Justicia gratuita: significado

De donde nace el derecho: el articulo 119 de la Constitucion

El fundamento esta en una sola frase de la Constitucion: la justicia sera gratuita cuando asi lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar (art. 119 CE).

Esa frase encierra dos planos distintos. El primero remite a la ley: hay supuestos en que la justicia es gratuita porque el legislador lo decide, al margen de los ingresos de quien litiga. El segundo no espera a nadie: quien acredita insuficiencia de recursos tiene derecho a litigar sin coste en todo caso, como manifestacion instrumental del derecho a la tutela judicial efectiva.

De ahi la diferencia entre los dos nombres que se usan como sinonimos. Justicia gratuita es el derecho constitucional; asistencia juridica gratuita es su desarrollo legal, el que concreta que prestaciones cubre y quien puede pedirlas. La Ley 1/1996 lo dice de forma expresa en su articulo 1: su objeto es determinar el contenido y alcance del derecho a la asistencia juridica gratuita al que se refiere el articulo 119 de la Constitucion, y regular el procedimiento para su reconocimiento y efectividad.

De oficio no significa peor

Conviene empezar por aquí porque el prejuicio hace que mucha gente renuncie a un derecho que le corresponde.

Los abogados del turno de oficio son profesionales colegiados en ejercicio que se inscriben en el turno y cumplen requisitos de formación y de años de experiencia establecidos por su colegio. Los mismos que llevan asuntos particulares.

Lo que cambia no es la cualificación ni el deber de diligencia, que es idéntico: cambia quién paga. El letrado percibe una retribución del sistema, y esa retribución es notoriamente baja, lo que sí puede afectar a la carga de asuntos que lleva cada uno.

Y hay un dato importante: la designación es del colegio, no se elige libremente al letrado, salvo que un abogado acepte actuar de oficio en ese asunto concreto.

Quién tiene derecho

El criterio general es el nivel de ingresos de la unidad familiar, medido con un indicador oficial y con límites que aumentan según el número de miembros. También se valora el patrimonio, no solo los ingresos: quien tiene rentas bajas pero un patrimonio relevante puede quedar excluido.

Hay además supuestos en los que se reconoce con independencia de los recursos, señaladamente las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata, y quienes sufren accidentes con secuelas permanentes graves, en los procedimientos relacionados con esa condición.

Y existe un reconocimiento excepcional que permite concederla, atendiendo a las circunstancias del caso, a quien supera ligeramente los umbrales pero se encuentra en una situación que lo justifica. Se pide y se motiva; no se aplica sola.

Qué cubre exactamente

No es solo el abogado, y esta es la parte que más se desconoce.

• Abogado y procurador designados por el colegio correspondiente
• Asesoramiento previo al procedimiento, para valorar si hay recorrido antes de pleitear, y, desde el 3 de abril de 2025, abogado en el medio adecuado de solución de controversias exigido antes de demandar, cuando en el proceso sería preceptivo o la otra parte lo lleve (artículo 6.11)
• Peritos de la Administración o, en su defecto, designados judicialmente
• Inserción de anuncios que resulten obligatorios en el procedimiento
• Exención de tasas y de depósitos para recurrir
• Copias, testimonios y documentos notariales, con las reducciones previstas
• Lo que no cubre son las costas de la parte contraria si se condena a pagarlas, con las particularidades que se explican abajo

El punto que hay que conocer antes de empezar

Es la letra pequeña, y se descubre demasiadas veces al final.

Si el beneficiario es condenado en costas y, durante los tres años siguientes al fin del proceso, mejora su situación económica (viene a mejor fortuna), queda obligado a pagar las costas de la parte contraria y a pagar las prestaciones que recibió gratuitamente.

Distinto es el caso más frecuente: ganar el pleito y cobrar. Si la sentencia no se pronuncia sobre costas, paga las de su propia defensa, pero nunca más de un tercio de lo obtenido (artículo 36.3 de la Ley 1/1996).

No es una trampa ni debe disuadir de solicitarlo: es un derecho a litigar sin poder pagar, no una exención definitiva. Pero conviene saberlo desde el principio y no descubrirlo cuando llega la reclamación.

Cómo se solicita y qué pasa mientras

La solicitud se presenta ante el servicio de orientación jurídica del colegio de abogados del lugar donde se vaya a tramitar el asunto, o en el juzgado. Hay que acompañar la documentación económica de toda la unidad familiar.

La resuelve una comisión de asistencia jurídica gratuita, y su decisión es recurrible. Mientras se tramita, el colegio puede hacer una designación provisional para que el asunto no se paralice, algo especialmente relevante cuando hay plazos corriendo.

Si finalmente se deniega, el interesado debe abonar los honorarios devengados. Por eso, cuando la situación es dudosa, conviene plantearlo desde el principio y no dar por segura la concesión.

Y una advertencia útil: presentar la solicitud puede interrumpir o suspender plazos en determinados supuestos, pero no en todos. No se debe asumir que pedirla congela el asunto.

Normas clave a tener en cuenta

• Constitución Española, artículo 119 (gratuidad de la justicia para quienes acrediten insuficiencia de recursos)
• Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita — artículo 1 (objeto de la Ley)
• Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita — artículo 2 (ámbito personal de aplicación)
• Articulo 6 de la Ley 1/1996 (contenido material del derecho)
• Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, artículo 36 (costas del beneficiario)