Artículo 43. Empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Vigente a fecha 2026-10-08
Última reforma: 2 de abril de 2022
Aplicable en España — Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social TRLGDPD (BOE-A-2013-12632).
1. Las empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad (EIDIS) son aquellas cuyo objetivo principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y que tienen como finalidad el asegurar un empleo remunerado y digno para las personas con discapacidad, a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Las empresas para la inclusión laboral se regirán en su organización y funcionamiento por los siguientes principios: autonomía e independencia; apoyos en la toma de decisiones; igualdad y no discriminación; accesibilidad universal y ajustes razonables; y calidad en el empleo y en las condiciones de trabajo. Igualmente, deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente.
2. La plantilla de las empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70 por ciento de aquélla. A estos efectos no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social. Se entenderán por servicios de ajuste personal y social los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad de las empresas para la inclusión laboral tengan en el proceso de incorporación a un puesto de trabajo, así como en la permanencia y progresión en el mismo y acompañamiento en el proceso de preparación para la jubilación, para poder compatibilizar el empleo con otras actividades de preparación a la jubilación. Igualmente se encontrarán comprendidos aquellos dirigidos a la inclusión social, cultural y deportiva.
3. Se garantizará que las personas trabajadoras con discapacidad de las empresas para la inclusión social disfrutan de unas condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular de igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor. Asimismo, se asegurará el ejercicio efectivo de sus derechos laborales y sindicales en igualdad de condiciones con los apoyos necesarios.
4. Tendrán la consideración de empresas de iniciativa social para la inclusión laboral de las personas con discapacidad aquellas que, cumpliendo los requisitos que se establecen en los apartados 1 y 2 de este artículo, sean promovidas y participadas en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social, así como también aquellos cuya titularidad corresponde a sociedades mercantiles en las que la mayoría de su capital social sea propiedad de alguna de las entidades señaladas anteriormente, ya sea de forma directa o bien indirecta a través del concepto de sociedad dominante regulado en el artículo 42 del Código de Comercio, y siempre que en todos los casos en los Estatutos o en acuerdo social de la empresa de iniciativa social se obliguen a la reinversión íntegra de sus beneficios para creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía social, teniendo en todo caso la facultad de optar por reinvertirlos en la propia empresa de iniciativa social para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, o en otras empresas de iniciativa social para la inclusión laboral de las personas con discapacidad del grupo de sociedades al que pertenece.
Este artículo ha tenido 3 redacciones desde su publicación y el texto de arriba es el vigente desde el 2 de abril de 2022. Si has leído otra versión —en un blog, en un modelo antiguo o en una sentencia— aquí puedes ver desde cuándo dejó de aplicarse.
- 2 de abril de 2022 Ley 6/2022, de 31 de marzo (se abre en una pestaña nueva)Vigente
- 9 de marzo de 2018 Ley 9/2017, de 8 de noviembre (se abre en una pestaña nueva)
- 4 de diciembre de 2013 Redacción original de la norma
Historial extraído del texto consolidado del BOE (BOE-A-2013-12632); cada fecha es la de entrada en vigor de esa redacción, no la de publicación de la norma que la dio.
Qué regula
El art. 43 define las empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad (EIDIS), que es el nombre que la Ley 4/2026 da desde el 23 de octubre de 2026 a lo que antes llamaba centros especiales de empleo: empresas cuyo objetivo principal es realizar una actividad productiva participando regularmente en las operaciones del mercado, con la finalidad de asegurar un empleo remunerado y digno a las personas con discapacidad, siendo a la vez medio de inclusión del mayor número de estas en el empleo ordinario. La redacción nueva añade cinco principios que rigen su organización y funcionamiento —autonomía e independencia, apoyos en la toma de decisiones, igualdad y no discriminación, accesibilidad universal y ajustes razonables, y calidad en el empleo—, mantiene la plantilla mínima del 70 por ciento de personas trabajadoras con discapacidad y los servicios de ajuste personal y social a través de las unidades de apoyo, y regula en su apartado 4 las empresas de iniciativa social para la inclusión laboral.
