Aplicable en España — basado en normativa española (BOE).1Lo primero: ¿mutuo acuerdo o contencioso?
Actualizado el 15 de septiembre de 2026. Los artículos citados en esta guía se revisan cuando cambia la norma que los fija; conviene comprobar la fecha de actualización antes de aplicar cualquier plazo o cifra a un caso real.
Desde la reforma de 2005, en España no hace falta alegar causa ni acreditar un periodo previo de separación para divorciarse: basta la voluntad de uno solo de los cónyuges, transcurridos tres meses desde la boda. El artículo 86 del Código Civil lo recoge así, y esa misma norma es la que decide si el proceso será de mutuo acuerdo o contencioso.
Y hay una excepción a esos tres meses que conviene conocer antes que ninguna otra cosa de esta guía. El artículo 86 remite a los requisitos del artículo 81, y este dispone que «no será preciso el transcurso de este plazo para la interposición de la demanda cuando se acredite la existencia de un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio». Es decir: si hay riesgo acreditado, no hay que esperar. Si estás en esa situación, el teléfono 016 atiende de forma gratuita y confidencial, y no deja rastro en la factura.
Mutuo acuerdo significa que ambos cónyuges están de acuerdo en divorciarse y en las condiciones -custodia, pensión, vivienda, bienes-. Si no hay hijos menores ni personas con capacidad modificada judicialmente, desde la Ley 15/2015 este divorcio puede formalizarse directamente ante notario, sin pasar por el juzgado; si hay hijos menores, el trámite se sustancia en el juzgado por la vía del artículo 777 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero suele resolverse en semanas, no en meses.
Contencioso significa que hay desacuerdo -en el fondo de la ruptura o solo en alguna de sus condiciones, como la custodia o la vivienda- y que la decisión final la toma un juez tras un procedimiento con pruebas y, normalmente, informe del Ministerio Fiscal cuando hay hijos menores. Es más largo, más caro y, casi siempre, más desgastante para los hijos que estar en medio del proceso: por eso conviene agotar primero la vía del acuerdo, aunque sea parcial, antes de asumir que todo el divorcio va a ser contencioso.
2Custodia y patria potestad: dos cosas distintas que se confunden constantemente
La guarda y custodia es con quién conviven habitualmente los hijos y quién asume el día a día -llevarlos al colegio, las comidas, las rutinas-. Puede ser exclusiva (con uno de los progenitores, con un régimen de visitas para el otro) o compartida (por periodos alternos entre ambos).
El artículo 92 del Código Civil ordena acordar la custodia compartida «cuando así lo soliciten los padres» en el convenio regulador o lleguen a ese acuerdo durante el procedimiento. Cuando la pide uno solo, el listón es bastante más alto de lo que suele contarse: el apartado 8 dice que el juez podrá acordarla «excepcionalmente», a instancia de una de las partes y con informe del Ministerio Fiscal, «fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor». No basta, por tanto, con que parezca la mejor opción entre varias: la ley exige que sea la única que protege adecuadamente ese interés. Antes de decidir, el apartado 6 obliga al juez a recabar informe del Ministerio Fiscal y a valorar la prueba y la relación de los padres entre sí y con sus hijos.
Hay además un supuesto en el que la custodia compartida no procede, y no depende de la valoración del juez sobre quién cuida mejor. El apartado 7 del mismo artículo lo excluye «cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por intentar atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos». Y añade que tampoco procederá «cuando el juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica o de género» —no hace falta condena—. Desde la reforma de 2021 se valoran a estos efectos los malos tratos a animales, o la amenaza de causarlos, como medio para controlar o victimizar a esas personas.
La patria potestad es algo distinto: es el conjunto de derechos y deberes sobre los hijos -velar por ellos, alimentarlos, educarlos, representarlos, administrar su patrimonio- que, salvo excepciones, se mantiene compartido por ambos progenitores estén o no divorciados y tengan o no la custodia. Perder la custodia no significa perder la patria potestad; son dos decisiones jurídicas independientes, y confundirlas lleva a errores frecuentes al negociar un convenio.
