Accidentes de tráfico: cómo reclamar una indemnización

1El primer paso no es el juzgado: la reclamación a la aseguradora

Actualizado el 15 de septiembre de 2026. Comprueba siempre esta fecha antes de aplicar cualquier plazo a tu caso.

Si tienes identificado el vehículo responsable y su aseguradora, el camino no empieza con una demanda: empieza obligatoriamente con una reclamación a esa aseguradora. No es una costumbre del sector ni una recomendación: el artículo 7.1 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor dice que «con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, deberán comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda». Presentada esa reclamación, la aseguradora tiene tres meses para responder: una oferta motivada de indemnización si entiende que hay responsabilidad y el daño está cuantificado, o una respuesta motivada explicando por qué no ofrece nada, si es lo que corresponde.

La ley dice qué debe contener esa reclamación: la identificación y los datos de quien reclama, una declaración sobre las circunstancias del hecho, la identificación del vehículo y del conductor si se conocen, y cuanta información médica, asistencial o pericial se tenga para poder valorar el daño. Lo que no hace falta es poner una cifra: «la reclamación extrajudicial no requerirá estar cuantificada incluso si el reclamante dispusiera de todos los elementos para poder calcularla y cuantificarla». Esto último importa cuando las lesiones aún no se han estabilizado: se reclama igual, sin cerrar el importe. Y tiene un efecto que conviene no perder de vista: esa reclamación interrumpe el plazo de prescripción, y cuando llegue la oferta o la respuesta motivada empieza a contar un año nuevo.

Cuanta más documentación aportes con la reclamación —parte del accidente, informes médicos, facturas, presupuesto de reparación—, más rápido y ajustado puede ser el análisis de la aseguradora. No es un trámite meramente formal: si la aseguradora no cumple con este procedimiento o se demora sin causa, incurre en mora, y el artículo 9 del texto refundido remite al artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. Conviene saber la cifra, porque es un argumento de negociación de primer orden: el interés de demora es el legal del dinero incrementado en el 50 por 100 y, además, «transcurridos dos años desde la producción del siniestro, el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100». Esos intereses se imponen de oficio por el juez. La aseguradora se libra de ellos si presentó en plazo una oferta motivada ajustada a la ley, y sólo respecto de la cantidad ofertada y pagada o consignada.

2¿Y si el culpable se dio a la fuga, no tenía seguro o su aseguradora quebró?

Hay a quién reclamar, y no es un consuelo teórico: es el Consorcio de Compensación de Seguros. El artículo 11 del texto refundido le encarga indemnizar precisamente los casos en los que el sistema normal falla. Si el vehículo causante es desconocido —el clásico golpe y fuga—, responde de los daños en las personas; y también de los daños en los bienes si hubo daños personales significativos, que el propio precepto define como «la muerte, la incapacidad permanente o la incapacidad temporal que requiera, al menos, una estancia hospitalaria superior a tres días», con una franquicia que reglamentariamente puede llegar a 500 euros. Si el vehículo está identificado pero no tenía seguro, o era robado, o la aseguradora ha sido declarada en concurso o es insolvente, el Consorcio responde tanto de los daños personales como de los materiales.

Dos reglas que conviene tener claras antes de dar nada por perdido. La primera: tienes acción directa contra el Consorcio (artículo 11.3), igual que la tendrías contra una aseguradora. La segunda, que es la que más gente ignora: no te pueden exigir que demuestres primero que el responsable no puede pagar o no quiere —el artículo 11.5 lo prohíbe expresamente—. Sí hay una exclusión que conviene conocer: en los casos de vehículo sin seguro o robado, no se indemniza a quien viajaba voluntariamente en el coche sabiendo que no estaba asegurado o que era robado, y la ley carga esa prueba al Consorcio, no a ti.

3Qué indemniza el baremo: la Ley 35/2015

La indemnización por daños personales en accidentes de tráfico no se negocia libre de referencia: se calcula con un sistema de tablas, conocido como baremo, introducido por la Ley 35/2015 dentro del texto refundido de la ley de responsabilidad civil y seguro. Distingue tres situaciones —muerte, secuelas y lesiones temporales— y, dentro de cada una, tres tipos de perjuicio.

