Aplicable en España — basado en normativa española (BOE).Las entidades sin ánimo de lucro constituidas para defender los derechos e intereses de los consumidores
Resumen rápido: Las asociaciones de consumidores y usuarios son entidades sin ánimo de lucro, constituidas conforme a la legislación general de asociaciones y a los requisitos específicos de la normativa de consumo, cuya finalidad es la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación, con carácter general o en relación con bienes o servicios determinados.
Definición flash: Entidades sin ánimo de lucro para defender los derechos de los consumidores, con capacidad para representarlos y demandar (art. 23 TRLGDCU).
Etiqueta lingüística
El adjetivo «legítimos» que acompaña a «intereses» en la definición legal no es retórico: distingue los intereses jurídicamente protegidos del consumidor de meras conveniencias o preferencias comerciales, delimitando así el ámbito de actuación propio de estas asociaciones.
Definición técnica
El artículo 23.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios define a estas asociaciones como entidades constituidas conforme a la legislación general de asociaciones, que además cumplen los requisitos específicos de la norma de consumo y tienen como finalidad la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores. El artículo 37 reconoce a las de ámbito supraautonómico legalmente constituidas e inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios derechos como poder ser declaradas de utilidad pública, percibir ayudas y subvenciones públicas, y representar a sus asociados ejerciendo las acciones correspondientes en su defensa, en la de la propia asociación o en la de los intereses generales de los consumidores. Y el artículo 24.1 reserva a las asociaciones que cumplen los requisitos de ese título la representación de los intereses generales de los consumidores: las que no los reúnen solo pueden representar a sus asociados o a la propia asociación, no los intereses generales, colectivos o difusos.
Aplicación práctica
En la práctica, estas asociaciones son actores clave en el litigio colectivo de consumo: pueden ejercitar acciones de cesación frente a prácticas comerciales o cláusulas abusivas, personarse en procedimientos judiciales en defensa de intereses generales o colectivos de los consumidores, y actuar como interlocutoras institucionales frente a empresas y Administraciones. Para las de ámbito supraautonómico, la inscripción en el Registro Estatal es el presupuesto para acceder a determinados derechos reforzados, como las ayudas públicas o la declaración de utilidad pública.
Contexto legal en España
Las asociaciones de consumidores y usuarios se regulan en el Título II del Libro Primero del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, sin perjuicio de la aplicación supletoria de la legislación general de asociaciones.
Normas clave a tener en cuenta
- Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, artículo 23 (concepto y fines de las asociaciones de consumidores)
- Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, artículo 37 (derechos de las asociaciones inscritas)
- Articulo 33 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal
- Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, artículo 24 (legitimación para representar los intereses generales)
Qué no es / diferencias clave
- Sistema Arbitral de Consumo
- El Sistema Arbitral de Consumo es el mecanismo extrajudicial para resolver reclamaciones individuales entre un consumidor concreto y un empresario; las asociaciones de consumidores son entidades que pueden representar a colectivos de consumidores y ejercer acciones judiciales o extrajudiciales en su defensa.
- Organismo público de consumo
- Las oficinas y organismos públicos de consumo son estructuras administrativas que tramitan reclamaciones y ejercen funciones de inspección y sanción; las asociaciones de consumidores son entidades privadas sin ánimo de lucro que representan a los consumidores, no órganos de la Administración.
Términos relacionados
Dato de autoridad
El artículo 23.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios define a las asociaciones de consumidores y usuarios como aquellas que, cumpliendo los requisitos legales, «tengan como finalidad la defensa de los derechos e intereses legítimos de los consumidores, incluyendo su información, formación y educación».
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Preguntas frecuentes sobre asociaciones de consumidores y usuarios
¿Qué son las asociaciones de consumidores y usuarios?
Entidades sin ánimo de lucro constituidas para defender los derechos e intereses legítimos de los consumidores, cumpliendo los requisitos de la legislación general de asociaciones y de la normativa específica de consumo, conforme al artículo 23 del TRLGDCU.
¿Qué pueden hacer las asociaciones de consumidores inscritas en el Registro Estatal?
Las de ámbito supraautonómico tienen, entre otros, derecho a ser declaradas de utilidad pública, percibir ayudas y subvenciones públicas, y representar a sus asociados ejerciendo las acciones correspondientes en su defensa, según el artículo 37 del TRLGDCU.
¿Pueden estas asociaciones demandar en nombre de los consumidores?
Sí, pueden ejercer acciones judiciales en defensa de sus asociados, de la propia asociación o de los intereses generales, colectivos o difusos de los consumidores, conforme al artículo 37.c) del TRLGDCU, referido a las de ámbito supraautonómico inscritas en el Registro Estatal; y la representación de los intereses generales la reserva el artículo 24.1 a las que cumplen los requisitos legales.
Autoría y revisión editorial
Contenido elaborado bajo la dirección editorial de DERECHO ABOGADOS, verificando cada norma sobre fuentes oficiales (BOE y jurisprudencia).
Cada norma citada se verifica contra su texto consolidado en el BOE: se comprueba el identificador de la norma, que la redacción sea la vigente y que lo entrecomillado sea literal. Es una verificación editorial, no un visto colegiado. Este contenido es información general y no constituye asesoramiento legal sobre un caso concreto.