Artículo 14. Igualdad ante la ley y prohibición de discriminación.

Qué regula

El art. 14 CE reconoce el derecho a la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por los motivos que enumera —nacimiento, raza, sexo, religión, opinión— y, mediante la cláusula abierta final, por cualquier otra condición o circunstancia personal o social, lo que permite incorporar motivos no previstos expresamente en 1978, como la orientación sexual, la identidad de género o la discapacidad. Es un derecho de aplicación relacional: no protege frente a cualquier trato distinto, sino frente a las diferencias de trato que carecen de justificación objetiva y razonable, o que resultan desproporcionadas respecto de la finalidad perseguida. Se sitúa en la Sección primera del Capítulo II, lo que le da acceso al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional a través del art. 53.2 CE.

Cómo se aplica en la práctica

Es el precepto que sustenta las impugnaciones frente a convenios colectivos, bases de convocatorias públicas, baremos o normas que establezcan diferencias de trato entre personas o colectivos en situación comparable sin justificación suficiente; la jurisprudencia constitucional distingue entre discriminación por los motivos expresamente prohibidos, sujeta a un canon de control muy estricto, y desigualdad de trato general, sometida a un juicio de razonabilidad más flexible. Es también la base de la llamada discriminación indirecta, en la que una medida formalmente neutra perjudica de hecho y de forma desproporcionada a un colectivo protegido, y del reconocimiento jurisprudencial de que ciertas medidas de acción positiva a favor de colectivos históricamente discriminados no vulneran el art. 14 CE, sino que lo desarrollan en conexión con el art. 9.2 CE.

Errores frecuentes

Invocar el art. 14 CE frente a cualquier diferencia de trato, sin acreditar un término de comparación válido: para apreciar la vulneración es necesario identificar una situación sustancialmente igual tratada de forma distinta y sin justificación objetiva. Otro error habitual es confundir la igualdad ante la ley del art. 14 CE, que opera sobre todo frente al legislador y a la aplicación de la norma, con la igualdad material del art. 9.2 CE, que impone un mandato de acción a los poderes públicos para remover obstáculos, siendo este último un principio rector y no un derecho fundamental autónomo con el mismo nivel de tutela.