Artículo 38. Ejecutividad.

Qué regula

El art. 38 LPAC enuncia, en un único precepto muy breve, el principio de ejecutividad de los actos administrativos: los actos sujetos a Derecho Administrativo son ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la propia ley. Es una norma de remisión que consagra la regla general y se completa con la presunción de validez y eficacia del art. 39 y con el régimen de ejecución forzosa de los arts. 97 y siguientes de la misma ley.

Cómo se aplica en la práctica

Este artículo es la base normativa de la llamada autotutela ejecutiva de la Administración: a diferencia de un particular, que necesita acudir a un juez para ejecutar coactivamente sus derechos frente a otro, la Administración puede llevar a efecto directamente sus propios actos sin autorización judicial previa. Para el ciudadano o la empresa destinataria de un acto administrativo (una liquidación tributaria, una orden de cese de actividad, una sanción), esto significa que el acto se cumple y despliega efectos desde que se dicta, salvo que la propia ley disponga otra cosa o se acuerde su suspensión.

Errores frecuentes

Se confunde con frecuencia "ejecutividad" (la aptitud del acto para producir efectos jurídicos y ser cumplido) con "ejecución forzosa" o "ejecutoriedad" (la potestad de la Administración de imponer coactivamente ese cumplimiento cuando el interesado no colabora, regulada en los arts. 99 a 104 LPAC), que son conceptos distintos aunque relacionados. También es un error habitual pensar que la mera interposición de un recurso administrativo o contencioso-administrativo suspende automáticamente la ejecutividad del acto recurrido: la regla general (art. 117 LPAC) es justamente la contraria, y la suspensión solo se produce si se solicita y se acuerda expresamente como medida cautelar.