Artículo 100. Medios de ejecución forzosa.

Qué regula

El art. 100 LPAC enumera los cuatro medios de ejecución forzosa de que dispone la Administración para hacer cumplir sus actos cuando el obligado no lo hace voluntariamente: el apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas, todos ellos sujetos siempre al principio de proporcionalidad. Cuando sean varios los medios admisibles para un mismo caso, la Administración debe elegir el menos restrictivo de la libertad individual. Y si para ejecutar el acto fuera necesario entrar en el domicilio del afectado o en otros lugares que requieran la autorización de su titular, la Administración debe obtener el consentimiento de este o, en su defecto, la correspondiente autorización judicial.

Cómo se aplica en la práctica

Es la norma marco que rige cualquier actuación coactiva de la Administración, desde un embargo o una demolición subsidiaria hasta la imposición reiterada de multas coercitivas, y obliga a motivar por qué se elige un medio determinado cuando existen alternativas menos gravosas. La exigencia de autorización judicial de entrada en domicilio del apartado 3 es el fundamento de los procedimientos de autorización de entrada que se tramitan ante los juzgados de lo contencioso-administrativo cuando el titular no consiente.

Errores frecuentes

Se asume que la Administración puede entrar en un domicilio para ejecutar un acto, por ejemplo una orden de demolición o desalojo, sin más trámite que su propia decisión: el apartado 3 exige siempre el consentimiento del titular o, si falta, la previa autorización judicial. También se confunde la compulsión sobre las personas con la multa coercitiva, cuando son medios de distinta naturaleza y gravedad: la compulsión directa sobre la persona, por ser la más restrictiva de la libertad individual, solo procede cuando no existe otra alternativa menos gravosa disponible.