»-, en el sentido de que el deudor ha «fallado» en su capacidad de pago: se ha comprobado que carece de bienes o derechos suficientes para hacer frente a la deuda.
Definición técnica
El artículo 176 de la Ley General Tributaria, dispone que, una vez declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración tributaria dictará el acto de declaración de responsabilidad frente al responsable subsidiario. Y el artículo 41.5 precisa que «la derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios». Cuando, además, todos los obligados al pago -principal, solidarios y subsidiarios- han sido declarados fallidos, el crédito puede declararse total o parcialmente incobrable, acuerdo que pone fin al procedimiento de apremio (art. 173.1.b) y determina su baja provisional en cuentas; pero el apremio se reanudará, dentro del plazo de prescripción, cuando se tenga conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago (art. 173.2).
Aplicación práctica
Para el contribuyente y su entorno, la declaración de fallido tiene una consecuencia práctica de primer orden: es el paso que habilita a la Hacienda Pública a dirigirse contra el responsable subsidiario -administradores de sociedades, en muchos casos-, que hasta ese momento no puede ser requerido de pago; de ahí que sea habitual que la Administración agote primero las vías de cobro contra el deudor principal y los responsables solidarios antes de declarar fallidos y derivar la acción hacia el responsable subsidiario.
Contexto legal en España
La declaración de fallido es presupuesto de la derivación a los responsables subsidiarios (artículo 41.5 de la Ley General Tributaria) y, cuando alcanza a todos los obligados, del crédito incobrable (artículo 173); la derivación se regula en el artículo 176 de la Ley General Tributaria.
Normas clave a tener en cuenta
Qué no es / diferencias clave
- Crédito incobrable
- El crédito incobrable es la fase posterior, cuando ya se han declarado fallidos todos los obligados al pago -principal, solidarios y subsidiarios-; la declaración de fallido de uno de ellos es un paso previo y parcial dentro de ese proceso.
Términos relacionados
Dato de autoridad
El artículo 176 de la Ley General Tributaria regula la derivación al responsable subsidiario; es el artículo 41.5 de la misma ley el que dispone que «la derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios».
Preguntas frecuentes sobre fallido (crédito/deudor)
¿Qué significa que un deudor tributario sea declarado fallido?
Que la Administración ha constatado que es insolvente, total o parcialmente, respecto de una deuda determinada.
¿Para qué sirve la declaración de fallido?
Es el presupuesto necesario para derivar la responsabilidad al responsable subsidiario y, si afecta a todos los obligados, para declarar el crédito incobrable.
¿Puede la Hacienda reclamar de nuevo una deuda ya declarada fallida?
Sí. Si, dentro del plazo de prescripción, se tiene conocimiento de la solvencia de algún obligado al pago, el procedimiento de apremio se reanuda (art. 173.2 de la Ley General Tributaria).
Autoría y revisión editorial
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