Artículo 49. Contenido de los convenios.
Vigente a fecha 2026-08-20
Aplicable en España — Ley de Régimen Jurídico del Sector Público LRJSP (BOE-A-2015-10566).
Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior deberán incluir, al menos, las siguientes materias:
a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurídica con que actúa cada una de las partes.
b) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella o de las Universidades públicas.
c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.
d) Obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, indicando su distribución temporal por anualidades y su imputación concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria.
e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento.
f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.
h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:
1.º Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.
2.º En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.
En el caso de convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, esta prórroga deberá ser comunicada al Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación al que se refiere la disposición adicional séptima.
Qué regula
El art. 49 enumera el contenido mínimo obligatorio de un convenio: sujetos que lo suscriben y capacidad jurídica de cada parte, competencia en que se fundamenta la actuación de cada Administración u organismo, objeto y actuaciones a realizar por cada sujeto, obligaciones y compromisos económicos con su distribución por anualidades, consecuencias del incumplimiento y, en su caso, criterios de indemnización, mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución, régimen de modificación (que a falta de previsión expresa exige acuerdo unánime de los firmantes) y plazo de vigencia.
Cómo se aplica en la práctica
Es la lista de comprobación obligatoria al redactar cualquier convenio administrativo: la ausencia de alguna de estas menciones —especialmente el plazo de vigencia o el mecanismo de seguimiento— puede viciar el convenio o generar inseguridad jurídica sobre su duración y su gestión.
Errores frecuentes
Omitir el mecanismo de seguimiento, vigilancia y control exigido por el art. 49.f), que es precisamente el órgano llamado a resolver los problemas de interpretación y cumplimiento del convenio: sin él, cualquier discrepancia entre las partes carece de cauce previsto para resolverse.
¿Qué ocurre si un convenio no prevé expresamente su régimen de modificación?
Conforme al art. 49.g), a falta de regulación expresa, la modificación del contenido del convenio requiere el acuerdo unánime de todos los firmantes.
¿Es obligatorio incluir un mecanismo de seguimiento en todo convenio?
Sí, el art. 49.f) lo exige como contenido mínimo, precisamente para resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse durante su ejecución.
Información general con fines divulgativos. El texto vigente se coteja de forma mecánica con el texto consolidado del BOE (se abre en una pestaña nueva); no sustituye al asesoramiento de un abogado sobre tu caso concreto.