Artículo 367. Responsabilidad solidaria por las deudas sociales.

Qué regula

El art. 367 establece la responsabilidad solidaria de los administradores por las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de una causa legal o estatutaria de disolución, en dos supuestos concretos (apartado 1): que incumplan la obligación de convocar la junta general en el plazo de dos meses desde que concurre la causa de disolución —o, si el nombramiento es posterior, desde la aceptación del cargo— para que la junta adopte el acuerdo de disolución o los acuerdos necesarios para remover la causa; o que, no habiéndose adoptado el acuerdo de disolución o no habiéndose constituido la junta, no soliciten la disolución judicial en el plazo de dos meses desde la fecha prevista para la junta o desde el día de su celebración. La responsabilidad alcanza las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución o, si el nombramiento del administrador es posterior, las posteriores a la aceptación de su nombramiento. El apartado 2 establece una presunción, salvo prueba en contrario, de que las obligaciones sociales reclamadas judicialmente por acreedores legítimos son de fecha posterior al acaecimiento de la causa de disolución o a la aceptación del nombramiento. El apartado 3 exonera de esta responsabilidad a los administradores que, dentro del plazo de dos meses desde el acaecimiento de la causa de disolución o desde la aceptación del nombramiento, hubieran comunicado al juzgado la existencia de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración, o hubieran solicitado la declaración de concurso de la sociedad; si el plan de reestructuración no se alcanza, el plazo de dos meses se reanuda desde que la comunicación deja de producir efectos.

Cómo se aplica en la práctica

Esta responsabilidad solidaria deriva del propio incumplimiento del deber legal de convocar la junta o de instar la disolución judicial en plazo, y solo alcanza las obligaciones sociales nacidas después de que concurriera la causa de disolución (o, para administradores nombrados con posterioridad, después de aceptar el cargo); no se extiende a deudas anteriores a ese momento. La presunción del apartado 2 favorece al acreedor: ante una reclamación judicial, se presume que la deuda es posterior a la causa de disolución, y corresponde al administrador probar lo contrario si quiere excluirla de su responsabilidad. El administrador dispone de una vía de exoneración expresa: comunicar formalmente al juzgado, dentro del plazo de dos meses, la existencia de negociaciones con los acreedores para un plan de reestructuración, o solicitar directamente el concurso de la sociedad.

Errores frecuentes

Un error grave es asumir que la responsabilidad solidaria del art. 367 alcanza todas las deudas de la sociedad, cuando el precepto la limita expresamente a las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa de disolución (o a la aceptación del nombramiento, si este es posterior). Otro error frecuente es pensar que basta con negociar informalmente con los acreedores para quedar exonerado, cuando el apartado 3 exige una comunicación formal al juzgado sobre la existencia de esas negociaciones —o la solicitud de concurso— dentro del plazo estricto de dos meses; fuera de ese plazo, o sin esa comunicación formal, la exoneración no opera.