Cómo se aplica en la práctica
Son empresas de mercado, no dispositivos asistenciales, y esa naturaleza determina su régimen y sus obligaciones. Su relación con la cuota de reserva del art. 42 sigue siendo estrecha: la contratación con una de estas empresas es una de las medidas alternativas típicas. Dos novedades de la redacción nueva tienen efecto inmediato en la gestión: los servicios de ajuste personal y social incluyen ahora expresamente el acompañamiento en la preparación para la jubilación y la inclusión social, cultural y deportiva; y el apartado 3 garantiza condiciones de trabajo justas y favorables, con igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y ejercicio efectivo de los derechos laborales y sindicales con los apoyos necesarios.
Errores frecuentes
El primero es tratar el cambio de nombre como un cambio de régimen laboral. La redacción anterior remitía expresamente a la relación laboral de carácter especial del artículo 2.1.g) del Estatuto de los Trabajadores y la nueva suprime esa remisión, pero ese artículo del Estatuto no se ha modificado y el 23 de octubre de 2026 sigue refiriéndose a los trabajadores con discapacidad «que presten sus servicios en los centros especiales de empleo»: la relación laboral especial no desaparece, y las dos normas conviven llamando distinto a la misma figura. El segundo, ya clásico, es considerar el paso por una de estas empresas como destino final, cuando la propia definición legal la configura como medio de inclusión en el empleo ordinario.
¿Qué es una empresa para la inclusión laboral de las personas con discapacidad?
Una empresa cuyo objetivo principal es una actividad productiva de bienes o servicios en el mercado, con la finalidad de asegurar un empleo remunerado y digno a las personas con discapacidad, y que es a la vez medio de inclusión del mayor número de ellas en el empleo ordinario. Se rige por cinco principios: autonomía e independencia, apoyos en la toma de decisiones, igualdad y no discriminación, accesibilidad universal y ajustes razonables, y calidad en el empleo y en las condiciones de trabajo (art. 43.1).
¿Siguen existiendo los centros especiales de empleo?
La figura sigue, con otro nombre en esta ley. Desde el 23 de octubre de 2026 el art. 43 las llama empresas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad (EIDIS), por el art. 1.26 de la Ley 4/2026, de 1 de octubre. El Estatuto de los Trabajadores, en cambio, no se ha modificado y sigue usando la expresión «centros especiales de empleo» en su artículo 2.1.g), de modo que a partir de esa fecha las dos normas nombran distinto lo mismo.
¿Qué parte de la plantilla tiene que tener discapacidad?
El mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, el 70 por ciento de la plantilla. Para ese cálculo no se cuenta el personal sin discapacidad dedicado a prestar los servicios de ajuste personal y social (art. 43.2).
¿Qué son los servicios de ajuste personal y social?
Los que ayudan a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas trabajadoras con discapacidad tengan al incorporarse a un puesto, al permanecer en él y al progresar, más el acompañamiento en la preparación para la jubilación, para poder compatibilizar el empleo con otras actividades de preparación a la jubilación. También comprenden los dirigidos a la inclusión social, cultural y deportiva. Se prestan a través de las unidades de apoyo (art. 43.1 y 43.2).
¿Qué es una empresa de iniciativa social para la inclusión laboral?
La que, cumpliendo los requisitos de los apartados 1 y 2, está promovida y participada en más de un 50 por ciento, directa o indirectamente, por entidades sin ánimo de lucro o con carácter social reconocido en sus estatutos —asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de la economía social—, o por sociedades mercantiles cuya mayoría de capital pertenezca a alguna de ellas, y que se obliga en estatutos o acuerdo social a reinvertir íntegramente sus beneficios en crear oportunidades de empleo para personas con discapacidad y en mejorar su competitividad y su actividad de economía social (art. 43.4).
Información general con fines divulgativos. El texto vigente se coteja de forma mecánica con el texto consolidado del BOE (se abre en una pestaña nueva); no sustituye al asesoramiento de un abogado sobre tu caso concreto.