Aplicable en España — basado en normativa española (BOE).Cuándo puede ingresar un extranjero en un centro de internamiento durante su expediente de expulsión
Resumen rápido: El internamiento preventivo es la medida cautelar por la que un extranjero incoado en un expediente sancionador que puede terminar en expulsión ingresa en un centro de internamiento mientras se resuelve ese expediente. Según el artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2000, procede en los supuestos contemplados en las letras a) y b) del artículo 54.1, en las letras a), d) y f) del artículo 53.1 y en el artículo 57.2, y requiere autorización judicial mediante auto motivado.
Definición flash: El internamiento preventivo es el ingreso de un extranjero en un centro de internamiento mientras se tramita su expediente de expulsión, con autorización judicial y un máximo de 60 días (art. 62 LO 4/2000).
Etiqueta lingüística
"Preventivo" señala aquí su naturaleza cautelar: no es una pena ni una sanción en sí misma, sino una medida que asegura que el extranjero esté disponible para la ejecución de la expulsión si finalmente se acuerda, evitando que se sustraiga al procedimiento.
Definición técnica
El artículo 61 LO 4/2000 es el marco general de las medidas cautelares en el expediente sancionador de extranjería: desde que se incoa un procedimiento que puede terminar en expulsión, el instructor puede adoptar, entre otras, la presentación periódica ante las autoridades, la residencia obligatoria en un lugar determinado, la retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, o el propio internamiento preventivo, siempre de forma motivada y proporcionada.
El internamiento preventivo del artículo 62 tiene un límite temporal: no puede prolongarse por más tiempo del imprescindible para la práctica de la expulsión, y en ningún caso puede exceder de sesenta días, ni acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente. Requiere en todo caso resolución judicial que, atendida la circunstancia de haberse dictado con anterioridad alguna de las medidas del artículo 61, valorará la concurrencia del riesgo de incomparecencia del extranjero.
Aplicación práctica
El internamiento se cumple en centros específicos -no en centros penitenciarios ordinarios- y su duración máxima de sesenta días es un límite absoluto: transcurrido ese plazo sin haberse ejecutado la expulsión, el extranjero debe ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el expediente sancionador por otras vías no privativas de libertad.
Contexto legal en España
El internamiento preventivo se regula en el artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2000, en conexión con el catálogo general de medidas cautelares del artículo 61, dentro del Título III dedicado al régimen sancionador.
Normas clave a tener en cuenta
Qué no es / diferencias clave
- Prisión preventiva
- La prisión preventiva es una medida cautelar del proceso penal, ligada a la instrucción de un delito. El internamiento preventivo de extranjería es una medida administrativa, ligada a un expediente sancionador que puede terminar en expulsión, y se cumple en centros de internamiento, no en centros penitenciarios.
Términos relacionados
Dato de autoridad
El artículo 62 de la LO 4/2000 exige que el internamiento se acuerde «mediante auto motivado» judicial, y que, conforme al artículo 62.2, tenga «duración máxima de 60 días».
Preguntas frecuentes sobre internamiento preventivo
¿Cuánto puede durar el internamiento preventivo de un extranjero?
Como máximo sesenta días, y solo por el tiempo imprescindible para ejecutar la expulsión (art. 62 LO 4/2000). No cabe un nuevo internamiento por las mismas causas dentro del mismo expediente.
¿Puede acordarse el internamiento sin autorización judicial?
No. El artículo 62 LO 4/2000 exige en todo caso resolución judicial motivada, que debe valorar además el riesgo de incomparecencia del extranjero, considerando si ya se habían adoptado otras medidas cautelares menos gravosas del artículo 61.
Autoría y revisión editorial
Contenido elaborado bajo la dirección editorial de DERECHO ABOGADOS, verificando cada norma sobre fuentes oficiales (BOE y jurisprudencia).
Cada norma citada se verifica contra su texto consolidado en el BOE: se comprueba el identificador de la norma, que la redacción sea la vigente y que lo entrecomillado sea literal. Es una verificación editorial, no un visto colegiado. Este contenido es información general y no constituye asesoramiento legal sobre un caso concreto.