Artículo 109. Revocación de actos y rectificación de errores.

Qué regula

El art. 109 LPAC contempla dos potestades distintas de la Administración sobre sus propios actos firmes. La primera, en el apartado 1, es la revocación de actos de gravamen o desfavorables, posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que la revocación no constituya una dispensa o exención no permitida por las leyes ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. La segunda, en el apartado 2, es la rectificación, en cualquier momento y de oficio o a instancia de los interesados, de los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en los actos administrativos.

Cómo se aplica en la práctica

La revocación es el cauce por el que la Administración puede dejar sin efecto, en beneficio del interesado, un acto que le perjudica, como una sanción o una denegación, sin necesidad de dictamen del Consejo de Estado ni de acudir a los tribunales, a diferencia del régimen mucho más garantista que rige para los actos favorables de los arts. 106 y 107. La rectificación de errores del apartado 2 es en cambio un instrumento de alcance muy limitado: solo permite corregir errores materiales, de hecho o de cálculo evidentes y objetivamente verificables, nunca reabrir la valoración jurídica del acto.

Errores frecuentes

Se intenta utilizar la rectificación de errores del apartado 2 para corregir una valoración jurídica equivocada o cambiar el sentido de fondo de una resolución, cuando este cauce solo sirve para errores materiales, de hecho o aritméticos manifiestos, y no para reabrir el debate sobre el acuerdo adoptado. También se confunde la revocación de actos desfavorables, sujeta únicamente a los límites materiales del apartado 1 y sin exigencia de dictamen consultivo, con la revisión de oficio de actos favorables nulos del art. 106, que sí requiere dictamen del Consejo de Estado, o con la declaración de lesividad de actos favorables anulables del art. 107.