Aplicable en España — basado en normativa española (BOE).1Antes de reclamar: comprueba que tu deuda cumple los requisitos legales
Actualizado el 15 de septiembre de 2026. Los plazos de esta guía se revisan cuando cambia la norma que los fija; comprueba la fecha de actualización antes de aplicar cualquier plazo a un caso real.
No toda deuda impagada se puede reclamar por la vía rápida del procedimiento monitorio. El artículo 812.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que sea «deuda dineraria de cualquier importe, líquida, determinada, vencida y exigible» —fíjate en «de cualquier importe»: no hay cantidad mínima para acudir al monitorio—, y que se acredite mediante documentos firmados por el deudor o mediante facturas, albaranes, certificaciones u otros documentos que habitualmente prueben ese tipo de relación entre acreedor y deudor.
En la práctica, esto cubre desde un contrato o pagaré firmado hasta una factura no pagada de una relación comercial continuada. Si tu reclamación encaja en alguno de estos supuestos, no hace falta que reclames antes por otra vía: puedes acudir directamente al monitorio.
2¿Hasta cuándo puedo reclamar? El plazo de prescripción
Reclamar tarde es, en la práctica, no reclamar, así que este es el primer dato que conviene mirar. Para las deudas ordinarias —las que no tienen un plazo especial propio— el artículo 1964.2 del Código Civil fija cinco años «desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación», y el artículo 1969 precisa que el tiempo se cuenta «desde el día en que pudieron ejercitarse»: no desde que se firmó el contrato ni desde que se emitió la factura, sino desde que la deuda era ya exigible.
Y aquí está la buena noticia para quien lleva tiempo persiguiendo un pago: el plazo se interrumpe, y al interrumpirse vuelve a empezar de cero. El artículo 1973 dice que la prescripción se interrumpe «por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor». Es decir: no hace falta demandar para parar el reloj. Una reclamación extrajudicial sirve, y por eso importa hacerla de forma que pueda acreditarse después; y si el deudor reconoce lo que debe —por escrito, pagando una parte, pidiendo un aplazamiento—, el plazo también se reinicia.
⚠️ Si tu deuda es anterior al 7 de octubre de 2015, no des por bueno el plazo de cinco años sin comprobarlo: la reforma que lo fijó estableció un régimen transitorio para las relaciones ya existentes, y el cálculo en esos casos no es automático. Consúltalo antes de descartar una reclamación por antigua.
3El procedimiento monitorio: dónde se presenta y sin necesidad de abogado
El artículo 813 de la Ley de Enjuiciamiento Civil atribuye la competencia, con carácter exclusivo, al Juzgado de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si no se conocen, del lugar donde pueda ser hallado para el requerimiento de pago.
Una ventaja práctica poco conocida: el artículo 814.2 establece expresamente que «para la presentación de la petición inicial del procedimiento monitorio no será preciso valerse de procurador y abogado». La petición puede presentarse en un formulario, en papel o a través de la sede electrónica, indicando la identidad del deudor, los domicilios de ambas partes y el origen y la cuantía de la deuda, junto con el documento que la acredite.
Antes de presentar el monitorio hay que intentar un acuerdo, y desde el 3 de abril de 2025 esto no es un consejo: sin ello no admiten la demanda. La Ley Orgánica 1/2025 exige acudir previamente a un «medio adecuado de solución de controversias», y el monitorio no está entre las excepciones. El artículo 403.2 de la LEC no deja margen: «no se admitirán las demandas» que no cumplan este requisito.
La buena noticia es que exige menos de lo que parece. No hace falta un procedimiento formal, ni un mediador, ni pagar nada: la propia ley da por cumplido el requisito «cuando la actividad negociadora se desarrolle directamente por las partes, o entre sus abogados o abogadas bajo sus directrices y con su conformidad». También valen la mediación, la conciliación, la opinión de una persona experta independiente o una oferta vinculante confidencial.
Y aquí está el error que tumba demandas bien preparadas: no basta con haberlo intentado, hay que contarlo. El artículo 399.3 obliga a hacer constar en la demanda la descripción del proceso de negociación previo llevado a cabo, o la imposibilidad del mismo, y a aportar el documento que lo acredite. Quien negocia y no lo describe queda en el mismo sitio que quien no negoció.
