Contencioso-administrativo

Casi todo se decide antes de llegar al juzgado

Es el error de secuencia que más asuntos pierde, y no se recupera después.

Antes de acudir al juzgado hay que agotar la vía administrativa: interponer el recurso que proceda ante la propia Administración y esperar su respuesta o su silencio. Ir directamente al contencioso sin haberlo hecho conduce a la inadmisión.

Y hay algo más importante: lo que no se alegue en la vía administrativa es difícil de introducir después. El expediente que se forma ahí es el que llega al juzgado, y las pruebas y argumentos que no consten se plantean en peor posición.

Dicho de forma práctica: el asunto se gana o se pierde en el escrito de alegaciones ante la Administración, no en la demanda. Cuando alguien consulta al recibir la resolución definitiva, muchas veces lo importante ya ocurrió.

El silencio administrativo, que no siempre es un no

Es la figura que más confusión genera, y la regla tiene dos caras.

Cuando la Administración no resuelve en plazo, la ley determina qué significa ese silencio. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el silencio es por regla general positivo, salvo en los supuestos exceptuados, que son numerosos e importantes.

En los recursos y en los procedimientos que pueden dar lugar a facultades sobre el dominio público o el servicio público, entre otros, el silencio es negativo: opera como una desestimación que permite recurrir.

La consecuencia práctica es doble. Un silencio positivo genera un acto favorable que la Administración ya no puede desconocer sin seguir el procedimiento de revisión. Y un silencio negativo abre el plazo para recurrir, pero no obliga a esperar la resolución expresa, que puede llegar mucho después.

Comprobar qué tipo de silencio corresponde al procedimiento concreto es una de las primeras cosas que hay que hacer.

Qué se puede impugnar

El ámbito es más amplio de lo que la gente supone.

• Resoluciones y actos administrativos que ponen fin a la vía administrativa
• Sanciones: multas de tráfico, urbanísticas, tributarias, de consumo, laborales
• Disposiciones generales: reglamentos y ordenanzas, con un régimen propio
• Inactividad de la Administración cuando está obligada a una prestación concreta
• Vía de hecho: actuaciones materiales sin el acto que las ampare
• Contratación pública, función pública, expropiación, extranjería, urbanismo y responsabilidad patrimonial, cada una con sus particularidades

Recurrir no suspende: hay que pedirlo

Es la trampa práctica más frecuente y la que más veces convierte un recurso ganado en un problema ya consumado.

Los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos. Recurrir no paraliza sus efectos: la multa se sigue exigiendo, la licencia sigue denegada, la orden de derribo sigue en pie.

Para paralizarlos hay que solicitar expresamente la suspensión como medida cautelar, justificando que la ejecución causaría perjuicios de reparación imposible o difícil, y ponderando el interés público.

Quien recurre y no pide la cautelar puede encontrarse con que, cuando gana, lo que discutía ya se ejecutó. Es una de esas cosas que hay que decidir el primer día.

La responsabilidad patrimonial

Es la vía para reclamar cuando el funcionamiento de un servicio público causa un daño: sanidad, obras, mantenimiento de vías, servicios sociales.

Requiere un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, una relación de causalidad con el funcionamiento del servicio, y que el particular no tenga el deber jurídico de soportarlo.

No exige demostrar culpa de nadie: el sistema es objetivo. Pero sí exige acreditar el daño y el nexo, que es donde se concentran las desestimaciones, y se sujeta a un plazo desde que el daño se manifiesta o se estabilizan las secuelas.

Es también la vía por la que se canaliza la reclamación sanitaria contra la sanidad pública, con sus propias exigencias probatorias.