Artículo 33. Derecho a la propiedad privada y a la herencia; función social y expropiación forzosa.

Qué regula

El art. 33 CE reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, pero lo hace con una configuración marcadamente distinta de la propiedad liberal decimonónica. El apartado 2 introduce la función social como elemento delimitador del propio contenido del derecho, no como límite externo añadido: la ley puede definir facultades y deberes distintos según el tipo de bien (no es lo mismo el contenido de la propiedad urbana sujeta a planeamiento que el de un bien mueble ordinario), de modo que el propietario asume obligaciones positivas vinculadas al interés general. El apartado 3 regula la expropiación forzosa: nadie puede ser privado de sus bienes y derechos salvo por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y con arreglo a lo dispuesto por las leyes, lo que exige un procedimiento legalmente tasado, declaración formal de la causa expropiandi y pago de un justiprecio.

Cómo se aplica en la práctica

El art. 33.3 CE es el fundamento para impugnar expropiaciones en las que falte una causa de utilidad pública o interés social real, se omita el procedimiento legal o el justiprecio fijado no sea equivalente al valor del bien, y también sustenta la doctrina de la expropiación de facto o vía de hecho, cuando la Administración ocupa un bien sin seguir el procedimiento expropiatorio. El art. 33.2 CE se invoca para justificar limitaciones urbanísticas, medioambientales o sectoriales al uso de la propiedad que no requieren indemnización, por formar parte de la delimitación legal del contenido del derecho, a diferencia de la privación singular que sí exige indemnizar conforme al apartado 3. La confiscación de bienes, distinta de la expropiación por carecer de indemnización, está expresamente prohibida como pena en el art. 33.3 CE en relación con el art. 128 del Código Penal.

Errores frecuentes

Confundir la delimitación legal del contenido de la propiedad por su función social, que no genera derecho a indemnización, con la privación singular de bienes o derechos, que sí la exige: la frontera entre ambas figuras es a menudo litigiosa, especialmente en materia urbanística, cuando una reclasificación de suelo reduce drásticamente su aprovechamiento. Otro error habitual es reclamar la indemnización expropiatoria sin haber agotado la vía de fijación del justiprecio prevista legalmente, o pretender aplicar el art. 33.3 CE a supuestos de responsabilidad patrimonial de la Administración, que se rige por el art. 106.2 CE y responde a una lógica distinta, la del funcionamiento de los servicios públicos.