Convenio administrativo

Definición técnica

El artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, permite a las Administraciones Públicas, sus organismos y entidades vinculadas, y las universidades públicas, suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin cesión de la titularidad de la competencia. El apartado 2 atribuye la competencia para celebrar convenios, en el ámbito de la Administración General del Estado, a los titulares de los Departamentos Ministeriales y a los presidentes o directores de las entidades y organismos públicos vinculados o dependientes. El apartado 3 exige que su suscripción mejore la eficiencia de la gestión pública, facilite la utilización conjunta de medios y servicios, contribuya a actividades de utilidad pública y cumpla la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Los apartados 4 a 6 someten los convenios con compromisos financieros a la legislación presupuestaria, exigiendo sostenibilidad financiera de quienes los suscriben y que las aportaciones comprometidas no superen los gastos derivados de su ejecución. El apartado 7 exige, cuando el convenio instrumente una subvención, cumplir la Ley General de Subvenciones, y cuando delegue competencias en una entidad local, la LRBRL. El apartado 8 fija que los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de las partes, siendo eficaces, en el caso de la Administración General del Estado, una vez inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, y publicados en el Boletín Oficial del Estado en el plazo de diez días hábiles. El apartado 9 excluye expresamente de este régimen a las encomiendas de gestión y a los acuerdos de terminación convencional de procedimientos administrativos.