Ejecución provisional

Se pide sin fianza, y esa es la clave

Mucha gente asume que ganar en primera instancia no sirve de nada hasta que se resuelva el recurso. No es así.

Quien ha obtenido un pronunciamiento de condena a su favor en primera instancia puede pedir y obtener la ejecución provisional sin prestar caución. No hay que depositar nada ni garantizar la devolución por adelantado. Es una decisión deliberada de la ley: quien ya tiene una sentencia favorable no debería soportar la espera del recurso como si no la tuviera.

El momento para pedirla también está delimitado. Se puede solicitar desde que se notifica la resolución que tiene por interpuesto el recurso de apelación —o desde el traslado del escrito de adhesión al recurso— y siempre antes de que recaiga sentencia en la apelación. Si los autos ya se han remitido al tribunal que ha de resolver el recurso, hay que obtener de él testimonio de lo necesario y acompañarlo a la solicitud.

Solicitada, el tribunal la despacha. Solo puede negarse si la sentencia es de las excluidas por la ley o si no contiene un pronunciamiento de condena a favor de quien la pide.

Qué sentencias quedan fuera

La lista es cerrada y conviene conocerla antes de construir una estrategia sobre una ejecución que no va a poder pedirse.

No son provisionalmente ejecutables las sentencias dictadas en procesos sobre paternidad, maternidad, filiación, nulidad matrimonial, separación y divorcio, capacidad y estado civil, medidas de restitución o retorno de menores en sustracción internacional, y derechos honoríficos. Con una excepción importante: sí lo son los pronunciamientos que regulan las obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con el objeto principal del proceso. En un divorcio, eso cambia el panorama por completo.

Tampoco lo son las sentencias que condenan a emitir una declaración de voluntad, ni las que declaran la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial, ni las sentencias extranjeras no firmes salvo que un tratado disponga otra cosa.

Y hay un supuesto que se olvida con frecuencia: no procede la ejecución provisional de los pronunciamientos indemnizatorios de las sentencias que declaran la vulneración del derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen.

En sentido contrario, la ley da carácter preferente a la ejecución provisional de las sentencias que tutelan derechos fundamentales.

Qué puede hacer quien ha sido condenado

Menos de lo que suele creerse, y la diferencia depende de si la condena es de dinero o no.

Solo cabe oponerse una vez despachada la ejecución, y por causas tasadas. Si la condena no es dineraria, puede oponerse alegando que resultaría imposible o de extrema dificultad restaurar la situación anterior o compensarle económicamente si la sentencia se revocase después.

Si la condena es de dinero, no puede oponerse a la ejecución en sí. Solo puede oponerse a actuaciones ejecutivas concretas del apremio, y para ello tiene que hacer dos cosas a la vez: indicar otras medidas ejecutivas posibles que no causen ese perjuicio y ofrecer caución suficiente para responder de la demora. Si no indica alternativas ni ofrece caución, la oposición no procede y así se decreta de inmediato.

En ambos casos cabe además oponerse alegando el pago o el cumplimiento de lo ordenado —que hay que justificar documentalmente— o la existencia de pactos documentados en el proceso para evitar la ejecución provisional.

Hay una salida que a veces se pasa por alto: en las condenas dinerarias, el ejecutado puede lograr la suspensión poniendo a disposición del juzgado la cantidad, los intereses y las costas por las que se despachó la ejecución.

Sobre los recursos, conviene tener claro el mapa. Contra el auto que deniega la ejecución provisional cabe apelación, y se tramita con carácter preferente. Contra el que la despacha no cabe recurso alguno. Y contra el auto que resuelve la oposición tampoco cabe recurso.

Qué ocurre si después se revoca la sentencia

Aquí está el riesgo que hay que poner sobre la mesa antes de decidir, y no después.

Si el pronunciamiento ejecutado era de pago de dinero y se revoca totalmente, la ejecución se sobresee y quien cobró debe devolver lo percibido, reintegrar al ejecutado las costas de la ejecución provisional que este hubiera pagado y resarcirle de los daños y perjuicios que la ejecución le haya causado.

Si la revocación es parcial, se devuelve solo la diferencia entre lo percibido y lo que resulte de la confirmación parcial, incrementada anualmente con el tipo del interés legal del dinero desde el momento del cobro.

Dicho de forma directa: la ejecución provisional adelanta el cobro, pero no lo consolida. Quien la pide asume que, si el recurso prospera, tendrá que deshacer lo cobrado y responder de lo que su decisión haya costado a la otra parte. Es una decisión de estrategia y de solvencia, no un trámite automático.

Lo que cambió en 2024 con las costas

Es una novedad reciente y tiene efecto directo en la negociación.

Desde la reforma en vigor el 20 de marzo de 2024, las costas del proceso de ejecución provisional no son a cargo del ejecutado siempre que haya cumplido lo dispuesto en el auto que despachó la ejecución dentro del plazo de veinte días desde que le fue notificado.

Para quien ha sido condenado, eso convierte esos veinte días en una ventana con valor económico propio: cumplir dentro de plazo evita una partida de costas que antes se asumía como inevitable. Para quien ejecuta, significa que la presión de las costas ya no juega igual si la otra parte reacciona rápido.

Normas clave a tener en cuenta

• Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 524 (ejecución provisional de resoluciones judiciales)