El perjuicio personal básico indemniza el daño en sí (el dolor, la pérdida, la limitación funcional) con cantidades tasadas según su gravedad. Los perjuicios particulares añaden circunstancias específicas de la víctima —por ejemplo, secuelas que afectan especialmente a su actividad profesional o a su vida familiar—. El perjuicio patrimonial cubre lo económico: el daño emergente (gastos médicos, de rehabilitación, adaptación de vivienda o vehículo) y el lucro cesante (los ingresos que se dejan de percibir por no poder trabajar). Las cuantías se actualizan cada año.

Este sistema busca dejar a la víctima en una posición lo más parecida posible a la que tendría si el accidente no hubiera ocurrido, y por eso conviene documentar cada partida —gastos, bajas, informes periciales— en vez de asumir que la aseguradora ya los va a tener en cuenta por sí sola.

4Si la vía amistosa no funciona: la vía judicial

Cuando la aseguradora no responde en plazo, ofrece una cantidad manifiestamente insuficiente o niega la responsabilidad sin fundamento, el siguiente paso es la reclamación judicial. Estas demandas no tienen un cauce procesal especial por razón de la materia: siguen la regla general de la LEC según su cuantía —juicio verbal si no supera los 15.000 euros, juicio ordinario si los supera—, salvo que concurra alguna de las materias específicas del artículo 250.1 de la LEC, que no incluye los accidentes de circulación como categoría propia.

Antes de presentar esa demanda hay que comprobar una cosa, porque desde el 26 de julio de 2025 puede tumbarla en la puerta. El artículo 7.8 del texto refundido, en la redacción que le dio la Ley 5/2025, dice que «no se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la oferta o respuesta motivada, si se hubiese emitido por el asegurador o, en caso de no haberse emitido, la reclamación previa al asegurador, que no requerirá cuantificación». Es decir: con la demanda hay que aportar la oferta o la respuesta que dio la aseguradora y, si nunca contestó, el justificante de la reclamación que se le hizo. Por eso conviene reclamar siempre por un medio que deje constancia de la fecha y del contenido y guardar el acuse: ese papel es el que abre la puerta del juzgado. La misma norma ofrece una alternativa antes de litigar: recibida la oferta o la respuesta, o agotado el plazo para darla, se puede acudir a uno de los medios adecuados de solución de controversias del artículo 14 en lugar de demandar.

En la práctica, la responsabilidad civil del conductor responsable y de su aseguradora suele acreditarse con el atestado policial (si lo hubo), los partes amistosos firmados por ambos conductores, testigos y, en su caso, un informe pericial que reconstruya cómo ocurrió el accidente cuando hay discrepancia sobre quién tuvo la culpa.

¿Y el intento de acuerdo obligatorio del que se habla desde 2025? Ya lo has hecho. La Ley Orgánica 1/2025 exige, desde el 3 de abril de 2025, acudir a un «medio adecuado de solución de controversias» antes de demandar en los procesos declarativos del libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil —que es por donde va esta reclamación—, y ninguna de las ocho materias que excluye cubre los accidentes de tráfico. Pero no son dos trámites: la reclamación al asegurador vale como ese intento de acuerdo. La propia ley da por cumplido el requisito con «cualquier otro tipo de actividad negociadora, reconocida en esta u otras leyes» o «en una ley sectorial», y singularmente «cuando la actividad negociadora se desarrolle directamente por las partes». Lo que sí tienes que hacer es contarlo en la demanda: el artículo 399 de la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a incluir la descripción de esa negociación previa, y el 403.2 sanciona su ausencia con la inadmisión. Guarda el burofax, el acuse y la respuesta del asegurador: son la prueba de las dos cosas a la vez.

