Sanción tributaria

El castigo por una infracción tributaria, distinto de la deuda y de los recargos

Resumen rápido: La sanción tributaria es la consecuencia punitiva que la ley anuda a la comisión de una infracción tributaria, entendida como la acción u omisión dolosa o culposa con cualquier grado de negligencia que esté tipificada y sancionada como tal en una ley (artículo 183 de la Ley General Tributaria).

Definición flash: Castigo que la ley impone por cometer una infracción tributaria; suele ser multa fija o proporcional y exige una conducta culpable.

Etiqueta lingüística

De sanción, que en el lenguaje jurídico general designa tanto la aprobación de una norma como el castigo por incumplirla; aquí es siempre lo segundo. En la práctica administrativa se habla indistintamente de «multa» y «sanción», aunque la multa es solo una de las formas que la sanción puede adoptar. Conviene también separar infracción —la conducta— de sanción —la consecuencia—, dos palabras que el lenguaje corriente funde y que la ley regula por separado.

Definición técnica

El artículo 178 de la Ley General Tributaria somete la potestad sancionadora tributaria a los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y no concurrencia, con aplicación general del principio de irretroactividad. No basta, por tanto, con que haya dejado de ingresarse una cantidad: hace falta una conducta tipificada y culpable.

El artículo 179 desarrolla ese principio de responsabilidad y enumera supuestos en que la conducta no da lugar a responsabilidad: entre ellos, la fuerza mayor y —el de mayor peso práctico— haber puesto la diligencia necesaria, que se entiende concurrente cuando el obligado actuó amparándose en una interpretación razonable de la norma o ajustó su actuación a los criterios manifestados por la Administración en sus publicaciones y comunicaciones escritas. El apartado 3 añade que quien regulariza voluntariamente su situación antes de cualquier actuación administrativa no incurre en responsabilidad por las infracciones cometidas con ocasión de las declaraciones regularizadas, sin perjuicio de los recargos del artículo 27.

Aplicación práctica

En la práctica, la defensa frente a una propuesta de sanción rara vez discute la cifra: discute la culpabilidad. La Administración debe motivar por qué la conducta es culpable, y no vale deducirlo del mero resultado de la regularización. Por eso la vía más frecuente es acreditar que existía una interpretación razonable de la norma o que se siguieron criterios administrativos publicados.

La segunda decisión relevante es económica y tiene plazo: el artículo 188 prevé reducciones importantes por conformidad y por pronto pago, pero decaen si se recurre. Conformarse abarata y cierra; recurrir mantiene abierta la discusión y el importe íntegro. Es una elección que conviene tomar con el expediente delante y antes de que venza el plazo.

Conviene detenerse en la reducción del 40 por ciento del apartado 3 de ese artículo 188, porque se cita a menudo como descuento por pronto pago y no es automática. Se calcula sobre el importe que quede por ingresar una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad, y la ley la condiciona a dos circunstancias que deben darse a la vez: que se ingrese la totalidad del importe restante en el plazo del apartado 2 del artículo 62 —o en los plazos de un aplazamiento o fraccionamiento concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución, solicitado antes de que venza aquel plazo—, y que no se interponga recurso ni reclamación contra la liquidación ni contra la sanción. Si después se recurre en plazo, la reducción practicada se exige de vuelta con la simple notificación al interesado. Además, esta reducción no se aplica a las sanciones que procedan en supuestos de actas con acuerdo. Dicho de otro modo: pagar pronto no basta por sí solo, y reclamar cuesta el 40 por ciento.

Contexto legal en España

El concepto y las clases de infracción están en el artículo 183 de la Ley General Tributaria y las clases de sanción en el artículo 185. Los principios de la potestad sancionadora se recogen en el artículo 178 y las causas de exclusión de responsabilidad en el artículo 179. Las reducciones de la cuantía se regulan en el artículo 188, cuyos apartados 1 y 3 tienen la redacción dada por la Ley 11/2021, de 9 de julio. Cada infracción concreta y su sanción se tipifican en los artículos siguientes de la propia ley o en la ley del tributo. La materia sancionadora se separa del delito contra la Hacienda pública, que corresponde a la jurisdicción penal.

Normas clave a tener en cuenta

Qué no es / diferencias clave

Recargo por declaración extemporánea: El recargo del artículo 27 es una prestación accesoria que se devenga por presentar fuera de plazo SIN requerimiento previo, y el propio precepto dice que excluye las sanciones que hubieran podido exigirse. La sanción castiga una conducta culpable tras un procedimiento sancionador. Llegar tarde por iniciativa propia no es lo mismo que ser sancionado.
Interés de demora: El interés compensa a la Hacienda pública por el tiempo que no dispuso del dinero y se calcula por el retraso; no tiene finalidad de castigo ni exige culpabilidad. La sanción sí presupone una conducta tipificada y culpable, y se impone en un procedimiento separado.
Deuda tributaria: La deuda es lo que se debía haber ingresado conforme al tributo. La sanción es un castigo añadido por la forma en que se incumplió. Se pueden discutir por separado: cabe aceptar la regularización de la deuda y combatir la sanción por falta de culpabilidad.
Delito contra la Hacienda pública: La infracción tributaria se sanciona en vía administrativa por la Administración. El delito fiscal es materia penal, lo juzga un tribunal y sus consecuencias son de otro orden. Cuando los hechos pueden ser constitutivos de delito, el asunto sale de la vía administrativa.

Términos relacionados

Dato de autoridad

El artículo 179 de la Ley General Tributaria excluye la responsabilidad por infracción tributaria cuando se ha puesto la diligencia necesaria, y precisa que se entiende puesta, entre otros supuestos, cuando el obligado actuó amparándose en una interpretación razonable de la norma o ajustó su actuación a los criterios manifestados por la Administración en sus publicaciones y comunicaciones escritas. No todo error acaba, por tanto, en sanción.

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Preguntas frecuentes sobre sanción tributaria

¿Qué es una sanción tributaria?

Es el castigo que la ley impone por cometer una infracción tributaria, es decir, una acción u omisión dolosa o culposa con cualquier grado de negligencia tipificada y sancionada en una ley. Consiste en multa pecuniaria, fija o proporcional, y en su caso en sanciones accesorias.

¿Toda regularización acaba en sanción?

No. Sancionar exige una conducta culpable, y el artículo 179 de la Ley General Tributaria excluye la responsabilidad cuando se puso la diligencia necesaria, por ejemplo al actuar amparándose en una interpretación razonable de la norma o en criterios publicados por la Administración.

¿Cuánto se reduce la sanción si me conformo?

El artículo 188 de la Ley General Tributaria prevé una reducción del 30 por ciento en los supuestos de conformidad y del 65 por ciento en las actas con acuerdo. Ambas se exigen de vuelta si después se recurre la regularización o la sanción.

Autoría y revisión editorial

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