Artículo 7. Derecho a la igualdad.
Vigente a fecha 2026-10-08
Aplicable en España — Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social TRLGDPD (BOE-A-2013-12632).
1. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía conforme a nuestro ordenamiento jurídico.
2. Para garantizar este derecho a la igualdad, las Administraciones públicas promoverán las medidas necesarias para que el ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos de las personas con discapacidad sea real y efectivo en todos los ámbitos de la vida.
3. Las Administraciones públicas protegerán de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en materia de igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva, movilidad, comunicación, información y acceso a la cultura, al deporte, al ocio, así como de participación en los asuntos públicos, en los términos previstos en este título y demás normativa que sea de aplicación.
4. Asimismo, las Administraciones públicas protegerán de manera singularmente intensa a aquellas personas o grupo de personas especialmente vulnerables expuestas a la discriminación múltiple e interseccional como las niñas, niños y mujeres, personas mayores víctimas de violencia de género o de violencias sexuales, personas con pluridiscapacidad, personas con discapacidad residentes en el medio rural y personas con discapacidad con extensas y continuadas necesidades de apoyo, personas de etnia gitana, LGTBI o integrantes de otras minorías. Esta protección también alcanzará a las personas con discapacidad solicitantes y beneficiarias de protección internacional que se vean afectadas por barreras añadidas que agraven su exclusión y discriminación.
5. Las políticas, estrategias, programas y acciones de los poderes públicos tomarán en consideración la situación y necesidades de las personas con discapacidad sobrevenida, adaptando las estructuras, dispositivos, recursos e intervenciones oficiales a las particularidades derivadas de la adquisición imprevista de la discapacidad.
6. Las personas con discapacidad tienen derecho a utilizar los productos de apoyo y las ayudas técnicas que necesiten para el ejercicio de su autonomía personal y su participación plena en la vida en la comunidad. En ningún caso podrán ser obligadas a prescindir de dichos productos o a desactivarlos, especialmente en sus relaciones con las administraciones públicas y en el uso de bienes, productos y servicios puestos a disposición del público. Ello se entenderá sin perjuicio de la acreditación de su necesidad para la participación en los procesos selectivos de acceso al empleo público o a la formación especializada.
Qué regula
El art. 7 proclama el derecho a la igualdad: las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de discapacidad, y obliga a las Administraciones públicas a promover las medidas necesarias para que ese derecho sea real y efectivo en todos los ámbitos. Desde el 23 de octubre de 2026, por el art. 1.5 de la Ley 4/2026, el artículo pasa de cuatro a seis apartados y añade tres contenidos nuevos: la discriminación múltiple se califica también de interseccional y la protección reforzada alcanza expresamente a las personas con discapacidad solicitantes y beneficiarias de protección internacional; se ordena tomar en consideración la situación de la discapacidad sobrevenida al diseñar políticas, estrategias, programas y acciones públicas; y se reconoce el derecho a utilizar productos de apoyo y ayudas técnicas.
Cómo se aplica en la práctica
Funciona como principio interpretativo de toda la ley y como fundamento de las medidas contra la discriminación del título II. Su valor no es solo declarativo: sirve de base para impugnar prácticas aparentemente neutras que produzcan una desventaja particular, que es la definición de discriminación indirecta del art. 2.d. El apartado 6 añade un contenido accionable y nuevo: nadie puede ser obligado a prescindir de sus productos de apoyo o a desactivarlos, y el artículo señala dos ámbitos donde esa prohibición pesa de modo especial, las relaciones con las Administraciones públicas y el uso de bienes, productos y servicios puestos a disposición del público. La propia norma reserva una excepción tasada: acreditar que se necesitan para participar en procesos selectivos de acceso al empleo público o a la formación especializada.
Errores frecuentes
El primero es exigir intención discriminatoria: la discriminación indirecta no la requiere, basta con que una práctica neutra produzca la desventaja y no responda a una finalidad legítima con medios adecuados y necesarios. El segundo, a partir de la redacción nueva, es leer el apartado 6 como una declaración de intenciones: está escrito en términos de prohibición —«en ningún caso podrán ser obligadas»—, no de fomento. Y el tercero es confundir la excepción con una autorización general: el artículo admite que se acredite la necesidad del producto de apoyo en procesos selectivos, lo que no es lo mismo que poder exigir que se prescinda de él.
¿Pueden obligarme a quitarme o apagar un producto de apoyo?
No. Desde el 23 de octubre de 2026 el art. 7.6 reconoce el derecho a utilizar los productos de apoyo y las ayudas técnicas necesarios para el ejercicio de la autonomía personal y la participación plena en la comunidad, y dispone que en ningún caso se podrá obligar a prescindir de ellos o a desactivarlos, especialmente en las relaciones con las Administraciones públicas y en el uso de bienes, productos y servicios puestos a disposición del público. La propia norma salva un supuesto: acreditar su necesidad para participar en procesos selectivos de acceso al empleo público o a la formación especializada.
¿Hace falta que exista intención para que haya discriminación?
No en la discriminación indirecta: según el art. 2.d basta con que una disposición, cláusula, pacto, decisión, criterio, práctica o entorno aparentemente neutro ocasione una desventaja particular por razón de discapacidad sin finalidad legítima ni medios adecuados y necesarios.
¿Qué es la discriminación múltiple e interseccional en esta ley?
El art. 7.4 obliga a las Administraciones públicas a proteger de manera singularmente intensa a las personas o grupos especialmente vulnerables expuestos a ella. La redacción vigente desde el 23 de octubre de 2026 añade el término «interseccional» junto a «múltiple» y extiende expresamente esa protección reforzada a las personas con discapacidad solicitantes y beneficiarias de protección internacional que se vean afectadas por barreras añadidas que agraven su exclusión y discriminación.
¿La ley tiene en cuenta la discapacidad sobrevenida?
Sí, y de forma expresa desde el 23 de octubre de 2026. El art. 7.5 ordena que las políticas, estrategias, programas y acciones de los poderes públicos tomen en consideración la situación y las necesidades de las personas con discapacidad sobrevenida, adaptando a ellas las estructuras, dispositivos, recursos e intervenciones oficiales.
¿En qué materias la protección es más intensa?
El art. 7.3 obliga a proteger de forma especialmente intensa los derechos de las personas con discapacidad en igualdad entre mujeres y hombres, salud, empleo, protección social, educación, tutela judicial efectiva y movilidad, entre otras materias que el propio apartado enumera.
Información general con fines divulgativos. El texto vigente se coteja de forma mecánica con el texto consolidado del BOE (se abre en una pestaña nueva); no sustituye al asesoramiento de un abogado sobre tu caso concreto.