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La segunda oportunidad permite a una persona física insolvente quedar liberada de las deudas que no puede pagar, siempre que sea deudor de buena fe. Se pide por dos vías: con un plan de pagos o con liquidación del patrimonio. No se exoneran, entre otras, las deudas por alimentos ni las derivadas de delito, y los avalistas siguen obligados.
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La llamada segunda oportunidad es la exoneración del pasivo insatisfecho: el mecanismo por el que una persona física que no puede pagar sus deudas queda liberada de ellas. Puede pedirla el deudor persona natural, sea o no empresario, siempre que sea deudor de buena fe, y por dos vías: con un plan de pagos sin liquidar previamente su patrimonio, o con liquidación de la masa activa.
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El procedimiento se sigue ante el juez del concurso y gira en torno a un requisito que la ley repite: la buena fe del deudor. La propia norma detalla en qué casos no cabe la exoneración, con supuestos tasados que se comprueban antes de nada.
El efecto es amplio pero no absoluto. La exoneración alcanza a la totalidad de las deudas insatisfechas salvo las que la ley excluye expresamente, y esa lista es la que decide si el procedimiento le sirve a cada persona: quedan fuera, entre otras, las deudas por responsabilidad civil extracontractual por muerte o daños personales, las indemnizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional, la responsabilidad civil derivada de delito, los alimentos y determinados salarios.
La exoneración tampoco es irreversible: la ley enumera los supuestos en que se revoca. Por eso conviene entrar con el mapa completo delante —qué deudas se cancelan, cuáles no y qué obligaciones quedan después—, y no solo con la cifra total.
Aquí lo que ordena el asunto no es un plazo largo sino los hitos del procedimiento y, sobre todo, el mapa de deudas. Hay un plazo breve que conviene no perder: en los casos de concurso sin masa en los que no se hubiera acordado la liquidación, la solicitud de exoneración se presenta dentro de los diez días siguientes al momento que fija la ley. Lo demás depende de la vía elegida y del plan de pagos que en su caso se apruebe. Ninguna de estas reglas sustituye al examen del caso: qué deudas hay, de qué clase y desde cuándo.
| Actuación | Plazo |
|---|---|
| Solicitud de exoneración en concurso sin masa en que no se acordó la liquidación | 10 días desde el momento que fija la leyart. 501.1 TRLC (se abre en una pestaña nueva) |
| Quién puede pedirla | El deudor persona natural, sea o no empresario, siempre que sea deudor de buena feart. 486 TRLC (se abre en una pestaña nueva) |
| Alcance de la exoneración | La totalidad de las deudas insatisfechas, salvo las expresamente excluidas por la leyart. 489 TRLC (se abre en una pestaña nueva) |
Es un procedimiento judicial y tiene los costes de uno: abogado y procurador, más los gastos propios del concurso. La cuenta que importa hacer al principio es otra, y es sencilla: cuánto se puede llegar a exonerar frente a lo que cuesta intentarlo, teniendo en cuenta que hay deudas que quedan fuera del alcance de la exoneración y que ésas se seguirán debiendo. Antes de descartarlo por precio conviene comprobar el acceso a la asistencia jurídica gratuita, que en este ámbito tiene reglas propias y puede cubrir el procedimiento entero para quien reúna los requisitos.
Los importes son orientativos y varían según el caso, la complejidad y el despacho. No constituyen una tarifa ni una oferta.
El deudor persona natural, sea o no empresario, siempre que sea deudor de buena fe. La ley regula además los supuestos en que la exoneración no puede obtenerse.
No. Se extiende a la totalidad de las insatisfechas salvo las excluidas por la ley: entre otras, la responsabilidad civil por muerte o daños personales, las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional, la responsabilidad civil derivada de delito, los alimentos y determinados salarios.
Depende de la vía: cabe la exoneración con un plan de pagos y sin previa liquidación del patrimonio, o con liquidación de la masa activa. Es la primera decisión del expediente.
La ley regula expresamente los efectos de la exoneración sobre los obligados solidarios, fiadores y avalistas: no es automático que se beneficien.
La ley enumera supuestos de revocación de la exoneración concedida, así que conviene conocer sus condiciones antes de solicitarla.
Palabras que aparecen en esta página y que conviene tener claras antes de una primera consulta.
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Quien acude a la segunda oportunidad suele venir sin dinero para pagar el propio procedimiento, así que esta es de las primeras cosas que hay que mirar. La regla general reconoce el derecho a las personas físicas que cumplen dos condiciones a la vez, no una: carecer de patrimonio suficiente y no superar unos umbrales de ingresos brutos anuales, computados por todos los conceptos y por unidad familiar. Quien tiene ingresos bajos pero patrimonio suficiente no cumple el requisito, y es un caso más frecuente de lo que parece cuando queda una vivienda en el patrimonio. La ley no fija esos umbrales en euros, sino en múltiplos del IPREM —el indicador público de renta de efectos múltiples— vigente el día en que se presenta la solicitud: dos veces si no estás integrado en ninguna unidad familiar, dos veces y media si tu unidad familiar tiene menos de cuatro miembros, y el triple a partir de cuatro miembros o si tiene reconocida la condición de familia numerosa. Como el IPREM se fija cada año, la cifra concreta hay que mirarla el día que se pide y no fiarse de la del año pasado. Además de esa regla general, la ley reconoce el derecho en el ámbito concursal, para todos los trámites del procedimiento especial, a los deudores personas físicas o jurídicas que tengan la consideración de microempresa conforme al texto refundido de la Ley Concursal y a los que se aplique el procedimiento especial de su libro tercero, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar: si eres autónomo, conviene comprobar si tu caso entra por ahí. Reconocido el derecho, cubre el asesoramiento previo al proceso, la defensa y la representación, y la exención de tasas y depósitos. Sobre las costas: si la condena es a tu favor, las abona la parte contraria; si es contra ti, tener el derecho reconocido no significa siempre no pagar nada, porque la ley regula ese caso aparte.
Dónde se pide. En el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar donde esté el juzgado que ha de conocer del asunto, o en el juzgado de tu domicilio, que dará traslado de la petición al colegio competente. Puede presentarse por cualquier medio, incluidos los electrónicos, y hay que indicar qué prestaciones pides. Si son varios los que litigan, cada uno debe pedirlo por separado.
Base legal: Artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (se abre en una pestaña nueva). Los umbrales se actualizan cada año: confirma el importe vigente en el Colegio de Abogados que te corresponda.
Información general con fines divulgativos. No sustituye al asesoramiento jurídico de un abogado sobre tu caso concreto.