Tutela de derechos fundamentales en el orden social

Definición técnica

El artículo 177.1 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, legitima a cualquier trabajador o sindicato que invoque un derecho o interés legítimo para recabar la tutela de los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas -incluida la discriminación y el acoso- lesionados en el ámbito de las relaciones laborales o en conexión directa con ellas, incluso frente a terceros vinculados al empresario. El apartado 3 declara que el Ministerio Fiscal será siempre parte en estos procesos. El apartado 4 reconoce a la víctima de acoso o de lesión de derechos fundamentales legitimación exclusiva para elegir la clase de tutela pretendida. El artículo 178.1 limita el objeto del proceso al conocimiento de la lesión del derecho fundamental, sin posibilidad de acumulación con acciones de otra naturaleza. El artículo 179.1 declara la tramitación urgente a todos los efectos y preferente respecto de los demás procesos del juzgado o tribunal, exigiendo el apartado 3 que la demanda concrete con claridad los hechos constitutivos de la vulneración, el derecho infringido y la indemnización pretendida. El artículo 180 permite solicitar, en el mismo escrito de demanda, la suspensión de los efectos del acto impugnado y otras medidas cautelares necesarias para asegurar la efectividad de la tutela, con reglas específicas reforzadas en los casos de acoso o de violencia de género.