Inspección de Hacienda: significado

Lo primero: leer el alcance

La comunicación de inicio dice dos cosas decisivas que mucha gente pasa por alto en el susto inicial.

Qué impuestos y qué ejercicios se van a revisar. La inspección no puede extenderse por su cuenta más allá de lo comunicado sin ampliar formalmente el alcance.

Si el alcance es general o parcial. El parcial se limita a determinados elementos de la obligación; el general abarca la totalidad (art. 148 de la Ley General Tributaria). Y el efecto de cierre, que es la razón de fondo para fijarse en esto: si la inspección terminó con una liquidación provisional, su objeto no puede volver a regularizarse en una inspección posterior, salvo que concurra alguna de las circunstancias del artículo 101.4.a) (art. 148.3). Saber con qué alcance se cerró un ejercicio es lo que permite responder si Hacienda puede volver sobre él.

Y una regla que conviene interiorizar: lo que se declara y se aporta en las primeras comparecencias condiciona todo el procedimiento. Por eso el asesoramiento debe empezar antes de la primera visita, no cuando llega el acta.

Tus derechos

El contribuyente no está indefenso ante una inspección, aunque lo parezca.

• A ser informado del alcance y de la naturaleza de las actuaciones
• A comparecer asistido por un asesor y a que este intervenga
• A que no se le exija aportar documentos que ya obren en poder de la Administración
• A conocer el estado de tramitación y a obtener copia de lo actuado
• A formular alegaciones antes de la propuesta de resolución
• A no declarar contra sí mismo en el ámbito sancionador, que se tramita de forma separada

El plazo juega a tu favor

El procedimiento inspector tiene una duración máxima con dos plazos, en el artículo 150 de la Ley General Tributaria: 18 meses con carácter general y 27 meses cuando concurre alguna de tres circunstancias —que la cifra anual de negocios obligue a auditar las cuentas, que el inspeccionado esté integrado en un grupo en consolidación fiscal o en el régimen especial de grupo de entidades que esté siendo comprobado, o que el objeto sea el Impuesto Complementario—.

Y si esas circunstancias se aprecian durante las actuaciones, el plazo pasa a 27 meses contados desde la notificación de inicio, no desde que se aprecian.

Atención a cómo se cuenta, porque hay una trampa frecuente: el plazo va desde la notificación del inicio hasta que se notifica el acto que resulta, y la ley dice que «será suficiente acreditar que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución». Quien no recoge una notificación creyendo que gana tiempo puede estar dejando que el plazo se cumpla a costa suya.

Su superación no determina la caducidad —el procedimiento continúa hasta su terminación—, pero produce tres efectos favorables (art. 150.6):

No se considera interrumpida la prescripción por las actuaciones desarrolladas durante el plazo, de modo que sólo la interrumpen las posteriores al exceso. No se exigen intereses de demora desde que se produce el incumplimiento hasta que termina el procedimiento. Y uno que casi nunca se menciona y es dinero: los ingresos realizados desde el inicio hasta la primera actuación posterior al exceso, imputados a ese tributo y periodo, pasan a tener carácter de espontáneos a efectos del artículo 27 de la misma ley, el de los recargos por declaración extemporánea.

Es uno de los primeros puntos que revisa un fiscalista, junto con si la deuda o parte de ella ya estaba prescrita cuando se inició la inspección.

Las actas y la decisión de conformidad

El procedimiento termina en un acta, y firmarla en conformidad o en disconformidad es una decisión económica además de jurídica.

Las reducciones tienen cifras concretas en el artículo 188 de la Ley General Tributaria: 65 % en las actas con acuerdo, 30 % en los supuestos de conformidad, y un 40 % adicional sobre el importe que quede si se ingresa todo en plazo y no se recurre.

🚨 Y aquí está lo que convierte eso en una trampa si no se sabe: la reducción practicada se exige de vuelta «sin más requisito que la notificación al interesado» si después se recurre (art. 188.2). En el acta con acuerdo, al interponer recurso contencioso-administrativo; en la conformidad, al recurrir la regularización. Es decir: firmar en conformidad y recurrir luego no es una vía abierta, es perder el 30 %. Por eso la decisión se toma antes de firmar y con los números delante.

La disconformidad mantiene abierta la vía de recurso —reposición o reclamación económico-administrativa— pero renuncia a esas reducciones, y si se pierde se devengan intereses.

Hay que hacer el cálculo con números concretos: cuánto se ahorra conformándose, cuánto se discute y qué probabilidad real hay de ganarlo.

• Actas con acuerdo: la reducción máxima, el 65 %, requieren aval y cierran la discusión. No caben a voluntad: el art. 155.1 las reserva a concretar conceptos jurídicos indeterminados, apreciar los hechos determinantes o hacer estimaciones y valoraciones que no puedan cuantificarse de forma cierta
• Actas de conformidad: reducción relevante, aceptando la regularización
• Actas de disconformidad: se mantiene el recurso, sin reducción

Qué NO hacer

Los errores más caros son de actitud, no de técnica.

• Ignorar la comunicación o no comparecer: agrava la posición y puede abrir la vía de la estimación indirecta
• Aportar documentación de forma desordenada o incompleta sin revisarla antes
• Contestar verbalmente cuestiones complejas sin asesoramiento
• Rectificar o fabricar documentos, que puede constituir delito
• Firmar el acta sin haber calculado el efecto económico de la conformidad

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