Abogados de Mercado de Valores

En qué consiste

La ley delimita su objeto y su ámbito de aplicación, y enumera los instrumentos financieros que quedan comprendidos en él, empezando por los valores negociables. También define qué son los servicios y actividades de inversión, que es lo que determina qué entidades quedan sujetas.

El bloque que más conflictos genera es el de las normas de conducta frente al cliente. La ley impone a las entidades un deber general de conocimiento del cliente y regula dos evaluaciones distintas: la de idoneidad, cuando se presta asesoramiento en materia de inversiones o gestión de carteras, y la de conveniencia, en los demás servicios, para la que la empresa debe solicitar información sobre los conocimientos y la experiencia del cliente.

La propia norma enumera además qué instrumentos tienen la consideración de no complejos, distinción que decide qué obligaciones de evaluación e información pesan sobre la entidad en cada contratación.

Cuándo necesitas un abogado de mercado de valores

• Le colocaron un producto financiero que no entendía y quiere reclamar.
• Es entidad y necesita revisar sus procedimientos de idoneidad y conveniencia.
• Discute si el servicio prestado fue asesoramiento o mera comercialización.
• Quiere saber si un instrumento se considera complejo o no.
• Le abren un expediente por incumplimiento de normas de conducta.

Cómo funciona el proceso

1. Determinar el servicio prestado. De ello depende la evaluación exigible: idoneidad en asesoramiento y gestión de carteras, conveniencia en los demás.
2. Revisar la documentación de la contratación. Test, información precontractual y órdenes: es la prueba de qué se evaluó y qué se explicó.
3. Calificar el instrumento. La ley enumera los que se consideran no complejos; el resto arrastra obligaciones adicionales.
4. Reclamación o defensa. Según se actúe como cliente o como entidad, con la norma vigente y no con la derogada.

Plazos

Lo que ordena este área no es un plazo sino una secuencia: primero se determina qué servicio se prestó, después qué evaluación era exigible y solo entonces se examina si se cumplió. Los plazos que sí corren son los de la reclamación civil correspondiente —singularmente la caducidad de la acción de nulidad por vicio del consentimiento— y los del procedimiento administrativo sancionador cuando interviene el supervisor. Conviene fijarlos con el contrato delante.

Costes orientativos

El coste se decide antes de reclamar, comparando lo que se puede recuperar con lo que cuesta recuperarlo. Estos asuntos se sostienen casi siempre sobre un informe pericial que analice el producto y cómo se comercializó, y ese informe tiene precio propio, se presupuesta aparte y se paga con independencia del resultado. A ello se suman abogado y procurador. Es habitual pactar una parte de los honorarios como porcentaje de lo que se recupere, lo que reparte el riesgo; conviene fijar por escrito sobre qué cantidad se calcula y qué ocurre si la entidad ofrece un acuerdo antes de la sentencia. Y pregunta por las costas en los dos sentidos: si la demanda se estima pueden compensar buena parte del gasto, y si se desestima el riesgo funciona igual pero en contra.

Los importes son orientativos y varían según el caso, la complejidad y el despacho. No constituyen una tarifa ni una oferta.

Documentación necesaria

• Contrato del producto y órdenes de compra y de venta, con sus fechas
• Test de idoneidad o de conveniencia realizado al cliente
• Documentación precontractual entregada: folleto, ficha del producto e información sobre riesgos
• Extractos periódicos de posición y de resultados
• Grabaciones, correos o mensajes con la persona que comercializó el producto
• Perfil inversor asignado por la entidad y su justificación
• Reclamación previa presentada ante el servicio de atención al cliente y su respuesta

Normativa aplicable

• Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (se abre en una pestaña nueva), art. 1
  Fija el objeto y el contenido de la ley.
• Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (se abre en una pestaña nueva), art. 2
  Enumera los instrumentos financieros comprendidos en el ámbito de la ley, empezando por los valores negociables.
• Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (se abre en una pestaña nueva), art. 3
  Delimita el ámbito de aplicación de las disposiciones de la ley.
• Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (se abre en una pestaña nueva), art. 125
  Define los servicios y actividades de inversión, que determinan qué entidades quedan sujetas y con qué obligaciones.
• Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (se abre en una pestaña nueva), art. 203
  Impone a las entidades el deber general de conocimiento del cliente.
• Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (se abre en una pestaña nueva), art. 204
  Cuando se presta asesoramiento en materia de inversiones o gestión de carteras, la empresa debe obtener la información necesaria para evaluar la idoneidad.
• Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (se abre en una pestaña nueva), art. 205
  En los servicios distintos del asesoramiento y la gestión de carteras, la empresa debe solicitar información sobre los conocimientos y la experiencia del cliente para evaluar la conveniencia.
• Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (se abre en una pestaña nueva), art. 208
  Enumera los instrumentos financieros que tienen la consideración de no complejos.
• Código Civil (se abre en una pestaña nueva), arts. 1265 y 1266
  Es nulo el consentimiento prestado por error, y el error solo invalida cuando recae sobre la sustancia o sobre las condiciones que motivaron el contrato.
• Código Civil (se abre en una pestaña nueva), art. 1301
  La acción de nulidad caduca a los cuatro años, contados desde la consumación del contrato en los casos de error o dolo.
• Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDLeg 1/2007) (se abre en una pestaña nueva), art. 80
  Exige que las cláusulas no negociadas individualmente sean concretas, claras y sencillas y de comprensión directa, control aplicable cuando el cliente es consumidor.

