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Si necesitas saber qué plazo tienes para reclamar o para recurrir, ante qué órgano debes acudir, o te han notificado una resolución y no sabes qué hacer con ella, conviene mirar el procedimiento antes que el fondo: un derecho bien fundado se pierde por un plazo vencido o por una vía equivocada, y eso ya no se arregla después. Aquí encontrarás qué plazos corren, cómo se recurre y el despacho de tu provincia.
Ver el despachoQué plazos corren y qué cuesta
El Derecho Procesal es el conjunto de normas que regulan cómo se desarrolla un procedimiento judicial: quién puede acudir a los tribunales, ante qué órgano, con qué requisitos, cómo se prueban los hechos, cómo se dicta y se recurre la resolución y cómo se ejecuta lo decidido. No regula el fondo de los conflictos, sino el cauce por el que se resuelven.
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Es una materia transversal: no se contrata a un abogado «de lo procesal» del mismo modo que se acude a un penalista o a un laboralista, porque el procedimiento acompaña a todas las demás áreas. Pero su dominio decide muchos asuntos. Un derecho bien fundado se pierde si se ejercita fuera de plazo, ante el órgano equivocado o sin la prueba admisible en el momento oportuno.
Cada orden jurisdiccional —civil, penal, contencioso-administrativo y social— tiene su propia ley procesal y su propia lógica: plazos distintos, exigencias de postulación distintas y sistemas de recursos distintos. Lo que en un orden es un trámite subsanable, en otro puede ser un defecto insalvable.
Dos elementos concentran la mayoría de los problemas prácticos. El primero son los plazos de caducidad, que no se interrumpen y que una vez agotados hacen perder la acción de forma definitiva. El segundo es la prueba: su proposición tiene un momento procesal preciso, y lo que no se propuso entonces normalmente ya no puede aportarse después.
Hay cuatro momentos en los que un asunto se gana o se pierde por razones que no tienen que ver con el fondo.
El primero es la elección del orden y del órgano. Reclamar por vía civil lo que corresponde al orden social, o al contencioso-administrativo, conduce a que el tribunal se declare incompetente de oficio. No es un contratiempo menor: los plazos del orden social son de caducidad y corren deprisa, así que el tiempo perdido puede no recuperarse. Es la primera decisión y no admite ensayo.
El segundo es la contestación a la demanda. Lo que no se alega ahí, con carácter general, no puede alegarse después: ni en la audiencia previa, ni en el juicio, ni en el recurso. Y hay una excepción que cuesta asuntos enteros: la prescripción no se aprecia de oficio en el proceso civil. Un derecho prescrito por el que nadie alega prescripción se condena a pagar. Preparar la contestación es hacer inventario de todas las defensas posibles antes de escribir, porque es el único momento en que existen.
El tercero es la prueba. Su proposición tiene un momento preciso, y las diligencias finales solo cubren supuestos tasados: prueba admitida que no pudo practicarse por causa ajena, o hechos nuevos. No sirven para aportar lo que se olvidó. Si la prueba está en poder del contrario, hay que pedirla en su momento; si puede desaparecer, existe el aseguramiento de prueba; y si hace falta averiguar a quién demandar, las diligencias preliminares, que además interrumpen la prescripción.
El cuarto es la sentencia. Debe responder a lo pedido: ni más, ni menos, ni otra cosa. Cuando omite pronunciarse sobre alguna pretensión hay un remedio inmediato —solicitar su complemento en un plazo brevísimo— y no intentarlo puede impedir alegar después esa incongruencia en el recurso. Es un trámite de días que decide si el motivo llega vivo a la segunda instancia.
Y una advertencia sobre el coste. Recurrir no suspende: ni la ejecución de una sentencia, ni la de un acto administrativo. Si se necesita paralizar algo, hay que pedirlo expresamente y justificarlo. Quien recurre y espera puede ganar sobre algo que ya se ejecutó.
