Artículo 103. Principios de actuación de la Administración Pública y estatuto de la función pública.

Qué regula

El art. 103 CE define el marco constitucional de la Administración Pública. El apartado 1 fija su función esencial —servir con objetividad los intereses generales— y los principios organizativos que deben regirla: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, todos ellos subordinados al sometimiento pleno a la ley y al Derecho, es decir, al principio de legalidad administrativa en su formulación más amplia. El apartado 2 remite a la ley la creación, ordenación y coordinación de los órganos administrativos del Estado, vinculando la potestad de autoorganización administrativa a la reserva de ley. El apartado 3 encomienda a la ley regular el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública conforme a los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del derecho de sindicación de los funcionarios, el régimen de incompatibilidades y las garantías de imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

Cómo se aplica en la práctica

Los principios de mérito y capacidad del apartado 3 son la base constitucional para anular convocatorias de empleo público, oposiciones o concursos que incluyan requisitos ad hoc, bases diseñadas a medida de un candidato o valoraciones de méritos desproporcionadas frente a la prueba de conocimientos, así como para combatir la interinidad estructural en la Administración. El principio de objetividad e imparcialidad del apartado 1 fundamenta la abstención y recusación de autoridades y empleados públicos, y es el criterio con el que los tribunales de lo contencioso-administrativo controlan si una decisión discrecional se apartó de los intereses generales para servir a un interés particular, ilegítimo o de parte, lo que constituiría desviación de poder.

Errores frecuentes

Entender el sistema de incompatibilidades y las garantías de imparcialidad del apartado 3 como aplicables solo a los altos cargos: alcanzan a cualquier funcionario o empleado público en el ejercicio de funciones que puedan verse comprometidas por intereses privados concurrentes. Otro error frecuente es confundir la reserva de ley del art. 103.2 y 103.3 CE, referida a la organización administrativa y al estatuto funcionarial, con una prohibición absoluta de regulación reglamentaria: el reglamento puede desarrollar la ley, pero no puede suplantarla en los aspectos que la Constitución reserva a norma con rango legal.