Artículo 31. Deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos y principios del sistema tributario.

Qué regula

El art. 31 CE es la norma matriz del Derecho tributario español. El apartado 1 impone a todos, no solo a los nacionales, el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, y condiciona ese deber a varios principios materiales: capacidad económica, como criterio de reparto de la carga tributaria; igualdad y progresividad, que exigen que quienes tengan mayor capacidad contribuyan proporcionalmente más; y el límite de la no confiscatoriedad, que prohíbe que el sistema tributario, considerado en su conjunto, agote la riqueza gravada. El apartado 2 traslada esas exigencias al gasto público, que debe asignarse de forma equitativa y ejecutarse conforme a criterios de eficiencia y economía. El apartado 3 establece una reserva de ley para cualquier prestación personal o patrimonial de carácter público, lo que incluye tanto los tributos como otras cargas no tributarias impuestas coactivamente por los poderes públicos.

Cómo se aplica en la práctica

El principio de capacidad económica del art. 31.1 CE es el argumento central para impugnar tributos que graven riqueza inexistente o ficticia, como ha ocurrido con la plusvalía municipal, cuyos preceptos reguladores fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional: la STC 59/2017 para los supuestos en que no existe incremento real del valor del terreno, y la STC 182/2021, que anuló el método objetivo de determinación de la base imponible por gravar una capacidad económica ficticia. El principio de reserva de ley del apartado 3 exige que los elementos esenciales de cualquier tributo, especialmente el hecho imponible y los sujetos obligados, se fijen por ley, de modo que una tasa o exacción creada solo por norma reglamentaria sin habilitación legal suficiente resulta impugnable. El límite de no confiscatoriedad se invoca frente a tipos impositivos marginales combinados que absorban de facto la totalidad de la renta o el patrimonio gravado.

Errores frecuentes

Alegar la no confiscatoriedad del art. 31.1 CE sin tener en cuenta su literal: es el sistema tributario el que «en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». Sobre un impuesto concreto, la STC 126/2019 declaró inconstitucional el art. 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (plusvalía municipal), por vulnerar el principio de capacidad económica y la prohibición de confiscatoriedad, en los supuestos en que la cuota a pagar es superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente. Otro error frecuente es extender la reserva de ley del art. 31.3 CE a cualquier elemento de la relación tributaria, incluidos los aspectos de gestión y procedimiento, cuando en realidad se proyecta con mayor intensidad sobre los elementos que determinan la existencia y cuantía de la obligación tributaria.