Artículo 28. Procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia del derecho a las prestaciones del sistema.
Vigente a fecha 2026-10-23
Última reforma: 15 de julio de 2012
Aplicable en España — Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia L. Dependencia (BOE-A-2006-21990).
1. El procedimiento se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación, estableciéndose un plazo máximo de 3 meses para su resolución.
2. El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio del Estado.
3. La resolución a la que se refiere el apartado anterior determinará los servicios o prestaciones que corresponden a la persona solicitante según el grado de dependencia.
4. En el supuesto de que haya un cambio de residencia, la Comunidad Autónoma de destino determinará, en función de su red de servicios y prestaciones, los que correspondan a la persona en situación de dependencia.
5. Los criterios básicos de procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y las características comunes del órgano y profesionales que procedan al reconocimiento serán previamente consensuados en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
6. Los servicios de valoración de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas previstas en la presente ley, se efectuarán directamente por las Administraciones Públicas, no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades privadas.
7. La tramitación de los expedientes guardará el orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que, de oficio, se acuerde motivadamente lo contrario cuando la intersección de factores económicos, de accesibilidad, habitacionales, de condiciones de salud, aislamiento social, régimen penal penitenciario o violencia de género o sexual sitúen a la persona en una situación de especial vulnerabilidad. En estos casos, el expediente se tramitará de urgencia.
Este artículo ha tenido 2 redacciones desde su publicación y el texto de arriba es el vigente desde el 15 de julio de 2012. Si has leído otra versión —en un blog, en un modelo antiguo o en una sentencia— aquí puedes ver desde cuándo dejó de aplicarse.
- 15 de julio de 2012 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (se abre en una pestaña nueva)Vigente
- 1 de enero de 2007 Redacción original de la norma
Historial extraído del texto consolidado del BOE (BOE-A-2006-21990); cada fecha es la de entrada en vigor de esa redacción, no la de publicación de la norma que la dio.
Qué regula, y lo que cambia el 23 de octubre de 2026
Regula el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones. El artículo 2.27 de la Ley 4/2026, de 1 de octubre, le dio nueva redacción con efectos desde el 23 de octubre de 2026, ahora en siete apartados. El rótulo se reproduce tal como lo publica el BOE.
- Plazo máximo de 3 meses (ap. 1). El procedimiento se inicia a instancia de la persona o de quien la represente, «estableciéndose un plazo máximo de 3 meses para su resolución».
- Orden de tramitación y urgencia (ap. 7, nuevo). Los expedientes guardan el orden de incoación, salvo que de oficio se acuerde motivadamente lo contrario cuando la intersección de factores económicos, de accesibilidad, habitacionales, de salud, de aislamiento social, de régimen penal penitenciario o de violencia de género o sexual sitúe a la persona en especial vulnerabilidad. «En estos casos, el expediente se tramitará de urgencia».
- Criterios básicos del procedimiento (ap. 5). Ya no «serán acordados» por el Consejo Territorial: serán «previamente consensuados» en él.
Dos plazos distintos que conviven
El plazo de 3 meses del artículo 28.1 no sustituye al de la disposición final primera, apartado 2, que sigue vigente el 23 de octubre de 2026. Esa disposición fija en seis meses el plazo máximo «entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia», tanto si la Administración tramita en un solo procedimiento como si los separa.
Lo que sale del texto
La remisión a la Ley 30/1992, derogada desde 2016, que el apartado 1 seguía conteniendo. La disposición final primera remite ahora a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.
Lo que no cambia
El reconocimiento lo resuelve la Administración autonómica de residencia y «tendrá validez en todo el territorio del Estado» (ap. 2). La resolución determina los servicios o prestaciones según el grado (ap. 3). En caso de cambio de residencia, la comunidad de destino decide según su red (ap. 4). Y la valoración, la prescripción y la gestión de las prestaciones económicas no pueden delegarse, contratarse ni concertarse con entidades privadas (ap. 6).
Errores frecuentes
Confundir los dos plazos. Los 3 meses son el máximo para resolver el procedimiento del artículo 28. Los seis meses de la disposición final primera van desde la solicitud hasta la resolución de reconocimiento de la prestación.
¿Cuánto puede tardar la Administración en resolver mi solicitud de dependencia?
Desde el 23 de octubre de 2026, el artículo 28.1 fija un plazo máximo de 3 meses para resolver el procedimiento. Además, la disposición final primera mantiene un plazo máximo de seis meses entre la entrada de la solicitud y la resolución de reconocimiento de la prestación.
¿Se tramitan las solicitudes por orden de llegada?
Sí, como regla: el artículo 28.7 manda guardar el orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza. La excepción es que se acuerde motivadamente lo contrario, de oficio, cuando la concurrencia de factores económicos, de accesibilidad, habitacionales, de salud, aislamiento social, régimen penal penitenciario o violencia de género o sexual sitúe a la persona en especial vulnerabilidad. En ese caso el expediente se tramita de urgencia.
Si me mudo a otra comunidad autónoma, ¿pierdo el grado?
No. El reconocimiento de la situación de dependencia tiene validez en todo el territorio del Estado (art. 28.2). Lo que decide la comunidad de destino, según su red de servicios y prestaciones, es cuáles le corresponden (art. 28.4).
¿Puede valorarme una empresa privada?
No. Los servicios de valoración, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas se efectúan directamente por las Administraciones Públicas y no pueden delegarse, contratarse ni concertarse con entidades privadas (art. 28.6).
Información general con fines divulgativos. El texto vigente se coteja de forma mecánica con el texto consolidado del BOE (se abre en una pestaña nueva); no sustituye al asesoramiento de un abogado sobre tu caso concreto.