Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Vigente a fecha 2026-08-20
Aplicable en España — Ley de Régimen Jurídico del Sector Público LRJSP (BOE-A-2015-10566).Citado en 1 página del portal
1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.
3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.
4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites:
a) Alegaciones durante un plazo de quince días.
b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días.
c) Audiencia durante un plazo de diez días.
d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.
e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.
5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.
6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.
Qué regula
El art. 36 regula la exigencia de responsabilidad patrimonial a autoridades y personal al servicio de las Administraciones: el particular siempre reclama directamente a la Administración correspondiente, nunca al empleado o autoridad causante. Una vez indemnizado el lesionado, la Administración puede exigir de oficio en vía administrativa la responsabilidad de la autoridad o personal que actuó con dolo, culpa o negligencia graves, previa instrucción de un procedimiento, ponderando el resultado dañoso, el grado de culpabilidad y la responsabilidad profesional. La Administración puede instruir el mismo tipo de procedimiento cuando el daño lo sufra ella misma en sus bienes o derechos por esas mismas causas.
Cómo se aplica en la práctica
Protege al ciudadano, que nunca tiene que litigar contra el funcionario concreto sino siempre contra la Administración; es después, en vía interna, cuando esta puede repetir contra el responsable —solo si hubo dolo o culpa/negligencia graves, no basta la culpa leve—.
Errores frecuentes
Dirigir la reclamación de responsabilidad patrimonial directamente contra el funcionario o autoridad causante del daño en vez de contra la Administración: el art. 36.1 exige reclamar siempre a esta última, sin perjuicio de que después pueda repetir internamente contra el responsable.
¿Puede un ciudadano reclamar directamente al funcionario que causó el daño?
No: el art. 36.1 exige que la reclamación se dirija directamente a la Administración Pública correspondiente, nunca a la autoridad o empleado que causó el daño.
¿En qué casos puede la Administración repetir contra su propio personal tras indemnizar al lesionado?
Solo cuando el personal hubiera incurrido en dolo, culpa o negligencia graves, previa instrucción de un procedimiento que pondere el resultado dañoso, el grado de culpabilidad y la responsabilidad profesional, conforme al art. 36.2.
Términos del diccionario que lo citan
Información general con fines divulgativos. El texto vigente se coteja de forma mecánica con el texto consolidado del BOE (se abre en una pestaña nueva); no sustituye al asesoramiento de un abogado sobre tu caso concreto.