Aplicable en España — basado en normativa española (BOE).La imposibilidad de cumplir regularmente las obligaciones, presupuesto objetivo para que proceda la declaración de concurso
Resumen rápido: La insolvencia es la situación económica que constituye el presupuesto objetivo del concurso de acreedores: la imposibilidad del deudor de cumplir regularmente sus obligaciones. Lo define el artículo 2 del texto refundido de la Ley Concursal, que distingue la insolvencia actual -el deudor ya no puede cumplir- de la insolvencia inminente -el deudor prevé que no podrá cumplir en los próximos tres meses-.
Definición flash: Estado del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o prevé no poder hacerlo en tres meses: presupuesto del concurso.
Etiqueta lingüística
La insolvencia no es lo mismo que tener deudas, ni siquiera que tener más deudas que bienes: un deudor puede tener un patrimonio neto negativo y, sin embargo, seguir cumpliendo puntualmente sus pagos gracias a la liquidez de que dispone -por ejemplo, financiación externa-, en cuyo caso no está, técnicamente, en insolvencia a efectos concursales. La ley se fija en la capacidad real de pago regular, no en el balance contable en abstracto, aunque en la práctica ambas cosas suelen ir de la mano. En Argentina, el presupuesto objetivo equivalente para abrir el concurso se llama «cesación de pagos» (Ley de Concursos y Quiebras 24.522), una denominación distinta para una noción próxima.
Definición técnica
El artículo 2.1 del texto refundido de la Ley Concursal establece que la declaración de concurso procede en caso de insolvencia del deudor. El apartado 3 distingue dos estados: la insolvencia actual, del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles, y la insolvencia inminente, del deudor que prevé que dentro de los tres meses siguientes no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones -esta segunda categoría fue redefinida por la Ley 16/2022, que además introdujo, solo para el ámbito preconcursal del Libro Segundo, una tercera categoría distinta: la probabilidad de insolvencia, que existe cuando es objetivamente previsible que, de no alcanzarse un plan de reestructuración, el deudor no podrá cumplir regularmente las obligaciones que venzan en los próximos dos años (art. 584.2); no sirve para declarar el concurso, sino para comunicar la apertura de negociaciones o pedir la homologación de un plan de reestructuración (art. 584.1)-. El apartado 2 exige que la propia solicitud del deudor se funde en que se encuentra en estado de insolvencia. El apartado 4 regula la solicitud presentada por un acreedor, que debe fundarse en alguno de los hechos externos reveladores de insolvencia que enumera la ley: una declaración judicial o administrativa previa y firme de insolvencia, un embargo sin bienes libres suficientes, embargos generalizados sobre el patrimonio, el sobreseimiento generalizado en el pago corriente de obligaciones, el sobreseimiento generalizado en el pago de obligaciones tributarias o de cuotas de la Seguridad Social exigibles durante los tres meses anteriores a la solicitud, o de los salarios correspondientes a las tres últimas mensualidades, o el alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de los bienes del deudor.
Aplicación práctica
En la práctica, la distinción entre insolvencia actual e inminente tiene consecuencias muy concretas: el deudor puede solicitar el concurso voluntariamente en cualquiera de los dos estados, pero un acreedor solo puede instar el concurso necesario cuando puede acreditar alguno de los hechos externos reveladores del artículo 2.4, que en la práctica exigen que la insolvencia ya sea bastante evidente -impagos generalizados, embargos infructuosos-. El deudor tiene, además, el deber de solicitar el concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer el estado de insolvencia actual (art. 5.1), y su incumplimiento -por el deudor o, si es persona jurídica, por sus administradores o liquidadores- hace presumir culpable el concurso, salvo prueba en contrario (art. 444.1.º). Detectar a tiempo la insolvencia inminente -o, mejor aún, la probabilidad de insolvencia del régimen preconcursal- suele dar mucho más margen de maniobra que esperar a la insolvencia actual, cuando las opciones de reestructuración ya son mucho más limitadas.
Contexto legal en España
La insolvencia como presupuesto objetivo del concurso está regulada en el artículo 2 del Título I del Libro Primero del texto refundido de la Ley Concursal. Es distinta, aunque relacionada, de la probabilidad de insolvencia del artículo 584, un concepto más amplio introducido por la Ley 16/2022 exclusivamente para el ámbito preconcursal del Libro Segundo, que permite acceder a un plan de reestructuración -antes acuerdo de refinanciación- en una fase mucho más temprana, sin necesidad de que concurra todavía la insolvencia actual o inminente que exige el artículo 2 para declarar un concurso propiamente dicho.
Normas clave a tener en cuenta
El artículo 2.3 del texto refundido de la Ley Concursal distingue la insolvencia actual -el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles- de la insolvencia inminente -el deudor prevé que no podrá cumplir dentro de los tres meses siguientes-; el artículo 2.4 enumera los hechos externos que un acreedor debe acreditar para solicitar la declaración de concurso de otro. Es la imposibilidad del deudor de cumplir regularmente sus obligaciones, el presupuesto objetivo que exige el artículo 2 del texto refundido de la Ley Concursal para que proceda la declaración de concurso. La insolvencia actual es la del deudor que ya no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. La insolvencia inminente es la del deudor que prevé que no podrá cumplir dentro de los tres meses siguientes (artículo 2.3 del texto refundido de la Ley Concursal). Sí, pero debe acreditar alguno de los hechos externos reveladores de insolvencia que enumera el artículo 2.4 del texto refundido de la Ley Concursal, como un embargo sin bienes suficientes o el impago generalizado de obligaciones. Contenido elaborado bajo la dirección editorial de DERECHO ABOGADOS, verificando cada norma sobre fuentes oficiales (BOE y jurisprudencia). Cada norma citada se verifica contra su texto consolidado en el BOE: se comprueba el identificador de la norma, que la redacción sea la vigente y que lo entrecomillado sea literal. Es una verificación editorial, no un visto colegiado. Este contenido es información general y no constituye asesoramiento legal sobre un caso concreto.Qué no es / diferencias clave
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Preguntas frecuentes sobre insolvencia
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