Artículo 10. Derecho a la protección de la salud.
Vigente a fecha 2026-10-08
Aplicable en España — Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social TRLGDPD (BOE-A-2013-12632).
1. Las personas con discapacidad tienen derecho a la protección de la salud, incluyendo la prevención de la enfermedad y la protección, promoción y recuperación de la salud, sin discriminación por motivo o por razón de discapacidad, prestando especial atención a la salud mental y a la salud sexual y reproductiva.
2. Las actuaciones de las Administraciones públicas y de los sujetos privados prestarán atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad, conforme a la legislación sanitaria general y sectorial vigente. En particular se tendrán en cuenta las obligaciones en materia de accesibilidad en el ámbito sanitario. A tal efecto, garantizarán también la eliminación de las barreras lingüísticas o culturales que dificulten el acceso efectivo a la atención sanitaria de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, incluyendo a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
3. Las administraciones públicas desarrollarán las actuaciones necesarias para la coordinación de la atención de carácter social y de carácter sanitario, de forma efectiva y eficiente, dirigida a las personas que por problemas de salud asociados a su discapacidad tienen necesidad simultánea o sucesiva de ambos sistemas de atención, y promoverán las medidas necesarias para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y prestaciones relacionadas con su salud en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos.
4. Los poderes públicos adoptarán las medidas precisas para asegurar la accesibilidad universal en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
Qué regula
El art. 10 reconoce el derecho a la protección de la salud —prevención de la enfermedad y protección, promoción y recuperación de la salud— sin discriminación por motivo o por razón de discapacidad, con atención especial a la salud mental y a la salud sexual y reproductiva, y con las actuaciones y prestaciones que determine la normativa sanitaria. Desde el 23 de octubre de 2026, por el art. 1.8 de la Ley 4/2026, el artículo pasa de 1.129 a 1.790 caracteres: se reescribe el apartado 2 y se añade un apartado 4.
Cómo se aplica en la práctica
Su alcance se juega en la accesibilidad efectiva de la asistencia, y la reforma lo escribe en la norma en vez de dejarlo a la interpretación. El apartado 2 añade que «en particular se tendrán en cuenta las obligaciones en materia de accesibilidad en el ámbito sanitario» y, sobre todo, obliga a garantizar la eliminación de las barreras lingüísticas o culturales que dificulten el acceso efectivo a la atención sanitaria de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, incluidas las solicitantes y beneficiarias de protección internacional. El apartado 4, nuevo, dirige un mandato concreto a los poderes públicos: adoptar las medidas precisas para asegurar la accesibilidad universal en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Y el apartado 3 sigue siendo la pieza que resuelve los casos reales de ida y vuelta entre lo social y lo sanitario: obliga a coordinar ambos sistemas cuando la persona necesita los dos de forma simultánea o sucesiva.
Errores frecuentes
Leerlo como un derecho prestacional autónomo: remite a la normativa sanitaria para las prestaciones concretas, y lo que este artículo aporta es la prohibición de discriminar en su acceso y, desde la reforma, mandatos de accesibilidad exigibles. Y un error de cita que conviene evitar: ya no cabe sostener que el art. 2.k «incluye expresamente» la accesibilidad cognitiva dentro de la accesibilidad universal, porque esa frase desaparece del texto el 23 de octubre de 2026; el art. 2.k sigue regulando cómo se despliega esa accesibilidad —lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas— y añade la accesibilidad auditiva, a la información y la comunicación para personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.
¿Tiene el hospital que facilitarme la comunicación si tengo una discapacidad?
El art. 10.2 obliga a que las actuaciones de las Administraciones públicas y de los sujetos privados presten atención específica a las necesidades de las personas con discapacidad conforme a la legislación sanitaria, y desde el 23 de octubre de 2026 añade que en particular se tendrán en cuenta las obligaciones en materia de accesibilidad en el ámbito sanitario. El apartado 4, nuevo, encarga a los poderes públicos asegurar la accesibilidad universal en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.
¿Cubre las barreras de idioma o culturales?
Sí, y es una de las novedades. El art. 10.2 obliga a garantizar la eliminación de las barreras lingüísticas o culturales que dificulten el acceso efectivo a la atención sanitaria de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, incluyendo expresamente a las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional.
¿Garantiza esta ley una atención sanitaria específica?
Reconoce el derecho a la protección de la salud sin discriminación por razón de discapacidad, con atención especial a la salud mental y a la salud sexual y reproductiva, y con las actuaciones y prestaciones que determine la normativa sanitaria, a la que remite (art. 10.1).
¿Qué pasa si necesito a la vez servicios sociales y sanitarios?
El art. 10.3 obliga a las administraciones públicas a desarrollar las actuaciones necesarias para coordinar la atención social y la sanitaria, de forma efectiva y eficiente, cuando por problemas de salud asociados a la discapacidad se necesitan ambos sistemas de forma simultánea o sucesiva, y a promover las medidas que favorezcan el acceso en condiciones de igualdad.
Información general con fines divulgativos. El texto vigente se coteja de forma mecánica con el texto consolidado del BOE (se abre en una pestaña nueva); no sustituye al asesoramiento de un abogado sobre tu caso concreto.