Preguntas frecuentes

Términos de mercado de valores explicados

Palabras que aparecen en esta página y que conviene tener claras antes de una primera consulta.

Errores frecuentes

Lo que más caro sale en mercado de valores, y por qué.

1. Citar la norma derogada. El texto refundido de 2015 fue derogado por la Ley 6/2023; los artículos no se corresponden y el número no se conserva.
2. Confundir asesoramiento con comercialización. De esa calificación depende qué evaluación era exigible.
3. No conservar el test ni la información precontractual. Es la prueba de qué se evaluó y qué se explicó.
4. Contar los cuatro años desde la firma. En error o dolo el plazo corre desde la consumación del contrato.

Qué no es

Confusiones que salen caras en mercado de valores: qué las distingue y qué cambia según cuál sea tu caso.

Casos típicos

Situaciones habituales y el camino que suelen seguir. Describen un itinerario general, no lo que va a pasar en tu caso.

1. A un cliente le colocan un producto financiero que no entendía. Lo que se examina no es si el producto era bueno, sino si la entidad evaluó lo que tenía que evaluar y con qué información. Es un asunto de prueba documental: lo que se firmó, lo que se explicó y lo que se preguntó antes de firmar.
2. Se discute si hubo asesoramiento o mera comercialización. No es una etiqueta: de esa calificación dependen las obligaciones que tenía la entidad y, por tanto, lo que se le puede reprochar. Suele decidirse con documentos que ya existen, no con impresiones.
3. Una entidad recibe un expediente por normas de conducta. El frente no es sólo la relación con el cliente: los procedimientos internos de idoneidad y conveniencia son lo primero que se revisa, y su documentación es lo que se acaba pidiendo.

La primera consulta

Qué llevar

• La orden de compra y el contrato del producto, con la fecha de la firma
• El test de idoneidad o de conveniencia que te hicieron, si lo conservas
• La documentación precontractual entregada: folleto, ficha del producto, información sobre riesgos
• Los extractos que muestren la evolución y las pérdidas
• Los correos o mensajes con quien te ofreció el producto

Qué te preguntarán

• Quién te ofreció el producto y qué te dijo que era
• Qué experiencia previa tenías en productos financieros
• Si te hicieron alguna prueba o cuestionario antes de firmar, y cuánto duró
• Si te explicaron qué podías perder, y con qué palabras
• Cuándo te diste cuenta del problema y qué hiciste entonces

Qué deberías preguntar tú

• Si lo que hubo fue asesoramiento o mera comercialización, y qué cambia eso
• Qué documentación precontractual debería existir y cuál falta
• Si mi perfil inversor justificaba ese producto
• Qué plazo tengo para reclamar y desde cuándo cuenta
• Si conviene reclamar primero a la entidad y al supervisor antes de demandar

Cómo elegir abogado de mercado de valores

Criterios para decidir. Este portal no recomienda despachos concretos: los del listado están ordenados al azar en cada visita.

Que pida toda la documentación precontractual antes de valorar

Estos asuntos se deciden con papeles que ya existen: lo que se firmó, lo que se explicó y lo que se preguntó. Una valoración hecha sin ellos es una impresión.

Que califique si hubo asesoramiento o mera comercialización

De esa calificación dependen las obligaciones que tenía la entidad y, por tanto, lo que se le puede reprochar. Es la primera pregunta, no una consecuencia.

Que conozca cómo funciona una entidad por dentro

Los procedimientos de idoneidad y conveniencia y su documentación interna son lo que acaba pidiéndose. Quien sabe qué existe sabe qué reclamar.

Justicia gratuita

El inversor particular que reclama por un producto mal colocado es persona física, así que a diferencia de una sociedad de inversión sí puede pedir el beneficio. Pero conviene mirar el requisito con cuidado, porque en esta materia decae por donde nadie espera. La ley exige dos condiciones a la vez, no una: carecer de patrimonio suficiente y no superar unos umbrales de ingresos brutos anuales, computados por todos los conceptos y por unidad familiar, que se fijan en múltiplos del IPREM vigente el día en que se presenta la solicitud —dos veces para quien no está integrado en ninguna unidad familiar, dos veces y media si la unidad familiar tiene menos de cuatro miembros, y el triple a partir de cuatro miembros o con la condición de familia numerosa reconocida—. El patrimonio es un requisito autónomo, y la cartera de valores, los fondos y los depósitos son patrimonio aunque no generen ingresos ni puedan venderse sin pérdida. Una persona jubilada con ingresos modestos y el ahorro de toda su vida colocado en un producto que ahora no vale lo que le dijeron puede quedar fuera precisamente por ahí. Hay un matiz útil cuando el producto se contrató en común: si se acredita que en el litigio existen intereses familiares contrapuestos, los medios económicos se valoran individualmente y no por unidad familiar.

Dónde se pide. En el servicio de orientación jurídica del Colegio de Abogados del lugar donde esté el juzgado de primera instancia que ha de conocer de la demanda, o en el juzgado del propio domicilio, que dará traslado al colegio competente. Si varios titulares del mismo producto reclaman juntos, cada uno ha de solicitarlo por separado.

Base legal: Artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (se abre en una pestaña nueva). Los umbrales se actualizan cada año: confirma el importe vigente en el Colegio de Abogados que te corresponda.