¿Y si no sabes dónde está el deudor? No te bloquea. Es el caso más frecuente de quien reclama una deuda antigua, y el artículo 264.4.º admite, en lugar del documento, una declaración responsable de que no pudiste negociar por desconocer el domicilio del deudor o el medio por el que puede ser requerido. No poder localizarlo no te impide reclamar.
Lo único que no se puede improvisar es el contenido: la ley exige que coincida el asunto negociado con el que luego se lleva al juzgado. Guarda prueba de qué propusiste y cuándo. Ojo, porque no todo va por el mismo camino: el juicio cambiario —el de pagarés y letras— sí está excluido, igual que la demanda ejecutiva cuando ya se tiene una sentencia o un título que permita ejecutar directamente.
4El requerimiento de pago: el deudor tiene 20 días para pagar o para oponerse
Si el juzgado admite la petición, el artículo 815.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ordena requerir al deudor para que, «en el plazo de veinte días, pague al peticionario, acreditándolo ante el tribunal, o comparezca ante éste y alegue de forma fundada y motivada... las razones por las que, a su entender, no debe, en todo o en parte, la cantidad reclamada».
Es un plazo doble: sirve tanto para pagar como para oponerse formalmente. No hacer nada durante esos 20 días no es una opción neutra: tiene una consecuencia directa, que se explica en el siguiente paso.
5Qué ocurre después: ejecución directa si no responde, juicio si se opone
Si el deudor no paga ni comparece, el artículo 816.1 es literal: se dará por terminado el proceso monitorio y se dará traslado al acreedor «para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud», sin necesidad de más trámites. Desde el auto que despacha la ejecución, la deuda devenga el interés del artículo 576: el interés legal del dinero incrementado en dos puntos, o el pactado si fuera superior.
Si el deudor sí presenta escrito de oposición dentro de plazo, el artículo 818.1 establece que el asunto «se resolverá definitivamente en juicio que corresponda, teniendo la sentencia que se dicte fuerza de cosa juzgada». Y «el juicio que corresponda» depende de la cuantía, no es siempre el ordinario.
Si la reclamación no excede de la cuantía propia del juicio verbal —quince mil euros, según el artículo 250.2—, el artículo 818.2 ordena al letrado de la Administración de Justicia dar por terminado el monitorio y seguir por los trámites del juicio verbal, dando traslado de la oposición al acreedor, que puede impugnarla por escrito en diez días. No hay que presentar demanda nueva: el asunto continúa.
Si la reclamación excede de esa cuantía, en cambio, la pelota pasa al acreedor y con plazo: «si el peticionario no interpusiera la demanda correspondiente dentro del plazo de un mes desde el traslado del escrito de oposición, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia dictará decreto sobreseyendo las actuaciones y condenando en costas al acreedor». Conéctalo bien: el mes cuenta desde el traslado del escrito de oposición, no desde que el deudor se opuso, y dejarlo pasar no solo tumba la reclamación: la remata con una condena en costas contra quien reclamaba. Es el punto de esta guía en el que más conviene tener ya un abogado.
6Los intereses de demora: qué se puede sumar a la cantidad reclamada
Aparte del principal de la deuda, el crédito puede generar intereses desde que el deudor incurre en mora. El artículo 1100 del Código Civil sitúa ese momento, con carácter general, en el instante en que el acreedor exige el cumplimiento judicial o extrajudicialmente, salvo que la ley o el contrato dispongan otra cosa.
El artículo 1108 del Código Civil fija cuánto se puede reclamar por ese retraso: «si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal». Si el contrato fijó un interés, se aplica ese; si no, el interés legal del dinero.
Cuándo pedir ayuda profesional
El procedimiento monitorio está pensado para poder iniciarse sin abogado, pero eso cambia en cuanto el deudor se opone: a partir de ahí entra en juego un juicio con sus propias reglas de prueba y de representación según la cuantía. Si tu deudor se opone, si la deuda es de una cuantía elevada, o si tienes dudas sobre si tu caso encaja en los requisitos del monitorio, conviene consultar con un abogado especialista en Derecho civil antes de presentar la petición o de responder a una oposición.
Preguntas frecuentes
¿Necesito abogado para reclamar una deuda por el procedimiento monitorio?
No para presentar la petición inicial: el artículo 814.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo dice expresamente. Sí puede hacer falta abogado y procurador más adelante, si el deudor se opone y el asunto pasa a juicio, según la cuantía.
¿Hasta cuándo puedo reclamar una deuda?
