Represión

El concepto que la Ley de Memoria Democrática usa para definir quién es víctima y qué reparación le corresponde

Resumen rápido: La represión, en el sentido que hoy le da el Derecho español, es el conjunto de actuaciones que vulneraron derechos humanos y libertades fundamentales de personas y colectivos durante el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura, y que la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, toma como presupuesto para reconocer la condición de víctima y articular derechos de reparación.

Definición flash: La represión es el conjunto de actuaciones violatorias de derechos fundamentales sufridas por la población durante la Guerra Civil y la Dictadura, base legal del estatuto de víctima de la memoria democrática.

Etiqueta lingüística

«Represión» procede del latín repressio, de reprimere («contener», «reprimir», de re- «hacia atrás» y premere «apretar»). El significado común —contener por la fuerza una conducta— se mantiene en el uso jurídico, pero con una diferencia decisiva: mientras que reprimir un delito o un disturbio mediante el uso legítimo y proporcionado de la fuerza pública es una función lícita del Estado, la «represión» que emplea la Ley 20/2022 designa precisamente lo contrario, el ejercicio de violencia estatal SIN cobertura de legalidad ni de derechos fundamentales, dirigida contra la disidencia política, ideológica o de conciencia.

Definición técnica

La Ley 20/2022 construye todo su sistema de reconocimiento y reparación sobre la noción de represión, aunque no la defina en un único precepto: la reconstruye a través del catálogo de circunstancias del artículo 3.1, que sirve a su vez para delimitar quién tiene la condición de víctima a los efectos de la Ley. Ese catálogo incluye, entre otras, a quienes sufrieron privación de libertad o detención arbitraria, tortura o malos tratos por la lucha sindical o la oposición a la Dictadura; a quienes padecieron deportación, trabajos forzosos o internamiento en campos de concentración; a los exiliados; a quienes sufrieron «represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento» —letra e)—; a las personas LGTBI represaliadas por su orientación o identidad sexual; a quienes fueron depurados o represaliados profesionalmente por su oposición a la Dictadura; y a quienes sufrieron persecución por el uso de su lengua propia o por sus creencias religiosas o su pertenencia a la masonería.

El reconocimiento de la condición de víctima de la represión activa un catálogo de derechos: el artículo 30 de la Ley reconoce el derecho a la reparación integral —verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición—, y el artículo 31 regula específicamente la reparación de la represión económica, mediante la incautación de bienes y la imposición de sanciones a quien resulte responsable de aquellos actos, en la medida en que hoy sea jurídicamente posible reconstruir esa responsabilidad.

Aplicación práctica

Quien pretenda que un familiar sea reconocido como víctima de la represión franquista a los efectos de la Ley 20/2022 debe documentar la circunstancia concreta del artículo 3.1 en la que encaja el caso —fallecimiento, exilio, incautación de bienes, depuración profesional, sustracción del menor, etc.—, normalmente mediante certificaciones de archivos históricos, militares, penitenciarios o eclesiásticos, o mediante la información que facilite el Registro de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura que crea la propia Ley. El reconocimiento formal de la condición de víctima es la puerta de entrada a los derechos de reparación, y en su caso a las ayudas específicas que la Ley y su desarrollo reglamentario prevén.

Conviene distinguir, además, entre el reconocimiento administrativo de la condición de víctima —que no exige identificar a un responsable individual— y una eventual acción penal por los hechos represivos, que en la mayoría de los casos se enfrenta hoy a obstáculos de prescripción o a la imposibilidad práctica de identificar y enjuiciar a los responsables, ya fallecidos.

Contexto legal en España

El marco de referencia es la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que sustituye y amplía a la anterior Ley 52/2007. El artículo 3 define quién tiene la condición de víctima por remisión a las distintas formas de represión sufridas; el artículo 30 fija el contenido del derecho a la reparación integral; y el artículo 31 aborda específicamente la reparación de la represión económica. La Ley se complementa con el Registro de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y con las declaraciones de nulidad de las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia durante el periodo represivo.