5El plazo: un año, desde cuándo cuenta y cuándo vuelve a empezar

La acción para reclamar por los daños de un accidente de tráfico es de responsabilidad extracontractual, y su plazo lo fija el artículo 1968.2 del Código Civil: un año, contado desde que el perjudicado tuvo conocimiento del daño. En la práctica, ese punto de partida no siempre es el día del accidente: si hay lesiones que tardan en estabilizarse, el plazo suele empezar a contar desde el alta médica definitiva, que es cuando se conoce el alcance real del daño y puede cuantificarse.

Y aquí está el dato que más dinero cuesta ignorar: reclamar no sólo interrumpe el plazo, sino que la respuesta de la aseguradora abre uno nuevo y entero. El mismo artículo 7 dispone que la reclamación, comunicación o notificación «interrumpirá el cómputo del plazo de prescripción desde el momento en que se presente al asegurador» y que «en el momento en el que se notifique fehacientemente la oferta o la respuesta motivada se iniciará un nuevo plazo de prescripción de un año».

Traducido al caso corriente: si ya reclamaste y la aseguradora te ha notificado fehacientemente su oferta motivada o su respuesta motivada, no cuentas el año desde el alta médica: tienes un año completo desde esa notificación. Merece la pena guardar el justificante de esa notificación con su fecha, porque es la que manda. La prisa mal entendida tiene un coste concreto: quien cree que le quedan semanas acepta lo que le ofrecen, y esa creencia es justo lo que la ley corrige aquí. Lo que sí conviene es no dejar morir una negociación sin respuesta formal, porque sin oferta ni respuesta motivada notificadas no hay plazo nuevo que contar.

6Novedad reciente: qué cambia la reforma de julio de 2025

La Ley 5/2025, de 24 de julio, en vigor desde el 26 de julio de 2025, modificó el texto refundido de la ley de responsabilidad civil y seguro en dos puntos que conviene conocer. Primero, amplía la definición de «hecho de la circulación» para cubrir con más claridad accidentes ocurridos en espacios privados —fincas, polígonos, aparcamientos— y situaciones en las que el vehículo estaba detenido pero cumpliendo su función de transporte, no solo mientras circulaba.

Segundo, crea un seguro obligatorio específico para vehículos personales ligeros (VPL) —patinetes eléctricos y similares que no entran en el concepto legal de «vehículo a motor»—: la obligación de aseguramiento entró en vigor el 2 de enero de 2026, y el Real Decreto 52/2026 (BOE 30 de enero de 2026) desarrolló el Registro Nacional de VPL en el que hay que inscribir el vehículo antes de poder asegurarlo o circular con él. Si tu accidente involucra uno de estos vehículos, es relevante saber que a día de hoy la cobertura y las obligaciones del propietario ya son exigibles, y son distintas de las que había antes de esta reforma.

Y tercero, el cambio que más afecta a quien reclama y que suele pasar desapercibido porque es procesal: la misma Ley 5/2025 reescribió el artículo 7 para convertir la reclamación previa a la aseguradora en un requisito de admisión de la demanda, en los términos que se explican más arriba. Quien tenga un siniestro abierto de antes conviene que revise si conserva el justificante de lo que reclamó y de lo que le contestaron.

Nada de lo anterior sustituye el análisis de tu caso concreto: la cuantía real de la indemnización depende de tus lesiones, tus ingresos y las circunstancias exactas del accidente. Si has sufrido un accidente de tráfico, consulta cuanto antes con un abogado especialista en responsabilidad civil y tráfico, sobre todo si hay lesiones cuya evolución todavía no está cerrada.

Preguntas frecuentes

Fuentes

• Real Decreto Legislativo 8/2004, texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (art. 7) (se abre en una pestaña nueva)
• Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (art. 20) (se abre en una pestaña nueva)
• Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (se abre en una pestaña nueva)
• Ley 5/2025, de 24 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la LRCSCVM (se abre en una pestaña nueva)
• Real Decreto de 24 de julio de 1889, Código Civil (art. 1968.2) (se abre en una pestaña nueva)
• Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (art. 250) (se abre en una pestaña nueva)