
Mercantil, mercado de valores y familia en Santander, desde 1994.
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Si vas a firmar un contrato de suministro, distribución o agencia, si la otra empresa incumple y hay que decidir entre exigir o resolver, o si necesitas acreditar un acuerdo del que sólo hay correos y pedidos, lo primero es saber qué reglas mandan en cada punto, porque no siempre son las mismas que entre particulares. Aquí encontrarás qué obliga en un contrato entre empresas, cómo se documenta un acuerdo para que sea exigible después, los errores que dejan una operación sin prueba y los despachos especializados en contratación mercantil de tu provincia.
Ver los despachos especializados en contratación mercantilErrores que dejan un acuerdo sin prueba
La contratación mercantil es la que se produce entre empresarios o por actos de comercio. No es un mundo aparte del derecho civil: en sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción, y en la capacidad de los contratantes, los contratos mercantiles se rigen por las reglas generales del Derecho común en todo lo que no establezcan expresamente el Código de Comercio o las leyes especiales. Saber cuál de los dos manda en cada punto es la mitad del trabajo.
Quien busca abogado ahora mismo no está comparando con calma: está en un apuro y elige a quien ve primero. Destacar tu despacho pone tu ficha arriba del todo en tu especialidad y ciudad, justo en el momento en que esa decisión se toma — más llamadas y más clientes reales, no solo más visitas.
Destacar no sustituye tu colegiación verificada — es visibilidad extra sobre una confianza que tu ficha ya tiene. Siempre marcada como contenido patrocinado, nunca mezclada con el orden natural.
El orden de los despachos es aleatorio y cambia en cada visita — no indica preferencia ni ranking.

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El Código de Comercio define quiénes son comerciantes y qué son actos de comercio, y fija una regla de libertad de forma que conviene tener presente: son válidos y producen obligación y acción los contratos mercantiles cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, con las excepciones que la propia ley señala. En la práctica eso significa que el problema no suele ser la validez, sino la prueba.
El propio Código impone además que los contratos de comercio se ejecuten y cumplan de buena fe, y regula figuras concretas como la compraventa mercantil, delimitando qué compraventas no se reputan mercantiles.
Alrededor del contrato está la obligación contable: todo empresario debe llevar una contabilidad ordenada y conservar los libros y la documentación durante el plazo que fija la ley. Esos libros son, en muchos pleitos, la prueba que decide.
En contratación mercantil el plazo que primero corre no es procesal: es el de pago. Entre empresas, a falta de pacto, son treinta días naturales desde la recepción de la mercancía o la prestación del servicio, y desde ahí el interés de demora y los costes de cobro. Después está la prescripción de la acción, que en las obligaciones personales sin plazo especial es de cinco años. Y una obligación que no es un plazo pero se comporta como tal: la de conservar los libros y la documentación durante el tiempo que fija el Código, porque pasado ese tiempo la prueba desaparece.
| Actuación | Plazo |
|---|---|
| Forma de los contratos mercantiles | Libertad de forma: son válidos cualquiera que sea la forma y el idioma, salvo las excepciones legalesart. 51 Código de Comercio (se abre en una pestaña nueva) |
| Conservación de libros y documentación del empresario | Durante el plazo que fija el Código de Comercioart. 30 Código de Comercio (se abre en una pestaña nueva) |
| Prescripción de las acciones personales sin plazo especial | 5 años desde que puede exigirse el cumplimientoart. 1964.2 CC (se abre en una pestaña nueva) |
| Plazo de pago entre empresas cuando no se pactó | 30 días naturales desde la recepción de la mercancía o la prestación del servicio; el proveedor debe hacer llegar la factura antes de que se cumplan 15 días naturales desde esa recepciónart. 4.1 Ley 3/2004 (se abre en una pestaña nueva) |
| Plazo de pago pactado entre empresas | Ampliable por pacto, pero nunca por encima de 60 días naturalesart. 4.3 Ley 3/2004 (se abre en una pestaña nueva) |
La revisión previa de un contrato se factura por horas o como precio cerrado por documento, y es el dinero mejor empleado de esta materia: discutir después una cláusula de resolución o de exclusividad cuesta un múltiplo de lo que habría costado redactarla bien. Cuando ya hay incumplimiento, el coste depende de la vía: reclamar por escrito no cuesta nada y suele ser obligado antes de nada, y a partir de ahí el gasto es el de un procedimiento con abogado y procurador. Si el contrato tiene cláusula de arbitraje, la cuenta cambia por completo y hay que contarlo antes de decidir: los honorarios de los árbitros y de la institución corren por cuenta de las partes. Y en los impagos entre empresas conviene calcular los intereses de demora que la ley reconoce, porque a menudo sostienen ellos solos la decisión de reclamar.
