Artículo 1. Ámbito general del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Vigente a fecha 2026-08-23
Aplicable en España — Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa LJCA (BOE-A-1998-16718).Citado en 2 páginas del portal
1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
2. Se entenderá a estos efectos por Administraciones públicas:
a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración local.
d) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.
3. Conocerán también de las pretensiones que se deduzcan en relación con:
a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.
b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Qué regula
Delimita el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional contencioso-administrativo: la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, las disposiciones reglamentarias de rango inferior a la ley y los decretos legislativos que excedan los límites de la delegación legislativa. Define qué se entiende por Administraciones públicas a estos efectos y extiende el control a determinados actos de órganos constitucionales (Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo) en materia de personal y gestión patrimonial.
Cómo se aplica en la práctica
Es la referencia obligada para determinar si una controversia con la Administración debe plantearse ante el orden contencioso-administrativo o ante otro orden jurisdiccional (civil, social); el criterio decisivo es que la actuación esté sujeta a Derecho Administrativo, lo que excluye la actuación de la Administración sometida a Derecho privado.
Errores frecuentes
Impugnar ante el orden contencioso-administrativo una actuación de un ente público que, pese a su naturaleza pública, actúa sometido a Derecho privado (por ejemplo, una sociedad mercantil pública en su actividad ordinaria de mercado), cuando la vía correcta sería la civil.
Revisado por Eugenia de Araujo González.
Términos del diccionario que lo citan
Información general con fines divulgativos. El texto vigente se coteja de forma mecánica con el texto consolidado del BOE (se abre en una pestaña nueva); no sustituye al asesoramiento de un abogado sobre tu caso concreto.