Incapacidad permanente: significado

Los cuatro grados

El artículo 194 de la Ley General de la Seguridad Social clasifica la incapacidad permanente en cuatro grados. Su redacción actual los vincula a un porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que debe fijar un reglamento todavía no aprobado, y mientras tanto se aplica la definición de cada grado de la disposición transitoria vigésima sexta de la misma ley, que es la que se recoge abajo. El grado no depende de la enfermedad en sí, sino de cómo afecta a la capacidad de trabajar, y esa es la clave que se discute en casi todos los expedientes.

• Parcial: ocasiona una disminución no inferior al 33 por ciento en el rendimiento normal de la profesión habitual, sin impedir sus tareas fundamentales
• Total: inhabilita para todas o para las fundamentales tareas de la profesión habitual, pero permite dedicarse a otra distinta
• Absoluta: inhabilita para toda profesión u oficio
• Gran incapacidad (antes llamada «gran invalidez» -el nombre cambió en 2025-): además de lo anterior, la persona necesita la asistencia de otra para los actos esenciales de la vida

Qué cobra cada grado y si es compatible con trabajar

El artículo 196 de la Ley General de la Seguridad Social fija la naturaleza de la prestación de cada grado: la parcial se paga como una cantidad única a tanto alzado; la total, la absoluta y la gran incapacidad, como una pensión vitalicia, aunque la de la total puede sustituirse excepcionalmente por una indemnización a tanto alzado si el beneficiario es menor de sesenta años, y se incrementa en el porcentaje que fije el reglamento cuando por edad, preparación y circunstancias del lugar de residencia se presuma difícil encontrar otro empleo. La gran incapacidad añade además un complemento -no la propia pensión- destinado a remunerar a la persona que atiende al beneficiario, calculado sumando el 45 por ciento de la base mínima de cotización y el 30 por ciento de la última base de cotización del trabajador, con un mínimo del 45 por ciento de la pensión sin ese complemento. Si deriva de enfermedad común se exige además un periodo mínimo de cotización: mil ochocientos días en los diez años anteriores para la parcial y, para las pensiones, una parte de la vida laboral que depende de la edad, con un mínimo de cinco años a partir de los treinta y uno; no se exige ninguno si deriva de accidente, laboral o no, o de enfermedad profesional (art. 195).

La compatibilidad con el trabajo, regulada en el artículo 198, también varía por grado: la incapacidad permanente total es compatible con trabajar, en la misma empresa o en otra distinta, siempre que las funciones no coincidan con las que causaron la incapacidad. La absoluta y la gran incapacidad no impiden actividades -lucrativas o no- compatibles con el estado del beneficiario y que no supongan un cambio real de su capacidad de trabajo; pero si el pensionista realiza un trabajo que le incluya en un régimen de la Seguridad Social, el pago de la pensión se suspende mientras dure esa actividad -aunque el complemento de gran incapacidad para pagar al cuidador no se suspende nunca por eso. Y desde la edad de acceso a la jubilación, la absoluta y la gran incapacidad son incompatibles con un trabajo que obligue a darse de alta en la Seguridad Social, en los mismos términos que la pensión de jubilación (art. 198.3).

Quién la reconoce y cómo

La competencia es del Instituto Nacional de la Seguridad Social, que resuelve a propuesta del equipo de valoración de incapacidades tras examinar el expediente médico y laboral.

El procedimiento puede iniciarse de oficio, a instancia de la mutua o de la empresa, o a solicitud del propio interesado. El elemento decisivo es el informe médico de síntesis, que resume las limitaciones: por eso importa tanto que la documentación clínica esté completa y que refleje limitaciones funcionales, no solo diagnósticos.

El error más común al preparar el expediente

Aportar diagnósticos en lugar de limitaciones. Que un informe diga el nombre de una enfermedad no acredita en qué medida impide trabajar.

Lo que valora el equipo es qué no puede hacer la persona: cuánto peso puede levantar, cuánto tiempo permanecer de pie, si puede mantener la atención sostenida, si necesita descansos. Un informe que describa eso vale más que diez que enumeren patologías, y conviene pedírselo expresamente al especialista antes de la valoración.

Si te la deniegan

La denegación o el reconocimiento de un grado inferior al pretendido se impugnan primero mediante reclamación previa ante el propio Instituto y, desestimada esta, ante la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia (la ley sigue hablando de Juzgado de lo Social; DA 1.ª LO 1/2025).

Los plazos son breves: treinta días desde la notificación para la reclamación previa; el Instituto tiene cuarenta y cinco días para contestar y, si no lo hace, se entiende denegada; y desde la denegación hay otros treinta días para demandar (art. 71 de la Ley reguladora de la jurisdicción social). Lo primero es anotar la fecha de notificación. En vía judicial suele ser determinante la prueba pericial médica de parte, que traduce la documentación clínica a limitaciones funcionales concretas.

No es para siempre

La incapacidad permanente es revisable por agravación o por mejoría mientras el beneficiario no alcance la edad ordinaria de jubilación, y la resolución debe indicar el plazo a partir del cual puede instarse la revisión; pero si el pensionista trabaja el Instituto puede revisarla antes, y las revisiones por error de diagnóstico caben en cualquier momento (art. 200.2).

Además, la compatibilidad con trabajar depende del grado: la total permite dedicarse a otra profesión distinta de la habitual, y los grados superiores tienen reglas propias de compatibilidad que conviene consultar antes de aceptar un empleo, para no perder la prestación.

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