Precisamente porque es una medida grave, la privación de la patria potestad es excepcional, pero conviene citar bien el precepto: el artículo 170 del Código Civil permite privar de ella, total o parcialmente, «por sentencia fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o dictada en causa criminal o matrimonial». No exige, pues, un incumplimiento «grave y reiterado» —esa fórmula no está en la ley—, y la vía de la causa criminal o matrimonial es una segunda puerta distinta del incumplimiento. Dicho esto, sigue sin ser automática: ni el impago de la pensión ni una mala relación entre los progenitores la provocan por sí solos, y el mismo artículo permite recuperarla «cuando hubiere cesado la causa que motivó la privación», en beneficio e interés del hijo.
3El convenio regulador: el documento que fija todo lo demás
En un divorcio de mutuo acuerdo, el convenio regulador es el documento donde los cónyuges fijan por escrito las consecuencias de la ruptura: custodia y régimen de visitas, pensión de alimentos, uso de la vivienda familiar, liquidación del régimen económico matrimonial y, en su caso, pensión compensatoria.
No es un simple formulario que se rellena y se firma. El artículo 90 del Código Civil obliga al juez a denegar su aprobación cuando los acuerdos sean dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges -es el único de los pactos del divorcio que el juez puede rechazar de oficio-. Sobre lo que las partes deciden entre sí, el margen de negociación es amplio; sobre lo que deciden respecto a los hijos, el control judicial siempre está presente.
Cuando no hay acuerdo sobre alguno de estos puntos -normalmente custodia, vivienda o cuantía de la pensión-, no hay convenio posible en ese punto concreto: el juez lo resuelve en sentencia tras el procedimiento contencioso, aplicando los mismos criterios legales que habría tenido que respetar un convenio pactado.
4La pensión de alimentos: cómo se fija y qué cubre
La obligación de alimentos hacia los hijos no termina con el divorcio: el artículo 142 del Código Civil la define como todo lo indispensable para el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica, más la educación mientras el hijo sea menor de edad -o después, si no ha terminado su formación por una causa que no le sea imputable-.
En el contexto de un divorcio, es el artículo 93 del Código Civil el que ordena al juez fijar la contribución de cada progenitor a esos alimentos, «acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento». De esa fórmula legal se deriva, por práctica judicial constante, la distinción entre los gastos ordinarios (ya incluidos en la mensualidad de la pensión) y los extraordinarios (imprevisibles o no periódicos, como una intervención médica no cubierta por la sanidad pública, que se reparten aparte).
La cuantía no es una cifra fija por ley: depende de los ingresos de cada progenitor, el número de hijos, el régimen de custodia y el nivel de gastos habituales de la familia antes de la ruptura. No es, tampoco, definitiva para siempre: si cambian de forma sustancial las circunstancias económicas de cualquiera de las partes, cualquiera de los progenitores puede solicitar una modificación de la pensión ya fijada.
Antes de presentar la demanda de divorcio hay que intentar un acuerdo
Desde el 3 de abril de 2025, y esto alcanza también a los procesos de familia, la Ley Orgánica 1/2025 exige acudir previamente a un «medio adecuado de solución de controversias» para que la demanda sea admisible. El divorcio se tramita por los procesos especiales del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es uno de los dos bloques a los que la norma extiende el requisito, y el divorcio no figura entre las materias excluidas.
El requisito exige menos de lo que parece: se cumple, en palabras de la propia ley, «cuando la actividad negociadora se desarrolle directamente por las partes, o entre sus abogados o abogadas bajo sus directrices y con su conformidad». No hace falta mediador ni pagar por ello, aunque la mediación familiar es una de las vías posibles y en materia de custodia suele dar mejor resultado que el litigio. Lo que no se puede improvisar es el contenido: la ley exige identidad entre el objeto de la negociación y el objeto del litigio, y que en la demanda se describa esa negociación previa o la imposibilidad de llevarla a cabo.
Ojo con una excepción que sí opera en familia y que conviene no confundir: quedan fuera del requisito, entre otras, las medidas del artículo 158 del Código Civil —las que se piden para proteger a un menor frente a un peligro—, las de apoyo a personas con discapacidad, los procesos de filiación, paternidad y maternidad, y los supuestos de sustracción internacional de menores. Si lo que se necesita con urgencia es una de esas medidas, no hay que esperar a ninguna negociación previa.
Cuándo pedir ayuda profesional
Nada de lo anterior sustituye el análisis de un caso concreto: la custodia, la pensión y el reparto de bienes dependen de circunstancias familiares y económicas que varían mucho de una situación a otra, y un convenio mal redactado puede generar años de conflicto posterior. Conviene consultar con un abogado especialista en Derecho de familia antes de firmar un convenio regulador o de iniciar un procedimiento contencioso.
