
Siete áreas en Santander: penal, mercantil, seguros, inmobiliario y familia.
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Si la aseguradora rechaza el siniestro, rebaja la indemnización, te opone una cláusula que no recuerdas haber aceptado o sencillamente no paga, el asunto se decide en tres momentos: qué se declaró al contratar, qué dicen las condiciones y cómo se ha comportado la compañía desde que ocurrió el siniestro. Aquí encontrarás cómo se discute cada uno de ellos, qué ocurre cuando el pago se retrasa, qué puede reclamar un tercero perjudicado y los despachos especializados de tu provincia.
Ver los despachos especializadosLos errores que abaratan la indemnización
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El contrato de seguro obliga al asegurador, mediante el cobro de una prima, a indemnizar dentro de los límites pactados el daño producido al asegurado o a satisfacer la prestación convenida cuando ocurre el hecho previsto. Los conflictos casi siempre giran en torno a tres momentos: qué se declaró al contratar, qué dicen las condiciones generales y qué pasa cuando la aseguradora se retrasa o niega el pago.
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El orden de los despachos es aleatorio y cambia en cada visita — no indica preferencia ni ranking.

Siete áreas en Santander: penal, mercantil, seguros, inmobiliario y familia.

Once áreas y abierto desde 1975 en Segovia: penal, civil y laboral.

Penal, seguros y tráfico en Ceuta, con unos 25 años de trayectoria.

Segunda oportunidad y concursal en Albacete, también penal y familia.

24 áreas desde 2001 en Alcobendas: laboral, despidos y seguros.
La ley protege al asegurado desde la propia redacción del contrato: las condiciones generales no pueden ser lesivas para el asegurado, deben incluirse en la póliza y las cláusulas limitativas de sus derechos han de destacarse de modo especial y ser específicamente aceptadas por escrito. Ese requisito de forma decide muchos asuntos, porque una limitación no destacada ni aceptada no puede oponerse al asegurado.
Al contratar, el tomador tiene el deber de declarar el riesgo conforme al cuestionario que le someta el asegurador. Y producido el siniestro, el asegurador está obligado a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones necesarias, con el deber de anticipar el importe mínimo de lo que pueda deber.
El artículo veinte es la pieza que más pesa en la negociación: si el asegurador incurre en mora, la indemnización de daños y perjuicios se ajusta a las reglas que ese artículo establece, y afecta tanto a la mora frente al tomador o asegurado como, en el seguro de responsabilidad civil, frente al tercero perjudicado.
En seguros el plazo que más pesa no es el de reclamar sino el del asegurador para pagar: la ley le obliga a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro, y a anticipar el importe mínimo de lo que pueda deber. Cuando ese deber se incumple entra en juego el régimen de mora del artículo veinte, que es el que da valor real a la reclamación. Los plazos de prescripción de la acción dependen del tipo de seguro, así que conviene fijarlos con la póliza delante y no por analogía con otro contrato.
| Actuación | Plazo |
|---|---|
| Pago de la indemnización por el asegurador | Al término de las investigaciones necesarias para establecer la existencia del siniestroart. 18 LCS (se abre en una pestaña nueva) |
| Anticipo del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber | Obligación legal del asegurador, no una concesiónart. 18 LCS (se abre en una pestaña nueva) |
| Mora del asegurador | La indemnización de daños y perjuicios se ajusta a las reglas del artículo veinte, también frente al tercero perjudicadoart. 20 LCS (se abre en una pestaña nueva) |
Reclamar a la aseguradora no cuesta dinero y es el paso previo obligado. Si la discrepancia es sobre la cuantía del daño, la ley abre en los seguros de daños la vía de la peritación contradictoria: cada parte asume el coste de su perito y el del tercero se reparte, lo que resulta más barato y bastante más rápido que un procedimiento judicial. Si hay que demandar se añaden, por regla general, abogado y procurador, y el retraso injustificado del asegurador tiene consecuencias económicas para él, lo que mejora la posición del asegurado en la negociación. Pregunta además si tu póliza incluye defensa jurídica: muchas la llevan y cubre honorarios que el asegurado cree estar pagando por su cuenta.
Los importes son orientativos y varían según el caso, la complejidad y el despacho. No constituyen una tarifa ni una oferta.
Las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado deben destacarse de modo especial y ser específicamente aceptadas por escrito. Si no lo fueron, ese es el primer punto de la reclamación.
Entra el régimen de mora del artículo veinte de la Ley de Contrato de Seguro, que ajusta la indemnización de daños y perjuicios a las reglas que ese artículo establece.
El deber del tomador se mide por el cuestionario que le sometió el asegurador. Sin cuestionario, o con uno genérico, el reproche pierde apoyo.
En el seguro de responsabilidad civil, la ley contempla la posición del tercero perjudicado, incluida a efectos de la mora del asegurador.
Sí: el asegurador debe anticipar el importe mínimo de lo que pueda deber, además de pagar al término de las investigaciones necesarias.
La ley reconoce al perjudicado y a sus herederos acción directa contra el asegurador para exigirle el cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a repetir contra el asegurado.
Palabras que aparecen en esta página y que conviene tener claras antes de una primera consulta.
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Criterios para decidir. Este portal no recomienda despachos concretos: los del listado están ordenados al azar en cada visita.
El asegurado que reclama como particular puede pedir el reconocimiento del derecho, y para obtenerlo hacen falta dos condiciones a la vez, no una: carecer de patrimonio suficiente y no superar los umbrales de ingresos brutos anuales, computados por todos los conceptos y por unidad familiar. La ley no los fija en euros, sino en múltiplos del IPREM vigente el día en que se presenta la solicitud, así que la cantidad concreta se comprueba ese día: dos veces el indicador para quien no está integrado en ninguna unidad familiar, dos veces y media si la unidad familiar tiene menos de cuatro miembros, y el triple a partir de cuatro miembros o con la condición de familia numerosa reconocida. Reconocido el derecho, cubre la defensa y la representación y la exención de tasas y de los depósitos necesarios para recurrir. Sobre la pericia conviene no hacerse una idea equivocada, porque en estos asuntos suele ser el gasto que frena la reclamación: la asistencia pericial gratuita la presta el personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales y, en su defecto, técnicos dependientes de las Administraciones públicas, y sólo de forma excepcional, cuando no existan técnicos en la materia y el juez lo acuerde en resolución motivada, un perito privado. El informe que se encargue por cuenta propia no está cubierto. Y antes de nada conviene comprobar otra cosa: muchas pólizas incluyen una cobertura de defensa jurídica que opera con independencia de los ingresos del asegurado.
Dónde se pide. En el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar donde esté el juzgado que haya de conocer del asunto, o en el juzgado del domicilio del solicitante, que dará traslado al colegio competente. La solicitud puede presentarse por cualquier medio, incluidos los electrónicos, y debe indicar qué prestaciones se solicitan.
Base legal: Artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (se abre en una pestaña nueva). Los umbrales se actualizan cada año: confirma el importe vigente en el Colegio de Abogados que te corresponda.
Información general con fines divulgativos. No sustituye al asesoramiento jurídico de un abogado sobre tu caso concreto.