Con carácter general, cinco años desde que pudo exigirse el cumplimiento (arts. 1964.2 y 1969 del Código Civil), salvo que esa deuda tenga un plazo especial propio. Ese plazo se interrumpe —y vuelve a contar desde cero— por demandar, por una reclamación extrajudicial del acreedor o por cualquier reconocimiento de la deuda por el deudor (art. 1973). Para deudas anteriores al 7 de octubre de 2015 hay un régimen transitorio que conviene consultar.
¿Qué deudas se pueden reclamar por el procedimiento monitorio?
Deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, de cualquier importe, acreditadas con documentos firmados por el deudor o con facturas, albaranes u otros documentos que habitualmente prueben ese tipo de relación comercial (artículo 812 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
¿Cuánto tiempo tiene el deudor para pagar o para oponerse?
20 días desde el requerimiento de pago, según el artículo 815.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En ese plazo puede pagar, o presentar un escrito de oposición motivado.
¿Qué pasa si el deudor no paga ni se opone?
Se da por terminado el proceso monitorio y, con la simple solicitud del acreedor, se despacha ejecución directamente, sin necesidad de más trámites (artículo 816.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Desde ese momento la deuda genera el interés del artículo 576: el interés legal del dinero incrementado en dos puntos.
¿Puedo reclamar intereses además de la deuda?
Sí. Si hay un interés pactado en el contrato, ese es el que se aplica; si no lo hay, el artículo 1108 del Código Civil establece que el deudor en mora debe el interés legal del dinero.
¿Qué pasa si el deudor se opone al monitorio?
Depende de la cuantía. Si no excede de quince mil euros —la propia del juicio verbal—, el asunto continúa por los trámites del verbal sin necesidad de demanda nueva, y el acreedor puede impugnar la oposición por escrito en diez días (art. 818.2 LEC). Si excede, el acreedor tiene un mes desde el traslado del escrito de oposición para interponer la demanda correspondiente; si no lo hace, se sobreseen las actuaciones con condena en costas para él.
¿Tengo que intentar un acuerdo antes de reclamar judicialmente mi deuda?
Sí, desde abril de 2025, y sin ello no se admite la demanda (artículo 403.2 de la LEC). Se cumple con una negociación directa entre las partes o entre sus abogados: no hace falta mediador ni pagar por ello. Hay que describirla en la demanda y acreditarla (artículo 399.3), y si no sabes dónde está el deudor basta una declaración responsable de que no pudiste negociar por ese motivo (artículo 264.4.º). El juicio cambiario y la ejecución de un título quedan fuera de esta exigencia.
El deudor dice que no tiene nada. ¿Me quedo sin cobrar?
No te quedas sin herramientas, y la primera no la tienes que pagar tú. Si no señalas bienes suficientes, el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga al juzgado a preguntárselo al propio deudor: «el Letrado de la Administración de Justicia requerirá, mediante diligencia de ordenación, de oficio al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución», y ese requerimiento se hace con apercibimiento «de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave» si no presenta la relación, mete bienes ajenos, deja fuera los propios o esconde las cargas. Si aun así no aparece nada, el artículo 590 permite que el juzgado busque por su cuenta, a instancia tuya: el Letrado de la Administración de Justicia «acordará, por diligencia de ordenación, dirigirse a las entidades financieras, organismos y registros públicos y personas físicas y jurídicas que el ejecutante indique, para que faciliten la relación de bienes o derechos del ejecutado de los que tengan constancia». Dos advertencias prácticas: esa búsqueda la pides tú y tienes que decir por qué crees que ese banco o registro tiene datos, y el juzgado «no reclamará datos de organismos y registros cuando el ejecutante pudiera obtenerlos por sí mismo».
Es una deuda entre empresas. ¿Cambia algo respecto a una deuda entre particulares?
Cambia bastante, porque se aplica la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y sus reglas juegan a favor de quien no ha cobrado. El plazo de pago, si no se pactó otro, es de «treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios» (artículo 4.1), y aunque las partes pacten uno mayor hay un techo: los plazos «podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales» (artículo 4.3). Pasado el plazo, el interés de demora legal no es el ordinario: el artículo 7.2 lo fija en «la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales». Y hay una partida que mucha gente no reclama por desconocerla: según el artículo 8.1, «el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal», además de los demás costes de cobro que acredites.