Los importes son orientativos y varían según el caso, la complejidad y el despacho. No constituyen una tarifa ni una oferta.
Son válidos y producen obligación y acción cualquiera que sea la forma y el idioma en que se celebren, con las excepciones que señala el Código. El problema no es la validez, es la prueba.
En sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción, y en la capacidad de los contratantes, los contratos mercantiles se rigen por las reglas generales del Derecho común en todo lo que no establezcan expresamente el Código de Comercio o las leyes especiales (art. 50 del Código de Comercio).
El Código obliga a conservar libros, correspondencia y documentación del negocio durante el plazo que fija: pasado ese tiempo, la prueba desaparece.
En las obligaciones recíprocas puedes escoger, y en los dos casos cabe pedir resarcimiento de daños e intereses. Es una decisión de estrategia.
No siempre: la ley de sociedades reserva a la junta general determinadas decisiones, entre ellas las que afectan a activos esenciales.
Palabras que aparecen en esta página y que conviene tener claras antes de una primera consulta.
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Criterios para decidir. Este portal no recomienda despachos concretos: los del listado están ordenados al azar en cada visita.
Entre empresas el beneficio rara vez procede, porque la ley reserva a las personas jurídicas un acceso muy estrecho —las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, las asociaciones declaradas de utilidad pública y las fundaciones inscritas— y una sociedad sólo lo alcanza en el ámbito concursal, para los trámites del procedimiento especial, si es microempresa, está en el procedimiento especial del libro tercero del texto refundido de la Ley Concursal y acredita insuficiencia de recursos para litigar. Quien sí puede pedirlo es el empresario individual, porque es persona física, con los requisitos generales de patrimonio e ingresos referidos al IPREM vigente el día de la solicitud. Merece la pena saber qué se ahorra exactamente, porque en un litigio contractual el gasto no es sólo el abogado. El derecho comprende la exención del pago de tasas judiciales y de los depósitos necesarios para interponer recursos, que es lo que en la práctica impide recurrir una sentencia adversa. Comprende además la reducción del ochenta por ciento de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales, y la misma reducción por notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, siempre que tengan relación directa con el proceso y los requiera el órgano judicial o sirvan para fundamentar la pretensión. Esas reducciones se convierten en gratuidad completa cuando el interesado acredita ingresos por debajo del IPREM. Es la parte que más se olvida al calcular si un pleito por un contrato incumplido resulta o no viable.
Dónde se pide. En el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar donde esté el juzgado de lo mercantil o de primera instancia que ha de conocer del asunto, o en el juzgado del propio domicilio, que dará traslado al colegio competente. Puede presentarse por cualquier medio, incluidos los electrónicos. La solicitud debe detallar las prestaciones que se piden, y puede formularse a los solos efectos de la exención de tasas y depósitos.
Base legal: Artículo 6, apartados 5, 8 y 9, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (se abre en una pestaña nueva). Los umbrales se actualizan cada año: confirma el importe vigente en el Colegio de Abogados que te corresponda.
Información general con fines divulgativos. No sustituye al asesoramiento jurídico de un abogado sobre tu caso concreto.