Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
Vigente a fecha 2026-08-20
Aplicable en España — Ley del Procedimiento Administrativo Común LPAC (BOE-A-2015-10565).Citado en 2 páginas del portal
1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general.
El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa, siempre que no se refiera a las materias enumeradas en el párrafo anterior de este apartado.
2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 21 se sujetará al siguiente régimen:
a) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
4. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para resolver.
Qué regula
El art. 24 LPAC regula el silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. La regla general del apartado 1 es que el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada (silencio positivo), salvo que una norma con rango de ley, de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional establezca lo contrario. Frente a esa regla general, el propio apartado 1 tasa un conjunto de excepciones en que el silencio es siempre desestimatorio: derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio público o servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente, responsabilidad patrimonial, y procedimientos de impugnación de actos o revisión de oficio iniciados a instancia de parte (con la contraexcepción del doble silencio positivo en alzada). El apartado 2 distingue los efectos: la estimación por silencio equivale a todos los efectos a un acto administrativo finalizador, mientras que la desestimación por silencio solo abre la puerta al recurso. El apartado 3 limita lo que puede hacer después la Administración: si el silencio fue positivo, la resolución expresa posterior solo puede confirmarlo; si fue negativo, la Administración resuelve con total libertad. El apartado 4 regula la prueba del acto presunto, incluido el certificado acreditativo.
Cómo se aplica en la práctica
Antes de asumir que el silencio juega a su favor, el interesado o su abogado debe comprobar si el procedimiento concreto encaja en alguna de las excepciones tasadas del apartado 1: licencias sobre dominio público, actividades con impacto ambiental o reclamaciones de responsabilidad patrimonial nunca se ganan por silencio, por mucho que venza el plazo. Cuando el silencio sí es positivo, el interesado obtiene un verdadero acto administrativo, con el efecto práctico de que la Administración no puede después dejarlo sin efecto mediante una simple resolución tardía contraria: solo puede confirmarlo, y si quiere revertirlo tendrá que acudir a los cauces de revisión de oficio o de lesividad.
Errores frecuentes
Asumir que el silencio administrativo es siempre positivo por ser la regla general del apartado 1, sin comprobar la lista de excepciones tasadas del mismo apartado, que cubre materias muy frecuentes en la práctica (dominio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial). Otro error habitual es pensar que la Administración puede revocar libremente un acto ganado por silencio positivo dictando después una resolución en sentido contrario: el apartado 3.a) se lo impide, la resolución posterior solo puede ser confirmatoria. También se confunde este artículo, que regula procedimientos iniciados a solicitud del interesado, con el art. 25, que regula los iniciados de oficio y nunca produce silencio positivo.
¿Es siempre positivo el silencio administrativo cuando el procedimiento se inicia a instancia del interesado?
No. Es la regla general del art. 24.1 LPAC, pero el propio artículo tasa excepciones en que el silencio es desestimatorio: derecho de petición, transferencia de facultades sobre dominio público o servicio público, actividades con posible daño al medio ambiente, responsabilidad patrimonial, e impugnación de actos o revisión de oficio a instancia de parte.
¿Puede la Administración revocar libremente un acto ganado por silencio administrativo positivo?
No. Conforme al art. 24.3.a) LPAC, si el silencio fue estimatorio, la resolución expresa posterior solo puede ser confirmatoria de lo ya ganado por silencio; para dejarlo sin efecto la Administración debe acudir a los procedimientos de revisión de oficio o de declaración de lesividad.
¿Qué diferencia práctica hay entre silencio positivo y silencio negativo?
El silencio positivo tiene, a todos los efectos, la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento (art. 24.2 LPAC); el silencio negativo únicamente permite al interesado interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo que proceda, sin que exista un acto real detrás.
Términos del diccionario que lo citan
Información general con fines divulgativos. El texto vigente se coteja de forma mecánica con el texto consolidado del BOE (se abre en una pestaña nueva); no sustituye al asesoramiento de un abogado sobre tu caso concreto.