Los plazos de recurso son cortos y de cómputo estricto: cinco días para la reposición y veinte días para la apelación, contados desde la notificación de la resolución que se impugna. La declinatoria, que es el modo de discutir qué tribunal es competente, ha de proponerse dentro de los diez primeros días del plazo para contestar a la demanda, y su presentación suspende ese plazo y el curso del procedimiento hasta que se resuelve. Y ganar no detiene el reloj: la acción ejecutiva fundada en sentencia, en resolución arbitral o en acuerdo de mediación caduca si la demanda ejecutiva no se interpone dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la resolución.
Los costes procesales no se limitan a los honorarios del abogado: hay que contar con los derechos del procurador, los peritos, y en determinados supuestos las tasas judiciales, de las que están exentas las personas físicas. Un factor decisivo es la posible condena en costas a la parte vencida, que puede convertir un pleito de cuantía moderada en una operación arriesgada. Ese cálculo debe hacerse antes de demandar, no después de perder.
Los importes son orientativos y varían según el caso, la complejidad y el despacho. No constituyen una tarifa ni una oferta.
La prescripción admite interrupción: una reclamación fehaciente reinicia el cómputo del plazo. La caducidad no se interrumpe y transcurre de forma inexorable, de modo que agotado el plazo la acción se pierde definitivamente. Por eso, ante un plazo de caducidad, como el de impugnación de un despido, no basta con enviar un burofax: hay que presentar el escrito que corresponda.
Depende del orden jurisdiccional y de la cuantía o materia. Como regla general se exigen ambos en el proceso civil y en el contencioso-administrativo, mientras que en el orden social la comparecencia por uno mismo es posible en más supuestos. Existen excepciones en reclamaciones de cuantía reducida y en procedimientos específicos, que conviene comprobar en cada caso.
No. La ley determina qué resoluciones son recurribles y ante qué órgano, y establece límites según la cuantía o la materia, de modo que algunas resoluciones no admiten recurso ordinario. Además, cada recurso tiene su propio plazo y sus requisitos formales, cuyo incumplimiento provoca la inadmisión sin entrar en el fondo.
Solicitar la ejecución forzosa. El tribunal puede adoptar medidas como el embargo de cuentas, salarios o bienes, la anotación preventiva en registros públicos o la entrega de la cosa debida, hasta cubrir la cantidad reconocida más los intereses y las costas. La ejecución debe instarse dentro del plazo que la ley señala.
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Conviene separar dos cosas que suelen confundirse y que no son la misma: el abogado de oficio y la justicia gratuita. La designación de oficio te pone un profesional; el reconocimiento del derecho decide si además lo pagas tú. Se puede tener lo primero y tener que pagar, y se puede pedir el reconocimiento aunque ya tengas abogado de tu elección. El derecho se reconoce a quien reúne dos condiciones a la vez: carecer de patrimonio suficiente y no superar unos umbrales de ingresos brutos anuales por unidad familiar, fijados en múltiplos del IPREM vigente el día en que se presenta la solicitud y no en euros. La ley se aplica con carácter general a todo tipo de procesos judiciales, incluidos los recursos de amparo constitucional, y también al asesoramiento previo al proceso; la vía administrativa previa queda cubierta sólo cuando así lo establece la legislación específica. Reconocido, comprende ese asesoramiento previo, la defensa y la representación, la inserción gratuita de los anuncios o edictos que deban publicarse en periódicos oficiales, la exención de tasas y de los depósitos para recurrir, y la asistencia pericial a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales. Hay que indicar en la solicitud cuáles de esas prestaciones se piden.
Dónde se pide. En el Colegio de Abogados del lugar donde se halle el juzgado o tribunal que haya de conocer del proceso principal, o en el juzgado de tu domicilio, que dará traslado de la petición al colegio territorialmente competente. Puede presentarse por cualquier medio, incluidos los electrónicos. Si hay varios litigantes, cada uno debe instarlo individualmente.
Base legal: Artículo 12 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (se abre en una pestaña nueva). Los umbrales se actualizan cada año: confirma el importe vigente en el Colegio de Abogados que te corresponda.
Información general con fines divulgativos. No sustituye al asesoramiento jurídico de un abogado sobre tu caso concreto.
