Artículo 39. Protección de la familia y de los hijos; deberes de asistencia de los padres.

Qué regula

El art. 39 CE, situado entre los principios rectores de la política social y económica del Capítulo III, impone a los poderes públicos el deber de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Su apartado 2 es la norma que rompió con el régimen preconstitucional de discriminación por razón de filiación: proclama la igualdad de los hijos ante la ley con independencia de que sean matrimoniales o extramatrimoniales, y la protección de las madres cualquiera que sea su estado civil, además de encomendar a la ley posibilitar la investigación de la paternidad, superando así la prohibición histórica de indagar la filiación no reconocida. El apartado 3 impone a los padres el deber de prestar asistencia de todo orden a los hijos, tanto habidos dentro como fuera del matrimonio, durante la minoría de edad y en los demás casos legalmente procedentes, como los alimentos a hijos mayores de edad que los necesiten. El apartado 4 remite la protección de los menores a los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.

Cómo se aplica en la práctica

El art. 39.2 CE fue la palanca constitucional que forzó la reforma del Código Civil de 1981 para equiparar plenamente la filiación matrimonial y no matrimonial, eliminando categorías como «hijo legítimo» o «ilegítimo», y sigue siendo el fundamento invocado en procesos de reclamación o impugnación de la filiación y en acciones de investigación de la paternidad, incluida la prueba biológica. El art. 39.3 CE se cita como base constitucional del deber de alimentos entre padres e hijos regulado en el Código Civil, y el art. 39.4 CE opera como puerta de entrada de estándares internacionales, en particular la Convención de los Derechos del Niño, en la interpretación de las normas españolas de protección de menores, incluido el principio del interés superior del menor.

Errores frecuentes

Interpretar el art. 39 CE como fuente de derechos subjetivos directamente exigibles ante los tribunales al margen de su desarrollo legal: como principio rector del Capítulo III, conforme al art. 53.3 CE, informa la legislación y la actuación de los poderes públicos, pero solo puede alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Otro error es limitar la «protección de la familia» del apartado 1 a la familia matrimonial tradicional: la jurisprudencia constitucional ha extendido su alcance a otras formas de convivencia familiar reconocidas por el ordenamiento.