Normas clave a tener en cuenta

Qué no es / diferencias clave

Uso legítimo de la fuerza pública: El uso proporcionado de la fuerza por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para mantener el orden público, dentro de los límites de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, es una actuación LÍCITA del Estado de Derecho. La REPRESIÓN que regula la Ley 20/2022 es, por definición, el ejercicio de violencia estatal AL MARGEN de esas garantías, contra la disidencia política durante un periodo —Guerra Civil y Dictadura— en que no regía un Estado de Derecho.
Crimen de lesa humanidad: Algunas conductas represivas pueden coincidir materialmente con las que hoy tipifica el CRIMEN DE LESA HUMANIDAD del artículo 607 bis del Código Penal, pero son categorías de planos distintos: la represión, en la Ley 20/2022, es el presupuesto de hecho que genera derechos de reconocimiento y reparación administrativa; el crimen de lesa humanidad es un tipo penal, sujeto a sus propias reglas de imputación, prueba y —salvo para los crímenes internacionales más graves— prescripción.
Represalia: La REPRESALIA, en el sentido de la Ley 2/2023 de protección del informante, es el perjuicio individual sufrido por una persona concreta a causa de una denuncia que ha presentado, en el ámbito laboral o profesional actual. La REPRESIÓN de la Ley de Memoria Democrática es un fenómeno histórico y colectivo de violencia estatal durante la Guerra Civil y la Dictadura, sin relación con aquel régimen de protección laboral.

Términos relacionados

Dato de autoridad

El artículo 3.1.e) de la Ley 20/2022 reconoce expresamente como víctimas a «las personas que padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento»: la represión, para la Ley, no se limita a la violencia física o la privación de libertad, también comprende el despojo patrimonial ejercido con fines políticos.

Preguntas frecuentes sobre represión

¿Qué es la represión según la Ley de Memoria Democrática?

Es el conjunto de actuaciones que vulneraron derechos humanos y libertades fundamentales durante el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura. El artículo 3.1 de la Ley 20/2022 la concreta a través de un catálogo de circunstancias —privación de libertad, tortura, exilio, incautación de bienes, depuración profesional, persecución por orientación sexual o creencias, entre otras— que dan a quien las sufrió la condición de víctima.

¿Qué es la represión económica?

Es una de las formas de represión reconocidas por el artículo 3.1.e) de la Ley 20/2022: la incautación y pérdida total o parcial de bienes, las multas, la inhabilitación profesional y el extrañamiento impuestos por motivos políticos durante la Guerra Civil y la Dictadura. La Ley articula en su artículo 31 mecanismos específicos para su reparación.

¿Qué derechos tiene quien es reconocido como víctima de la represión?

El artículo 30 de la Ley 20/2022 reconoce el derecho a la reparación integral, que incluye el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación propiamente dicha y a garantías de no repetición, además del acceso al Registro de Víctimas y a la información de archivos históricos que documenten su caso.

¿Se puede todavía perseguir penalmente a los responsables de la represión franquista?

En la práctica, resulta extremadamente difícil: los responsables individuales han fallecido en su gran mayoría y los tribunales españoles han venido aplicando las reglas generales de prescripción penal a estos hechos. La Ley 20/2022 opta por una vía distinta a la penal individual: el reconocimiento administrativo de la condición de víctima y la reparación integral, sin que ello dependa de identificar y condenar a un responsable concreto.

¿Es lo mismo represión que crimen de lesa humanidad?

No exactamente. La represión, tal como la emplea la Ley de Memoria Democrática, es el presupuesto de hecho histórico que da acceso a derechos de reconocimiento y reparación administrativa. El crimen de lesa humanidad es una figura penal distinta, regulada en el artículo 607 bis del Código Penal, con sus propios requisitos de tipicidad y sus propias reglas de imputación.

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