Preguntas frecuentes
¿Se puede divorciar uno solo de los cónyuges sin el consentimiento del otro?
Sí. Desde la Ley 15/2005, el artículo 86 del Código Civil permite el divorcio a petición de uno solo de los cónyuges, sin necesidad de alegar causa, transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio. Si el otro cónyuge no está de acuerdo, el proceso será contencioso. Y esos tres meses no se exigen si hay riesgo: el artículo 81, al que remite el 86, permite interponer la demanda de inmediato cuando se acredite un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante, de los hijos de ambos o de cualquier miembro del matrimonio.
¿Perder la custodia significa perder la patria potestad?
No. Son dos figuras distintas: la custodia es la convivencia habitual con los hijos, mientras que la patria potestad —el conjunto de derechos y deberes sobre ellos— normalmente se mantiene compartida por ambos progenitores. Solo se priva de ella por sentencia, y el artículo 170 del Código Civil prevé dos vías: que se funde en el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, o que se dicte «en causa criminal o matrimonial». Perder la custodia no es ninguna de las dos.
¿Puede haber custodia compartida si hay denuncia por violencia de género?
No. El artículo 92.7 del Código Civil excluye la guarda conjunta cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procede cuando el juez aprecie indicios fundados de violencia doméstica o de género a la vista de las alegaciones y las pruebas: no hace falta que haya condena.
¿Puede el juez rechazar un convenio regulador ya firmado por ambos cónyuges?
Sí. El artículo 90 del Código Civil obliga al juez a denegar su aprobación cuando los acuerdos sean dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges, aunque ambos lo hayan firmado voluntariamente.
¿Qué cubre exactamente la pensión de alimentos de los hijos?
Según el artículo 142 del Código Civil, cubre el sustento, la habitación, el vestido, la asistencia médica y la educación mientras el hijo sea menor de edad (o después, si no ha terminado su formación por causa no imputable). Los gastos extraordinarios -imprevisibles o no periódicos- se reparten aparte, según práctica judicial derivada del artículo 93 del Código Civil.
¿Se puede modificar la pensión de alimentos después de fijada?
Sí, si cambian de forma sustancial las circunstancias económicas de cualquiera de las partes -por ejemplo, una pérdida de empleo o un aumento relevante de ingresos-, cualquiera de los progenitores puede solicitar judicialmente una modificación de la pensión ya fijada.
¿Se pueden cambiar la custodia o el régimen de visitas ya fijados?
Sí, pero no por cualquier motivo ni por acuerdo privado: hace falta ir al juzgado y acreditar un cambio de fondo. El Código Civil lo resume en su artículo 91: «Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias». El procedimiento está en el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dice quién puede pedirlo y con qué requisito: «El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o hijos con discapacidad con medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores y, en todo caso, los cónyuges, podrán solicitar del Tribunal que acordó las medidas definitivas, la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas». Dos detalles prácticos que ahorran tiempo y dinero: se pide ante el mismo tribunal que acordó las medidas, y si los dos estáis de acuerdo el trámite es más corto, porque cuando la petición la hacen ambos o uno con el consentimiento del otro acompañando propuesta de convenio, «regirá el procedimiento establecido en el artículo 777». Además, las partes pueden pedir «la modificación provisional de las medidas definitivas» mientras se resuelve.
No estábamos casados, éramos pareja de hecho. ¿Cambia algo?
Para los hijos, no cambia casi nada; para lo vuestro como pareja, cambia bastante. Respecto a los hijos, la obligación no nace del matrimonio: el artículo 110 del Código Civil es tajante y no menciona el vínculo entre los progenitores: «Aunque no ostenten la patria potestad, ambos progenitores están obligados a velar por los hijos menores y a prestarles alimentos». Y la ley procesal prevé expresamente el pleito sin divorcio de por medio: el artículo 748 de la Ley de Enjuiciamiento Civil aplica las reglas especiales de los procesos de familia a «los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores». Lo que sí queda fuera son los efectos pensados para el matrimonio: la compensación del artículo 97 del Código Civil está escrita para «El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro». Antes de dar nada por perdido en ese terreno, comprueba la ley de parejas de hecho de tu comunidad autónoma: varias tienen norma propia y no todas regulan lo mismo.